El Colegio de Abogados de Entre Ríos dijo que no sólo la Justicia debe dar respuesta en la situación derivada del femicidio de Micaela García y los cuestionamiento hacia el fallo emitido en 2016 por el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, ahora con seis pedidos de jury.
“El Estado, tanto el nacional como el provincial y en sus tres funciones, tiene que tomar intervención profundizando políticas públicas contra la violencia de género en todos los ámbitos sociales posibles y coordinar sus recursos, muchas veces dispersos. Además se hace indispensable tomar conciencia de la especialidad de los delitos sexuales y de sus autores, estableciendo un tratamiento de reinserción social diferente al de la generalidad”, señaló la entidad.
Los abogados dieron un paso más allá en su pronunciamiento sobre el denominado “Caso Micaela”, y primero condenó el hecho e hizo saber de su acompañamiento a la familia de la estudiante víctima de femicidio en Gualeguay. También puso de relieve la “la imperiosa la necesidad de investigue en profundidad para que se haga justicia ante tan aberrante hecho”.

“La situación excede el plano jurídico y judicial. No podemos desconocer que nos encontramos ante un problema más profundo, de raíz cultural, de nuestra propia idiosincrasia como sociedad, que coloca a unos por sobre otros en la esfera de poder, los hombres por sobre las mujeres, y eso habrá que enfrentarlo interdisciplinaria y mancomunadamente, el Estado y las Instituciones Intermedias, donde éste Colegio de Abogados tiene mucho para aportar”, señaló el Colegio de Abogados.

Y agregó: “Merece el acto judicial, que otorgó la libertad condicional a Sebastián Warner, ser materia de exhaustivo análisis por parte de los organismos determinados por la Constitución Provincial”. Pero no sólo la Justicia. “El Estado debe dar respuesta ante las víctimas de violencia de género y delitos sexuales, acompañando a las víctimas y dando garantías a su integridad con juicios ágiles, condenas efectivas y programas de asistencia y tratamiento a sus autores y sus correspondientes recursos –subrayaron los abogados–. La difusión de estos hechos indignos a la condición humana genera dos actitudes: el hartazgo social por un lado y la reacción solidaria de la comunidad por el otro. También la promoción de los derechos que asisten a las mujeres debe contribuir a su fortalecimiento y al logro de una sociedad más justa donde impere la igualdad y la equidad y se terminen todas las manifestaciones de violencia”.

Magistratura

En tanto, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos se distanció de la eventual sanción al juez Rossi, y dijo que “no tiene potestad disciplinaria sobre jueces, magistrados o funcionarios judiciales” y que “no ha tratado ni tomado ninguna posición respecto al juez Carlos Rossi”.
Y contrariamiente a lo que han manifestado algunos miembros de la entidad, el Consejo de la Magistratura señaló que “no ha tratado ni tomado ninguna posición respecto al juez Carlos Rossi, ya que no le compete hacerlo”.
El Consejo de la Magistratura destacó que “no tiene potestad disciplinaria sobre jueces, magistrados o funcionarios judiciales, ya que la Constitución Provincial (arts. 180 a 182) solo le asignó la facultad de actuar como organismo asesor del Poder Ejecutivo para la selección de estos”.

Por otra parte señala que “el Jurado de Enjuiciamiento es un órgano constitucional independiente que tiene la atribución de juzgar a los jueces, magistrados y funcionarios que la referida Constitución determina”.

La aclaración sale luego de la difusión de una nota periodística en la que el presidente en ejercicio del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Antonio Mainez, advertía que se estaba cortando el “hilo por lo más delgado” al poner en foco la actuación del juez Carlos Rossi, quien le otorgó la libertad condicional al presunto homicida de Micaela García, Sebastián Wagner, condenado a nueve años de prisión por dos violaciones.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.