Uno de los grupos que más activamente trabaja en la provincia contra el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), con media sanción de Diputados y que ahora se debate en el Senado de la Nación, salió a recaudar fondos para sostener sus actividades.

Se trata del grupo Red de Familias Entrerrianas, que protagonizado uno de las manifestaciones antiaborto más convocantes, el domingo 10 de junio, en la Costanera de Paraná, y que viene siendo el brazo político de la Iglesia en sostener públicamente las posturas pro vida. El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, ha convocado a participar de sus iniciativas, y le ha dado su apoyo al próximo “Festival por la Vida”, que tendrá lugar el domingo 29.

“A diferencia del lobby abortista, no recibimos fondos del Estado, ni de las empresas interesadas en la industria del aborto y la venta de órganos, tampoco de las multinacionales como IPPF, ni de los poderes financieros que buscan controlar la población”, dice la Red de Familias Entrerrianas en su página de Facebook.

“Nosotros somos simples familias, que todo lo hacemos con el sudor de nuestro trabajo y con la fuerza de la verdad-aseguran-. Por eso te pedimos, que si querés realizar un aporte, será más que bien recibido. Nuestra Patria esta en peligro de tomar el camino del genocidio, entre todos podemos frenarlo”.

Una de las espadas de la Red, Paola Guía, estuvo el martes último en el Senado, e hizo conocer su postura antiabortista ante los senadores que tratan el proyecto con media sanción de Diputados. “Esto es lo que yo les quería decir, señores senadores: si van a votar esta ley, sepan lo que están votando. Sepan que están votando la muerte de personas en el vientre de sus madres”, dijo entonces.

Entre los pro vida de la Red milita el médico cardiólogo César Pazo, con un oscuro antecedente en la Justicia.

El día 9 de agosto de 2011, MG, que pidió la interrupción de su embarazo amparándose en el apartado del Código Penal que la resguarda, pero su petición no fue atendida. En medio se interpuso Pazo, y MG siguió adelante con un embarazo que un comité de médicos del Hospital San Roque había catalogado de alto riesgo. Como consecuencia, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV).

MG fue a la Justicia para conseguir un resarcimiento económico. El juez Martín Furman le hizo lugar. En la historia clínica de MG , dice el expediente judicial, “obra un asiento, sin fecha” de la intervención de Pazo. ¿Por qué intervino y provocó que MG no accediera al aborto recomendado por el ateneo interdisciplinario del Hospital San Roque? El juez Furman entiende que su intervención fue “por motivos ideológicos y no estrictamente médicos”.

“Es importante recordar -sostiene el magistrado- que el aborto era legítimo porque se justificaba para proteger la salud y la vida de la mujer embarazada. Así, es claro que Pazo interfirió indebidamente en una decisión legítima que la paciente ya había tomado para proteger su salud y su vida, violando su derecho humano a gozar del más alto nivel posible de salud”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.