La Fundación M´ Biguá Ciudadanía y Justicia Ambiental profundiza sus críticas al llamado Plan Maderero que promueve el Gobierno de Entre Ríos y ya logró media sanción en el Senado. Antes de su tratamiento en la Cámara Baja, la organización ambiental elevó una misiva al presidente de la Comisión de Legislación Agraria, del Trabajo y Producción y Economías Regionales, Esteban Vittor, en la que señala graves “contradicciones” y “errores legales” en la iniciativa.

M´Biguá ya había fijado posición antes del tratamiento del proyecto del oficialismo provincial en el Senado. Concretamente había señalado que la iniciativa, que habilita la venta de materia prima -madera de eucaliptos- a la República Oriental del Uruguay, no hace otra cosa más que “negar una historia que conformó una identidad de resistencia y de rechazo de este modelo de producción”.

Luego de la media sanción en el Senado y previo a su tratamiento en Diputados, la ONG profundiza sus cuestionamientos y remarca “sorprendentes contradicciones” y “defectos legales” en el proyecto de una norma “que persigue como único y principal objetivo derogar la ley 9.759”, que impide el comercio de materia prima con Uruguay a raíz del conflicto por la pastera Botina.

En la nota dirigida al diputado Vittor como presidente de la comisión involucrada, M´Biguá pone en foco que en el texto a tratar “se establece la competencia del Ministerio de Producción como autoridad de aplicación para determinar la protección forestal máxima”, al tiempo que se asigna “un rol secundario a la Secretaría de Ambiente…”, quien en rigor “debe ejercer su tarea en materia de estudios de impacto ambiental, estudios de impactos acumulativos y evaluaciones ambientales estratégicas”.

En el escrito, además, se pone en relieve un error. M´Biguá aclara que “las plantaciones de especies destinadas a la actividad foresto-industrial no son bosques”. No se trata, entienden los ambientalistas, de un acto inocente y en ese sentido se señala que “utilizar los términos indistintamente  importa una intencional y grave utilización del lenguaje, generando injustas confusiones sociales y de protección legal, inducidas por los intereses de las megas empresas forestadoras-inversoras y sus pooles de siembras de plantaciones”.

La ONG también subraya que en el proyecto se refiere a una “tendencia” a la preservación del bosque nativo, cundo “debe entenderse de manera clara que la protección del bosque nativo no puede ser tendencia, es un principio albergado en nuestras constituciones”. Además, se resalta que en la iniciativa atiende la necesidad de consultar a actores involucrados, pero refiere a la “cadena de valor”  en vez de a las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil que son quienes sufren el impacto, directamente en sus entornos y medios de vida y desarrollo.

En síntesis, la ONG ambientalista solicita a los diputados de la provincia una búsqueda de “protección concreta, eficaz y contundente del ambiente entrerriano, sus bosques y su gente”, siempre “cumpliendo mandatos constitucionales y normativos en los que recordamos que es el Estado quien debe proveer la protección, permitiendo así el goce y disfrute del derecho al ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano que todos y todas nos merecemos”.