La investigación judicial que busca establecer si se cometieron delitos en la millonaria contratación de la publicidad de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se desarrolló en Paraná, en diciembre de 2014, dará otro paso más esta semana. El jueves 17 está citado a indagatoria Gustavo Tórtul, quien manejara los números de la Unidad Operativa Mercosur que se creó por ley durante la administración del exgobernador Sergio Urribarri: deberá dar detalles de la contratación con la firma Nelly Entertainment SA por $28 millones, en un proceso que se sospecha viciado de irregularidades.

En esa investigación judicial, que comandan los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa, ya declaró el mandamás de Nelly Entertainment SA, Jorge “Corcho” Rodríguez, ya salpicado por el escándalo de las coimas de la constructora brasileña Odebrecht, de sólidos lazos con el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido. También declaró el exministro de Cultura y Comunicación de Urribarri, Pedro Ángel Báez, ya doblemente imputado, por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Y para el jueves 24, la Justicia citó al excoordinador de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Félix Céspedes.

Pero el día clave será el jueves 31 de agosto. Ese día Sergio Urribarri deberá prestar declaración indagatoria como imputado en la causa que investiga la millonaria contratación de la productora Nelly Entertainment SA, de Jorge “Corcho” Rodríguez para la difusión de cuatro spots televisivos de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que tuvo lugar en Paraná a mediados de diciembre de 2014.

La hipótesis judicial, en principio, se apoya en una sospecha feroz:  que tres de esos cuatro spots que difundió Nelly fueron para posicionar la imagen de Urribarri en el marco del “Sueño Entrerriano”. O sea: se trató de la utilización de fondos del Estado entrerriano para fines privados, la aspiración presidencialista del exgobernador. Y por eso le achacan una doble imputación: peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Urribarri ya fue notificado de la doble imputación y de la citación a indagatoria para el jueves 31 de agosto, cuando deberá presentarse en el edificio del Ministerio Público Fiscal.

En la causa Nelly/Mercosur ya está doblemente imputado, por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial por el Frente para la Victoria (FPV), Pedro Ángel Báez; y como partícipe, “Corcho” Rodríguez.

 

Como ya dio cuenta Entre Ríos Ahora, hay dos líneas investigativas en la Justicia: cómo fue que se contrató a una productora de Buenos Aires por una abultada cifra, $28 millones, de qué modo se dio el proceso de contratación –con autorizaciones en tiempo récord en los distintos organismos de contralor—y si los 4 spots de difusión contratados  fueron para dar a conocer la Cumbre del Mercosur, o más directamente se aplicó a la campaña proselitista del “Sueño Entrerriano”.

La Ley 10.327 promulgada el 20 de octubre de 2014, que declaró de interés la 47ª Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre de ese año en Paraná, facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros y realizar toda otra compra u operación necesaria para realizar eventos inherentes al encuentro de los jefes de Estado de la región.

La autorización legal que permitió al Ejecutivo eludir los procedimientos naturales de licitación pública, cotejo de precios, etcétera, pero bajo la exigencia de que lo contratado por vía directa sea lo estrictamente necesario para la organización y realización de la Cumbre. Sin embargo, el Gobierno Provincial contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube, por más de 28 millones con la firma Nelly Entertainment, para dar a conocer cuatro videos, de los cuales, tres no tenían absolutamente nada que ver con la visita de los presidentes del Mercosur.

 

Así, la contratación no podría enmarcarse en la autorización legislativa del artículo 2º de la Ley 10.327, porque por más amplio que fuera dicho salvoconducto, solo uno de los vídeos que se subió a las redes tenía relación directa con la Cumbre: un material fílmico en el que Urribarri aparece brindando un saludo de bienvenida a los presidentes. Los otros tres se refieren pura y exclusivamente a propaganda sobre la gestión del por entonces precandidato a Presidente.

Pero esa no sería la única particularidad llamativa del Expediente Nº 1656798, iniciado el 25 de noviembre de 2014 a instancias del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, e identificado “Área Técnico-Administrativa – Dirección General De Despacho – Subsecretaría de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos – Secretaría de Comunicación –Ministerio de Cultura y Comunicación – Poder Ejecutivo”.

Otra peculiaridad es el ritmo vertiginoso de su tramitación. Si bien es razonable que se trataba de gestiones que requerían de cierta celeridad, es llamativo, para cualquiera que haya realizado alguna vez un trámite en la Administración Pública Provincial, que en cinco días hábiles (27 y 28 de Noviembre, y 1º, 2 y 3 de diciembre de 2014), el Expediente Nº 1656798 recorrió los despachos de diez funcionarios de los organismos de control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables. Corresponde aclarar que los diez funcionarios encargados de los controles previos de la actividad estatal dictaminaron sobre un proyecto del disuelto Ministerio de Cultura “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que Báez pensaba difundir por contratación directa, pero no deja de llamar la atención de cualquier experto en vericuetos administrativos la agilidad puesta de manifiesto por dichos organismos en el caso en particular.

Pero, quizás por ese frenético derrotero del expediente, ninguno de los controladores advirtió tampoco que el exministro de Cultura no aclaraba si la difusión sería local o nacional, como tampoco especificaba en su pedido el plazo de la campaña, el monto de la contratación, el presupuesto estimativo, los horarios, canales, programas, redes, o demás detalles adonde se pretendía incluir el material referido a “políticas públicas”, detalles de importancia, dado que si bien la Ley 10327 autorizaba a la contratación directa, en su artículo 8ª mandaba aplicar expresamente la Ley de Contabilidad y los principios del derecho administrativo, que establecen topes, formas y garantías para los eventuales participantes de cualquier proceso de contratación con el Estado.

Con todas esas maratónicas autorizaciones, el exministro Báez avanzó y el 4 de diciembre resolvió interesar a los medios de comunicación y agencias de publicidad para que propongan un esquema para la difusión de los cuatro spots “inherentes” a la Cumbre, en el exiguo plazo de 4 días. Dicha invitación a ofertar fue realizada en “El Diario” de Paraná, y en ningún otro medio escrito local ni nacional. El viejo diario que fuera radical y ahora está en manos de empresarios amigos del Gobierno Provincial demostró tener una llegada inusitada, ya que logró el interés de cuatro empresas de Buenos Aires que el 9 de diciembre presentaron sus ofertas entre las 7.10 y las 9.55 horas.

Con las ofertas a las vista, Báez y los funcionarios de su ministerio decidieron que sólo dos cumplían con los requisitos, exigencias sólo conocidas por ellos, ya que no había un precio testigo que pudiera establecer que 31 millones era una cifra adecuada, como así tampoco había un pliego de condiciones mínimas para explicar a los interesados cuáles eran las necesidades de difusión del Poder Ejecutivo Provincial. Tan poca referencia tenían los oferentes, que una de las propuestas se olvidó de enmarcar la contratación en la Cumbre del Mercosur y se presentó para difundir los spots “para publicitar los logros de los 7 años de gobierno”.

Así las cosas, en cinco días, el Gobierno Provincial publicó el aviso en “El Diario”, recibió las ofertas, descartó las que no cumplían con sus requisitos y publicó el Decreto 4800/14. El 9 de diciembre de 2014, entre las 10 (hora de cierre de las presentaciones de los interesados) y las 13 horas, con una intervención que quedará en los anales de la eficiencia estatal, el proceso de contratación recibió el aval del director de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y Cultura, el exministro Pedro Báez, el exgobernador Sergio Urribarri y la directora de Despacho (estos últimos para la elaboración del Decreto emitido ese mismo día).

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.