Lucy Grimalt asumirá este lunes al frente del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, área que estaba vacante desde la jubilación de su anterior responsable, Mónica Fasoni.

La ministra de Salud, Sonia Veláquez, hizo una apuesta fuerte en medio de una fuerte campaña de sectores integristas de la Iglesia y de agrupaciones antiabortistas que han lanzado una feroz campaña en las redes sociales para exigir que el Gobierno derogue el protocolo de actuación en casos de abortos no punibles, aprobado en agosto último y que responde a los lineamientos que fijara en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Grimalt forma parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ha sido diputada provincial y estuvo a cargo de la oficina local del Inadi

La incorporación de Grimalt se da en un momento particularmente sensible en la cartera sanitaria.

Aunque la ministra Velázquez consiguió el apoyo explícito de la oficina en Argentina de Amnistía Internacional respecto a la aprobación, en agosto último, de un protocolo de actuación en casos de aborto no punible en los hospitales públicos, medida que ha generado la abierta oposición de sectores integristas de la Iglesia Católica, de un grupo de  pastores evangélicos e, insólitamente, de cuatro diputados provinciales, tres de Cambiemos y uno del Frente para la Victoria.

En realidad, Amnistía inició una campaña de apoyo a la que se sumó una serie de organizaciones bajo el lema «Negar derechos es delito». En 2015, Amnistía había iniciado una campaña para solicitar la derogación del protocolo de aborto no punible aprobado en 2012 por el exministro de Salud, Hugo Cettour por no cumplir los parámetros que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La falta de aplicación de un protocolo de aborto no punible en los sistemas de salud provoca tragedias, literalmente.

En 2011, el caso de una mujer con problemas de salud a la que le negaron un aborto, conmovió el ámbito local y trascendió la provincia. El Estado entrerriano resolvió no otorgar el derecho de la mujer de interrumpir un embarazo de alto riesgo y la decisión fue parte de una larga historia.

La mujer fue obligada a continuar con el embarazo, dar a luz en un hospital de Buenos Aires, y como consecuencia de ello sufrió un ACV.

El caso represento al país en un informe de Amnesty International titulado “El Estado como ´aparato reproductor` de violencia contra las mujeres. Violencia contra las mujeres y tortura u otros malos tratos en ámbitos de salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe”.

“La historia de Mónica en Argentina” es el subtítulo del apartado que resume el caso de la mujer entrerriana. Relata que “Mónica –nombre de fantasía- padece una patología cardíaca congénita que le ocasiona varias complicaciones.

Producto de esta patología, Mónica sufrió cinco abortos espontáneos entre 1997 y 2005; en este último aborto, producido en el sexto mes de embarazo y dado los riesgos que cada embarazo significaban para su salud y su vida, el médico le indicó que se realizara una ligadura de trompas y ella estuvo de acuerdo.

Sin embargo, el día que la internaron para practicársela, el hospital público no la realizó porque, según su historia clínica, “el quirófano no estaba preparado” y fue dada de alta sin que la cita fuera reprogramada y sin ofrecerle ningún método anticonceptivo alternativo.

 

El caso estalló en medio de la gestión del exgobernador Sergio Urribarri, y cuando era ministro de Salud Ángel Giano.

El 15 de junio de 2011, Mónica, oriunda de María Grande, concurrió al Hospital San Roque, con un embarazo de diez semanas. Rápidamente, fue sometida a distintos estudios, y se conformó un comité de ética que el 4 de agosto de 2011 concluye en la necesidad de interrumpir el embarazo.

A esa conclusión llegó un comité interdisciplinario conformado por los médicos Miguel Coniglio (jefe del Servicio de Obstetricia), Marina Freijes (médica, del Servicio de Ginecología y Obstetricia), Mariano Leanza (médico tocoginecólogo), Fernando Olmedo (cardiólogo), Roberto Ruiz (jefe de Cirugía Cardiovascular) y Anselmo Gelmi (médico especialista en Ginecología y Obstetricia).

 

Los profesionales aconsejaron que “en aras de proteger la vida de la paciente, expuestas y probadas que fueron las especiales y graves características de su salud, resulta apropiado en estas condiciones aconsejar la interrupción del embarazo”.

 

Fue derivada al Hospital San Martín para la práctica de la cirugía, pero en ese lugar otros médicos desaconsejaron el aborto, y la derivaron al Hospital Posadas, de Buenos Aires, donde la mujer debió seguir adelante con su embarazo, y dar por fin a luz a su hijo por cesárea, el 25 de noviembre de 2011. Pero siete días después, sufrió un ACV.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.