El juez de Garantías Mauricio Mayer anunció, cerca de las 20,40, la noticia que los siete esperaban con expectación: dispuso otorgar la prisión preventiva domiciliaria a los siete detenidos en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, medida de restricción que hasta hoy cumplían en unidades penales.

El argumento central que utilizó el Mayer para sustituir la preventiva en la cárcel por la domiciliaria con tobillera electrónica es el incumplimiento por parte del propio Estado del mandato constitucional que ordena separar a los detenidos condenados de los que están sólo imputados y sin condenada. De ese modo, cerca de las 21 de este lunes 24 Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, Roberto Faure, y Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo se retiraron del edificio de Tribunales con destino a sus viviendas particulares, donde cumplirán la preventiva.

De ese modo, Mayer, que antes había rechazado un habeas corpus presentado por los defensores de Aguilera y de Pérez para mejorar sus condiciones de encarcelamiento, revirtió su opinión luego del fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que hizo lugar al pedido. El magistrado exhortó al Poder Ejecutivo a disponer de las condiciones necesarias en las unidades penales de modo que los internos con proceso y sin condena estén en lugar separado de los reos ya condenados.

 

Escenario


¿Qué importancia otorgó la Fiscalía al rol de Aguilera en lo que no dudó en rotular como una organización “criminal” destinada a sustraer fondos públicos, y que a lo largo de toda una década, estimó, se llevó $2.000 millones, entre 2008 y 2018?

Aguilera es considerado por el Ministerio Público Fiscal como “una de las cabezas” en la pirámide de mandos de la “organización criminal”. En esa trama de responsables en la cúspide de la pirámide de mandos, también tienen un lugar de privilegio el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, y el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, empleado de Cardoso y cuñado de Aguilera, y también Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, y los contadores Roberto Faure y Alfredo Biblago, todos ellos con prisión preventiva.

En un escalón inferior, y como operadores en terreno, estarían Flavia Beckman, su esposo Hugo Mena, y el yerno de ambos, Esteban Scialocomo, también con prisión preventiva.

En el marco de la investigación de los contratos truchos, la Justicia pidió un detalle de 452 contrataciones de personal efectuadas por la Cámara de Diputados entre el 11 de diciembre de 2011 y hasta septiembre de 2019, y 551 contratos de la Cámara de Senadores, firmados a lo largo de la última década, entre 2008 y 2018, en el maco de la investigación abierta para determinar de qué modo se sustrajeron de los fondos de la Legislatura una suma estimada en $1.235 millones mediante una operación de triangulación a través de “contratos truchos”.

Hasta ahora se hablaba de un mapa hipotético de 350 contratos de personal bajo la lupa de la Justicia. Ahora, se sabe, el número es casi tres veces mayor: 1.003 contratos. Esa información que se solicitó a Diputados y a Senadores, y que ambas cámaras dijeron que van a evacuar, de momento no ha llegado a la Fiscalía.

La causa está caratulada “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”, y en un primer momento llevó a prisión a cuatro personas:  Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo,  Hugo Mena y Alfredo Bilbao. Los cuatro con prisión preventiva por cuatro meses. Luego, se sumaron los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, y Roberto Ariel Faure. Más tarde, Aguilera, Cardoso y Almada. Este último no fue parte de la audiencia por cuanto tiene el beneficio de prisión domiciliaria por 10 días por el nacimiento de su hija; Cardoso, en tanto, la Justicia le impuso prisión preventiva por 90 días bajo la modalidad domiciliaria.

Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, aquellos cuatros, más  Hugo Luna (ya fallecido),  María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra,  Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.  Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de $4.500 cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000” por contrato.

“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas. Los contratos eran firmados, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, dice el escrito de la Procuración.

Esta detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, Pérez, por el Senado, y Cardoso, por Diputados. Al respecto, mencionaron a Juan Domingo Orabona, director Administrativo Contable del Senado entre 2007 y 2011; Gustavo Pérez, director Administrativo Contable del Senado desde 2011; y Sergio Cardoso, director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados.

 

Ellos “tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas Cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos y en el último período, de generar la apertura de las cuentas sueldo de los contratistas y las transferencias para el pago de los honorarios”, se expuso.

 

También se indicó que, luego de los libramientos por parte de los servicios contables, los cheques eran entregados a Mena y Beckman, “quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza”.

 

En este grupo, se señala a Esteban Angel Alberto Scialocoomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartín, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Veronica Caíno, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla y Hugo Luna.

 

“A las personas del círculo de confianza que operaban como cobradores de cheques, se los hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem 64 de Paraná o hasta la tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87”, se puntualizó.

 

En esos sitios, los sindicados repartían los valores para su cobro, el que se efectivizaba en distintas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos, preponderanemente en la de la esquina de Urquiza y San Martín, la casa central de Monte Caseros y 25 de Mayo y la sucursal de calle Malvinas.

 

“Luego de percibidas las respectivas sumas de dinero en el banco, éstas eran entregadas” a las personas sindicadas, quienes “aguardaban en los referidos puntos de entrega y les pagaban a los cobradores alrededor de 200 pesos a cambio de la percepción de cada cheque”.

 

En la resolución se menciono que en 2017 se bancarizaron algunos de los contratos referidos, especialmente los del Senado, a través de la apertura de cuentas sueldo a los contratados, quienes recibieron las correspondientes tarjetas de débito.

 

Los plásticos, “pese a ser un instrumento personal, eran retenidos por Beckman, Mena y otras personas de la asociación, previa entrega por parte de sus titulares, para efectuar directamente el cobro de los honorarios en sucursales de diversos puntos del país”.

 

Posteriormente, el dinero resultante era entregado a Pérez, Cardoso, Bilbao y Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera. “Bilbao era quien recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducción de gastos de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas”, marcaron los fiscales.

 

A su vez, la gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos contratistas, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación”.

 

Los fiscales pudieron determinar que los pagos se efectuaban a través de la terminal Nº 3.472, correspondiente a la sucursal Nº 3.469 de Entre Ríos Servicios, emplazada en el propio Estudio Integral Asesoría de los tres primeros contadores mencionados.

 

“Dichas tareas, en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Krapp, el corredor inmobiliaro Renato Mansilla, los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, estos tres últimos también miembros de Integral Asesoría”.

 

También se pagaban esas labores con “contratos con la Cámara de Senadores de la Nación en favor de Falco y Mansilla, suscriptos por el senador nacional Pedro Guillermo Guastavino”, indicaron los fiscales.

 

Según la resolución, Bilbao también se encargaba de “participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Pérez y a y Jorge Enrique De Breuil, empleado de planta permanente del Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Senado de la Nación por Guastavino, de una parte del dinero resultante”.

 

“Los tres -sostuvieron los fiscales- aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes invesiones inmobiliarias y agricolo-ganaderas”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.