El fiscal federal de primera instancia Carlos García Escalada solicitó informes a diferentes juzgados Civiles y Comerciales de Paraná en el marco de la causa conocida como la “mesa del dinero del Senado”, en la que están siendo investigados por venta ilegal de divisas el exministro de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Mauro Urribarri, y Juan Pablo Aguilera, secretario del bloque de senadores peronistas y cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, y otros empleados urribarristas de la Legislatura.

En la causa también son investigados el secretario y el prosecretario de la Cámara Baja, Nicolás Pierini y Sergio Cornejo, respectivamente; y, entre otros, el secretario de labor parlamentaria del Senado, Lautaro Schiavoni. La causa está caratulada “Urribarri Mauro Gabriel,  Aguilera Juan Pablo, Robledo Juan Sebastián, Pérez Gustavo Hernán, Lazzaro Fabian s/Infracción Art 303”.

Se trata de la investigación federal que se abrió en 2016, luego de la publicación periodística de Daniel Enz, director de la revista “Análisis”. La revista contó que entre 2012 y fines de 2013 “funcionó una mesa de dinero en el Senado entrerriano, donde se movían unos 30 millones de pesos mensuales. En la oficina del entonces funcionario Mauro Urribarri, se cambiaban miles de dólares por semana y de las operaciones participaban funcionarios, ministros, integrantes del Poder Judicial y conocidos empresarios”.

La Justicia comenzó a actuar luego de la denuncia formulada por los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto el 5 de diciembre de 2016.  En ella, sostuvieron que en la Cámara Baja se realizaron maniobras de compra y venta de divisas “en forma clandestina y al margen de los controles del Banco Central de la República Argentina”.

Mauro Urribarri fue secretario de la Cámara de Senadores desde diciembre de 2009 a diciembre de 2015. Aguilera, en tanto, fue coordinador Legislativo hasta 2014, cuando asumió como titular de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.

Según supo Entre Ríos Ahora, el fiscal federal García Escalada envió a los Tribunales provinciales diferentes oficios para recabar actuaciones en las causas en las que se investiga el presunto delito de lavado de dinero.

Uno de los oficios,  el N° 72/2018, ingresó en el Juzgado Laboral N° 2. En el escrito, pide informes en el marco del expediente N° 12561/2016 “Urribarri, Mauro Gabriel –Aguilera, Juan Pablo, S/oficios y exhortos”.

Otros oficios del mismo tenor llegaron a los Juzgados Civil y Comercial números 6, 8 y 10, y en cuya carátula se agregan los nombres de otros investigados: Juan Sebastián Robledo, Gustavo Hernán Pérez, Jorge Lázzaro. Los tres son empleados del Senado provincial. El primero es el hombre que, según reveló la investigación periodística de Enz, se encargaba de cambiar dólares en las oficinas de la Cámara Alta. En tanto, Peréz es director General de Administración del Senado; mientras que Lázzaro es Director Contable.

La última novedad que se supo en la causa fue el 26 de febrero de este año, cuando la Justicia Federal envió un oficio al Colegio de Escribanos de Entre Ríos. Ante el requerimiento, la entidad envió a sus matriculados la circular N° 3986, en las que solicitó que “remitan a dicha fiscalía copia de todas las escrituras en las cuales hayan intervenido, durante el período de enero de 2012 a diciembre de 2014 las siguientes personas: Mauro Gabriel Urribarri, Juan Pablo Aguilera, Juan Sebastián Robledo, Gustavo Hernán Pérez, Jorge Lázzaro, Sergio Cornejo, Claudia Noemí Krenz, Nicolás Pierini, Lautaro Schiavoni”.

