Guillermo Vartorelli, uno los abogados defensores de la monja Luisa Toledo, expriora del convento carmelita de Nogoyá, que desde este martes será sometida a juicio oral en Gualeguay, acusada por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de dos religiosas a las que le había impedido salir de la congregación, dijo que la calificación legal aplicada a los cargos que pesan sobre la religiosa resultan “excesivos”.

Vartorelli, que ejerce la defensa junto a Miguel Cullen, explicó: “Los defensores entendemos que no hay delito, ni privación ilegitima de la libertad ni ningún otro. Desde el vamos nos parece excesiva la calificación legal que se le aplicó”. Y agregó: “Nosotros vamos a sostener básicamente que entendemos que la imputación es atipica, que no ha incurrido la madre superiora en ninguna conducta ilícita”.

“También, vamos a sostener que, en el caso de que haya alguna conducta reprochable, no lo entendía así la hermana, porque se regía por un ordenamiento propio de la orden de las carmelitas. Ella aplicó la constitución de la orden como lo entendía, y entendía que las constituciones de la orden la autorizaban a tomar algunas decisiones que ahora se le reprochan”, apuntó Vartorelli. “Lo que hizo ella fue interpretar y aplicar las constituciones de la manera que lo aprendió”, subrayó en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.

El proceso a la monja carmelita se desarrollará en Gualeguay, y el juzgamiento estará a cargo del Tribunal de Juicio y Apelaciones integrado por Darío Crespo, Javier Cadenas y Alejandra Gómez. Las audiencias serán públicas y se desarrollarán a partir de las 9 en los Tribunales de Gualeguay (Monte Caseros 239, primer piso), durante los días 11, 12, 14, 18, 19, 25, 27 y 28 de junio próximos.  Sólo serán a puertas cerradas cuando declare una de las dos víctimas, y por propio pedido.

Toledo dirigió durante diez años el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de la ciudad de Nogoyá, y la causa se originó tras la acusación en su contra realizada por excarmelitas. El fiscal Federico Uriburu ordenó un allanamiento en agosto de 2016, durante el cual secuestraron diversos elementos relacionados con las denuncias formuladas por las monjas de clausura. Al mes siguiente la religiosa fue imputada tras el análisis de “todas las pruebas y declaraciones tomadas”, entre ellas las de José Bonín, párroco de la basílica Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.

El carmelo de Nogoyá es un monasterio autónomo, gobernado por sus superioras, elegidas según las constituciones por las propias religiosas. Se trata de una casa religiosa de derecho pontificio, es decir, erigido por la Santa Sede de cuya potestad depende en lo que se refiere al régimen interno y a la disciplina, aunque se encomiende al obispo diocesano, Juan Alberto Puiggari, el actual, el cuidado de estos monasterios en algunos aspectos muy precisos, y siempre respetando la legítima autonomía del monasterio y aquello dispuesto en sus Constituciones.

Los defensores de la monja pidieron que declare como testigo en el juicio el sacerdote entrerriano Mauricio Landra, experto en Derecho Canónico, quien tendrá a su cargo explicar el funcionamiento interno del convento carmelita.

El monasterio carmelita de Nogoyá se inscribe en la rama de los denominados “las maravillas”, que siguen los postulados preconciliares impuestos por la monja española Madre Marvillas de Jesús, convertida en santa por Juan Pablo II en 2003.

En 1991, el papa polaco impuso la actualización de las constituciones de los carmelitas, pero un grupo de monasterios se opuso a los cambios y escogió mantener prácticas anacrónicas, que agudizan la clausura de sus conventos.

Por ejemplo, se exija la presencia de la tercera hermana (escucha) en las visitas, se mantienen las reverencias, inclinaciones, postraciones y no se expongan a las miradas de extraños. Las monjas no pueden salir de clausura ni para visitar a sus padres enfermos o moribundos. Y, fundamentalmente, aceptan los actos de humillación de las religiosas a modo de castigo.

Luisa Toledo fue apartada de su cargo de priora a mediados de septiembre de 2016.

El 8 de junio de 2017, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari -que declarará como testigo en el juicio- envió un informe a la Justicia en el que dio razones de que por qué la monja Luisa Toledo fue sacada de su cargo de priora del Convento Carmelita de Nogoyá, y enviada muy lejos de allí, a una casa religiosa en el Chaco.

Puiggari, en realidad, no hizo más que reenviar un informe elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, con una advertencia: le dijo que la documentación enviada desde Roma “involucra temas que no tienen relación con la causa” y por eso mismo pidió “reserva de la información”.

El informe, fechado el 8 de noviembre de 2016, y firmado por el arzobispo José Rodríguez Caballo, explica que luego de una visita apostólica al Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo de las Monjas Carmelitas Descalzas de Nogoyá, se resolvió apartar a la monja de su rol de priora, y enviarla a otro monasterio.

Roma, además, pidió a Puiggari hacer un seguimiento del monasterio tras los graves hechos ocurridos, en la que dos religiosas denunciaron graves tormentos y la privación de la libertad.

Esa investigación recaló en la Justicia de Nogoyá.

Hay una orden impartida por el procurador general de la provincia, Jorge García, para que la Justicia de Nogoyá retome la investigación,  y eleve la causa a juicio, aún cuando todavía no está resuelta la competencia. El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú resolvió que no es competencia del fuero provincial; y del mismo modo, la Justicia Federal se declaró incompetente, como ya reveló Entre Ríos Ahora.

Una de las últimas medidas que adoptó el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, fue pedir explicaciones al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, de las razones por las cuales la superiora del convento carmelita fue apartada de su función y mudada a una casa religiosa del Chaco. Puiggari respondió de forma escueta e insuficiente: admitió el traslado pero no dio motivos.

El delito que se le reprocha a la superiora es el de privación de la libertada agravada por el uso de violencia, a partir de una denuncia que publicó la revista “Análisis”.

La causa penal que se abrió el 25 de agosto de 2016 investiga las denuncias de dos exmonjas sobre aplicación de tormentos y privación de la libertad en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.

Luisa Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez  Acosta. Primero, se la alojó en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá.

Allí, convivió con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José, las mismas que denunciaron al cura Juan Diego Escobar Gaviria por abusos.

Pero allí Toledo estuvo poco tiempo.  A mediados de diciembre último, fue autorizada a radicarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

En esa ciudad está alojada en el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen, de las Monjas Descalzas de la Orden la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, una casa de religiosas que depende de la diócesis Diócesis de San Roque de Presidencia Roque Saenz Peña. Su último destino es un convento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.