La Oficina de Medidas Alternativas (OMA) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, a cargo Rodrigo Juárez, solicitó a los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano que, en conjunto con los abogados defensores del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, informen el monto y el plazo en el que realizará un aporte en especie –que pueden ser alimentos o mobiliario- en favor del comedor comunitario “Los Piletones”, a cargo de Margarita Barrientos, en Buenos Aires.

En diciembre último, el «Corcho» Rodríguez consiguió  zafar de la causa penal que lo tenía imputado como partícipe del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de un millonario contrato de publicidad que logró durante el gobierno de Sergio Urribarri para promocionar la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014.

La jueza de Garantías Eliza Zilly refrendó un acuerdo que consiguieron sus abogados, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, con el Ministerio Público Fiscal, para acceder a la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, el pago de una indemnización al Estado entrerriano de $150 mil en cuotas, durante un año, y la realización de campañas de difusión en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos. Esa promoción será a modo de canje: lo hará a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, y también en el programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefe.

Pero desde la Oficina de Medios Alternativos del Poder Judicial se sugirió un cambio de destino de los aportes del empresario que accedió a una probation a fines de 2018 en una causa por corrupción en la provincia. Y que en vez de que ese aporte vaya a dar al comedor de Maragarita Barrientos, una dirigente social muy cercana al presidente Mauricio Macri, sea en beneficio de comedores  comunitarios de Paraná.

“Sin perjuicio de ello y sin pretender avasallar facultades que son propias de esa fiscalía y de la defensa, atento a que el hecho investigado y por el cual se lo imputó al Sr. Rodríguez estuvo estrechamente vinculado con el Decreto Provincial Nº 4800/ 2014, a tal punto que la reparación económica dispuesta en la resolución judicial antes mencionado quedó supeditada a la aceptación del Estado Provincial, esta Dirección sugiere que los aportes, estimados en cuanto a su monto y plazo indicado, se destinen en forma mensual y consecutiva a instituciones benéficas domiciliadas en este capital”, señala el titular de la OMA y enumera algunas organizaciones que pueden recibir los aportes del probado, como el Merendero San Francisco de Asís –Copa de Leche- ; Casa Lázaro, y los comedores comunitarios “Pedro Balbi”, “Los Berros” y “Las Piedras”; “Pancita Llena Corazón Contento”, “Ilusiones”, “Chicos Felices” o “Los Conejitos”.

La petición fue realizada el pasado 20 de febrero en el marco del legajo Nº 11.341, caratulado “Rodríguez Jorge Ernesto s/ Peculado”. Se trata de la causa penal que lo tenía imputado a Rodríguez como partícipe del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de un millonario contrato de publicidad que logró durante el gobierno de Sergio Urribarri para promocionar la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014.

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La contratación del gobierno de Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez, con la empresa del “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA supuso el pago de $28 millones para la difusión en medios de todos el país de cuatro spots, filmados por la Provincia, en teoría para la difusión de la Cumbre Mercosur, pero en los hechos sólo uno trató sobre el encuentro regional en Paraná, y los otros tres fueron para instalar la figura del exgobernador en el marco del “Sueño Entrerriano”, su frustrada candidatura a la presidencia para suceder a Cristina Fernández de Kirchner. Esa fue la hipótesis de la Fiscalía.

En esta causa el “Corcho” tuvo una salida alternativa: una probation o suspensión de juicio a prueba. El 14 de diciembre de 2018, la jueza de Garantías Elisa Zilli refrendó un acuerdo que consiguieron sus abogados, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, con el Ministerio Público Fiscal, para acceder a la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, el pago de una indemnización al Estado entrerriano de $150 mil en cuotas –que quedó supeditado a la aceptación del Estado provincial-, durante un año, y la realización de campañas de difusión en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos.

La promoción la hará a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, como así también en el programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefe; y en el programa de Radio 10 de Baby Echecopar y González Oro.

Según se supo de fuentes judiciales, el abogado del probado, Lambruschini, propuso que los medios de comunicación mencionados remitan a la OMA una nota de «control de aire», firmada por autoridades, en la que se indique que se cumplió con la puesta al aire de lo acordado.

El punto que quedó impreciso es que el que señala que el probado realizará un aporte en especie para la organización. En la resolución judicial no se especificó el monto y por cuánto tiempo deberá realizarlo.

Ante la consulta de Entre Ríos Ahora, desde Fiscalía se indicó que “por el momento no hemos acordado nada específico con la defensa” de Rodríguez. Con lo cual, aún no se brindó una respuesta al Director Ejecutivo de la OMA.

La Causa Nelly sigue para Urribarri & Cía


Si bien el “Corcho” Rodríguez consiguió una probation en esta causa, los fiscales continuaron adelante con los demás imputados: el ex gobernador Sergio Urribarri, el exministro de Comunicación y Cultura Pedro Báez; el coordinador de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Félix Céspedes; y el coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, contador Gustavo Javier Tórtul.

En la imputación, los fiscales consideran que para la contratación de la firma de Rodríguez fue “imprescindible” la participación de los funcionarios provinciales.

La causa fue unificada a fines del año pasado con otras investigaciones, como la instalación en Mar del Plata del Parador playero, en enero de 2015; y la solicitada millonaria contra los Fondos Buitre que se le pagó a diferentes medios en 2014.

La unificación se justificó por el hecho de que en todas se investigó un hecho similar: el presunto financiamiento con fondos públicos de la fallida campaña presidencialista de Sergio Urribarri.

Sumando varias imputaciones, que van de peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública, los fiscales ya adelantaron que en el eventual juicio pedirá 9 años de prisión para Urribarri, más su inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; en tanto que para Báez, solicitan 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Para Tortul, piden 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; y para Céspedes, 4 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos A hora.