Luego de la feria judicial –que comenzó el 9 y culmina el 20-, la Cámara de Diputados de Entre Ríos deberá  avanzar con los pedidos de desafuero que realizó la Justicia para el presidente del cuerpo y exgobernador Sergio Urribarri, y para Pedro Báez, también legislador, ambos procesados en una causa por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública por el otorgamiento irregular de publicidad a la firma Global Means SA.

El abogado penalista Guillermo Mulet , denunciante junto a Rubén Pagliotto de la mayoría de las causas por corrupción durante la gestión urribarrista, no es optimista respecto de que la Cámara Baja le quite la inmunidad parlamentaria a Urribarri. “No tengo ninguna ilusión de que los diputados justicialistas voten el desafuero de Urribarri”, declaró el letrado en una entrevista con el programa Puro Cuento, que se emite por Radio Costa Paraná 88.1.

No obstante, Mulet dijo que espera con expectativa que en Tribunales se fije la fecha de juicio de una de las causas más importantes en la que están imputados Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y Báez: la causa por direccionamiento millonario de publicidad oficial a empresas que la Fiscalía liga a Aguilera.

Se trata del expediente a cargo de los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro en el que le endilgan a los acusados el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015, -durante el gobierno de Urribarri y su ministro de Cultura y Comunicación, el hoy diputado Pedro Báez- “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, Tep SRL y Next SRL, por un monto de $24 millones, que “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

Al respecto de esa investigación, Mulet afirmó: “Estoy con expectativa para ver cuándo se fija la fecha de juicio de la causa de la vaca, en la que falsificaban los certificados de las obras y cartelería”.

Preguntado si cree que Urribarri será desaforado, el abogado se mostró pesimista:  “Estoy con poca ilusión de que sus pares del justicialismo voten el desafuero. Al menos para Urribarri, vamos a tener que esperar a que pierda los fueros y eventualmente que no se prenda nuevamente en una lista de diputados –para acceder a los fueros-”.

“No tengo ninguna ilusión de que los diputados justicialistas voten el desafuero de Urribarri”, resaltó y recordó que a principio de año fue reelegido como presidente de la Cámara de Diputados, incluso con el voto de los diputados de la oposición.

El pedido de desafuero


Oficialmente se sabe que dos causas en las que está imputado Urribarri fueron elevadas a juicio, pero hasta ahora sólo en el caso de una de ellas hay un pedido formal de desafuero. Se trata de la solicitud de desafuero firmada por el juez de Transacción N2, Gustavo Maldonado, que ingresó a la Cámara Baja el martes 22 de mayo, como expediente N° 1610.

Este expediente es en la que están procesados Urribarri, Báez y el empresario pizzero Germán Buffa, que se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D’ Agostino. El legislador cuestionó el otorgamiento de una publicidad oficial por parte de Urribarri/Báez a la firma Global Means SA, de la cual fungía como presidente Buffa, un mes antes de que esa empresa tuviera existencia legal.

Se espera que luego de la feria judicial a la Cámara de Diputados ingrese un nuevo pedido para desaforar al exmandatario. El pedido que se espera es el del juez de Garantías José Eduardo Ruhl, quien el lunes 25 de junio decidió rechazar los planteos hechos por los defensores de Urribarri, Báez, y Aguilera en la causa que investiga la ejecución de un sistema cartelizado en la publicidad oficial que permitió entre 2010 y 2015 contratar por $24 millones casi en forma exclusiva con las firmas Tep SRL y Next SRL, que se atribuyen a Aguilera.

La Fiscalía sostiene que la mitad de ese monto total contratado, $12 millones, se pagó mediante constataciones truchas –la publicidad en vía pública no se hizo-, lo que generó un serio perjuicio al fisco; y que además hubo un sistema de pago de “coimas” que benefició a las empresas Tep SRL y Next SRL, cuya recaudación habría estado a cargo de la contadora Corina Cargnel.  Uno de los empresarios que participó del negocio, Jesús Bustamante, admitió a la Justicia que pagó “retornos”, y que de los $3 millones que cobró entre 2010 y 2015 de fondos del Estado, $3 millones fueron publicidad ficticia.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.