El empleado del Senado condenado por deudas


En la Justicia Civil provincial se sustanciaron varios juicios de ejecución contra Juan Sebastián Robledo, el empleado del Senado provincial  sobre quien pesan las sospechas de haber estado a cargo del negocio de venta ilegal de divisas en una de las oficinas de la Cámara Alta. De ahí se entiende que el fiscal federal  haya solicitado informes a los juzgados civiles, principalmente para informarse sobre las actuaciones en las que estuvo involucrado Robledo.

Robledo es una figura central de la investigación, ya que habría sido blanco de aprietes y amenazas por supuestas deudas. Tanto habría sido así  que una madrugada de febrero de 2014 una bomba molotov estalló en su casa en Paraná. Al ser entrevistada por Canal Once de Paraná, su esposa, Paola Martínez Domé, dijo: “Lo hacen responsable a mi esposo de un dinero que no tiene”.

Ante los aprietes, ese año Robledo se fue del país. Su destino fue Porto Alegre, Brasil. Allí estuvo hasta principios de 2015. Cuando volvió, se presentó en el Ministerio Público Fiscal y radicó una denuncia por amenazas.

En la Justicia, a Robledo  se le reclamó el pago de préstamos.  Según un relevamiento realizado por  Entre Ríos Ahora, en  el juzgado Civil y Comercial N° 10, por ejemplo, hay tres causas en su contra: una iniciada por el banco Bica, otra por la tarjeta Sidecreer, y una tercera que inició un particular, GFM, (se preserva su identidad).

En el Juzgado Civil y Comercial N° 3 existe una causa caratulada “Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. C Robledo Juan Sebastián –Sumario/Ejecución de Sentencia y Honorario”. En tanto, en el juzgado Civil y Comercial N° 4 hay dos expedientes en los que fue demandado por dos firmas cuyo negocio es el préstamo de dinero: Confina y Nivelcred.

En el juzgado Civil y Comercial N° 7 existe una causa caratulada “Vicoer Ltda C/ Robledo Juan Sebastian S/Sumario)”. El expediente pasó al archivo el 9 de septiembre de 2014. Se trata de la Cooperativa de Vivienda, Consumo, Servicios Sociales y Crédito Ltda Vicoer, que preside el exviceintendente de Paraná, el arquitecto Gastón Grand.

La jueza Civil y Comercial N° 10, Adriana Acevedo, falló a favor de GFM, que le exigió a Robledo el pago de U$S13.000. La sentencia  fue dictada el 26 de agosto de 2015. El 17 de febrero de 2017, la misma magistrada falló a favor del banco Binca que le reclamó al empleado del Senado el pago de $11.300,65.

En el Juzgado Civil y Comercial N° 4, a cargo de Eduardo Federico Planas, el 20 de marzo de 2015, se resolvió  una demanda que interpuso la firma prestamista Nivelcred. La firma exigió la suma de $10.620. Según consta en la sentencia, el empleado legislativo había solicitado un crédito en 2014 por esa suma de dinero, pero incumplió con su obligación de devolver el dinero.

En el escrito judicial también se dejó asentado que fue notificado de la denuncia pero nunca contestó, por lo cual según lo establecido en el artículo 342 inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial, su silencio fue interpretado como “un reconocimiento de los hechos lícitos y pertinentes referidos por la actora”.

Algo similar ocurrió meses después, el 8 de julio de 2015, en una causa que se sustanció en el juzgado Civil y Comercial N° 5, a cargo del juez Roberto Croux. En esa fecha el magistrado firmó sentencia en contra de Robledo por otra deuda.

Fue en una causa donde un prestamista, DEA, le reclamó el pago de $2.446, más intereses. Según se desprende del fallo, Robledo firmó un pagaré a favor de su mandante en fecha 30 de abril de 2014 por la suma de $2.718,00, haciendo sólo un pago parcial bajo promesa de abonar el saldo.

Sin embargo, el empleado del Senado nunca abonó el resto del dinero. También en este expediente se dejó asentado que el demandado no respondió los reclamos extrajudiciales. El juez lo condenó a abonar esa suma de dinero, más intereses.

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.