El presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Federico Domínguez, falleció anoche en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires, tras permanecer internado desde hace algunas semanas, afectado de cáncer desde hacía varios años. Estaba procesado por “extorsionar” a imputados en la causa AMIA, para obtener falsas declaraciones y desviar la investigación.

El magistrado se desempeñaba en ese puesto desde 1998, pero desde hace un año estaba con licencia médica por su problema de salud, por lo cual en ese cargo iban desempeñándose distintos jueces de manera rotativa.

Domínguez era uno de los 20 testigos que ofreció el suspendido presidente de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el proceso de juicio político que deberá enfrente en el Senado, convertido en tribunal.

Domínguez presidía el Tribunal de Casación desde 1998 pero en abril de 2016 la Cámara Federal porteña ratificó su procesamiento al ser acusado de haber presionado, cuando era abogado particular, a testigos en la investigación por la voladura de la mutual judía AMIA en 1994.

El abogado de Chiara Díaz, Guillermo Brunner, solicitó que los 20 testigos ofrecidos informen si “han celebrado reuniones con el doctor Carlos Chiara Díaz, por algunos de estos motivos: institucionales referentes a la vocalía que ocupar en la Sala Penal del STJ de Entre Ríos y sus relaciones con otros Poderes Judiciales Nacionales o Provinciales, en participación en elaboración de proyectos de leyes, códigos, acompañamiento en el dictado de charlas, conferencias, etc. En ámbitos universitarios u otros, respecto de temas legales y en especial penales y procesales, entre febrero de 2006 a junio de 2016”. En resumen, la defensa intentará demostrar que el magistrado no utilizó viáticos indebidamente.

 

Quiénes son los testigos de Chiara Díaz

Además del fallecido Domínguez, quedan otros 19 testigos.

Germán Garavano: actual Ministro de Justicia de la Nación. Fue fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2014.

Ricardo Gil Lavedra: fue juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, cargo, en el que participó del juzgamiento a la Junta militar en 1985. Desde 1999 a 2000, fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de Fernando De la Rúa.

Miguel Piedecasas: abogado cercano a la UCR. Es oriundo de la provincia de Buenos Aires y está radicado en Santa Fe. En 2014 ganó las elecciones para ser representante de los abogados del interior en el Consejo de la Magistratura de la Nación. El 22 de diciembre de 2015 se convirtió en la máxima autoridad del Consejo de la Magistratura de la Nación. Desde el 22 de diciembre de 2016 es vicepresidente del órgano.

Alejandro Slokar: Juez de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal. Titular de Cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA. Según señala Chequeado.com, la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación acercó a Slokar al Poder Ejecutivo y en 2004 fue designado secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue uno de los fundadores de “Justicia Legítima”, organización judicial que comulgó con el kirchnerismo.

Héctor Granillo Fernández: titular de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ). Es un abogado bonaerense partícipe de la implementación del sistema de juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires. Además, es profesor Universitario Ordinario de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y dirige el Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de La Plata.

Carlos María Folco: Juez Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias a cargo del Juzgado Federal Nº 1 (Capital Federal). Es además Director de la Carrera de Especialización en Derecho Tributario, Universidad Nacional del Litoral (UNL) e integra el cuerpo docente de la misma cátedra en la Universidad de Belgrano. Junto al juez suspendido es autor de la obra “Estado de derecho y sistema penal. Ley penal tributaria y previsional Nº 24.769 / 26.735”, editorial La Ley, año 2012.

Daniel Erbetta: el pasado 5 de diciembre fue elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Es especialista en derecho penal y profesor titular por concurso de derecho penal de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), director del Departamento de Derecho Penal y la carrera de especialización en derecho penal.

Rafael Gutiérrez: fue presidente de la Corte Suprema de Santa Fe hasta diciembre del año pasado, cuando asumió Erbetta. Es titular de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus), por el período 2016-2018. Es el primo político de Carlos Reutemann.

María Luisa Lucas: hasta el 23 de diciembre de 2016 fue la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chaco. Actualmente preside la Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral del STJ de esa provincia.

Luis Lozano: actual presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alberto Balladini: ex presidente del Superior Tribunal de Justicia y ex titular del Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro. También fue presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia en el período 2002-2006.

Julio César Báez: ex Juez del Tribunal en lo Criminal N° 1 del departamento Judicial de Morón Provincia de Buenos Aires. Actualmente es juez de Cámara en el Poder Judicial de Nación por ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4.

Cristina Elisabeth González: abogada y secretaria general de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus).

Ricardo Li Rossi: juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y ex Vicepresidente de la Internacional Judicial Academy (IJA).

Enzo Finocchiaro: defensor oficial del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Profesor de Derecho Procesal Penal e integrante de la Asociación Argentina de Juicios por Jurado. Es profesor de diferentes cátedras en la Universidad del Museo Social Argentino. Es coautor del Código Penal comentado y ordenado, Editorial Nova Tesis, 2011, obra dirigida por Carlos Chiara Díaz. También colaboró en la obra “Derecho Procesal Penal”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2013, también dirigida por el juez suspendido del STJ.

Julio De Olazábal: Fiscal General de la provincia de Santa Fe. Junto a Chiara Díaz formó parte del cuerpo docente de la especialización Derecho Procesal Penal, dictada en 2015 en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

 

 

 

Informe:

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.