Luego de la condena a 25 años de cárcel que le impuso la Justicia al cura Justo José Ilarraz al hallarlo responsable de cinco casos de corrupción de menores y dos casos de abuso deshonesto, ambos agravados por su condición de sacerdote, la Iglesia, a través de la coordinadora de la Comisión de Protección de los Menores, María Inés Franck, salió a opinar y dijo que “no fue una sorpresa esta resolución” del tribunal.

Franck fue designada en agosto de 2017 por el arzobispo Juan Alberto Puiggari al frente de esa comisión, que en marzo último instrumentó un  “Protocolo arquidiocesano de actuación ante la sospecha o descubrimiento de abusos sexuales en los que sean víctimas menores o adultos vulnerables”.  Franck fue consultada por la radio de la curia, FM Corazón, sobre la condena a Ilarraz, la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario que le aplicó la Justicia y sobre una eventual imputación por encubrimiento a la cúpula de la Iglesia de Paraná.

Respecto del arresto domiciliario que Ilarraz cumple en domicilio de calle Corrientes al 300, dijo: “Es algo que está regulado en el Código Penal. El juez dictó la prisión preventiva, pero domiciliaria. Cuando termine la última instancia, irá a la cárcel”.

Pero lo llamativo es lo que dijo respecto de la condena que recibió el cura, que fue prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo entre 1985 y 1993 y a quien siete exseminaristas denunciaron por gravísimos hechos de corrupción: el fallo condenatorio, firmado por unanimidad por los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel, aseveró, “no fue una sorpresa”.

Después, habló de los cambios de paradigmas, a tono con la declaración de Puiggari, que justificó su accionar respecto de Ilarraz en el “desconocimiento”.  En ese sentido, Franck, que es abogada, sostuvo:  “En 2005 cambió la ley de protección de niños niñas y adolescentes, que establece que quien está a cargo de un menor, y sospecha un abuso, tiene la obligación de denunciar para protegerlo. Desde la Comisión de Protección de Menores del Arzobispado pusimos hincapié en conocer la forma de denunciar que tenemos como ciudadanos”.

“Es un cambio importante, necesario, como otros que se están realizando. Por ejemplo, los delitos sexuales están categorizados como instancia privada. Ahora se están intentando modificar a la acción pública para que todos podamos denunciar. La sociedad está enfrentando este tipo de delitos que son muy serios”, aseguró.

Luego, apuntó que  “el cambio comenzó hace unos años. La Comisión se creó el año pasado, pero venimos de un proceso de cambio. Salió el protocolo de actuación para saber cómo actuar ante estos delitos. Eso ya estaba regulado por las leyes del Estado y provinciales, pero se busca recordar estas normas de comportamientos. La mayor parte de los abusos se pueden evitar si hay adultos vigilando”.

Respecto del reproche por encubrimiento que manifestó el Ministerio Público Fiscal sobre el cardenal Estanislao Karlic y Puiggari, apuntó:  “El tribunal ayer (por la resolución dada a conocer el lunes) no dijo nada de este tema, a pesar de que se comentó durante el proceso. Habrá que esperar para ver qué se hace. El delito de encubrimiento está muy bien definido en el Código Penal. Habrá que ver qué se dice y cómo”.

Los delitos de Ilarraz “nos duelen a todos. Es un tema social. Pero por ser la Iglesia duele más. Como católico confiamos más en la Iglesia y de pronto nos encontramos con estas situaciones. Y más todavía si es víctima o familiar a estas cosas. Pero de verdad nos duele a todos porque es algo muy, muy grave”, planteó.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.