Por Ignacio González Lowy (*)

El gobierno nacional y, en coordinada sintonía, los gobiernos provinciales, han profundizado el embate contra la educación pública en el país. Su correlato, la avanzada discursiva y mediática a favor de la educación privada, agrega condimentos inesperados que enturbian aún más el debate abierto.

La embestida del gobierno nacional (con el acompañamiento de los gobiernos provinciales) no es novedosa ni original. Nos podríamos remontar a la última dictadura y desplegar los incontables modos en que se atacó y persiguió a docentes, intelectuales y estudiantes, para socavar los cimientos de la escuela y la universidad públicas del país. Podríamos detenernos largamente en la Ley de Transferencia Educativa y la Ley Federal de Educación (1992 y 1993, respectivamente, primer gobierno de Menem), por medio de las cuales el Estado Nacional se desligó del sostenimiento de la escuela pública, transfiriéndolo a las provincias, sin revisar presupuestos y coparticipación como para que esta medida no significara un abrupto desfinanciamiento. Podríamos señalar el modo en que todos y cada uno de los gobiernos que se sucedieron encontraron distintas formas de limitar la inversión en educación pública y, dentro de la misma, en el salario de los docentes.
De todos modos, es un hecho que tanto simbólica, política como materialmente, este camino se ha profundizado en los últimos meses. El gobierno de Macri parece haber asumido el conflicto con los docentes como la madre de todas las batallas. Busca, sostiene el antropólogo Pablo Semán, una derrota “ejemplar” como la que la “Dama de Hierro” Margaret Tatcher propinó a los mineros ingleses a mediados de los ‘80s.

Apunten contra la escuela pública


Como dijimos, la embestida no empezó hace dos meses. De hecho, entre los docentes cuesta digerir aún la referencia engañosa, falsa y estigmatizante proferida por la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por cadena nacional en pleno discurso ante la Asamblea Legislativa, en marzo de 2012, cuando sostuvo que trabajan 4 horas por día y tienen 3 meses de vacaciones.
Más allá de esta continuidad, es innegable a esta altura que el gobierno nacional ha definido profundizar el ataque contra la escuela pública en general y sus docentes en particular. Los amañados resultados de los exámenes del Operativo Aprender (que no dicen nada que no sepamos pero ocultan todo lo que el gobierno no quiere reconocer); la intentona de convocar a “voluntarios” para reemplazar a los docentes en huelga, como si no hiciera falta nada más para ser maestros que tener ganas y tiempo libre; la anulación de un plumazo de la paritaria nacional docente prevista por ley y la descalificación de todas las protestas resultantes de esta decisión como “políticas y partidarias”; la orquesta de medios afines al gobierno que han tomado como tema de moda exaltar las bondades de la educación privada; hasta los últimos exabruptos del presidente Macri considerando que asistir a la educación pública es una condena en la que uno “cae” porque no tiene más opción; son demasiada cosa junta como para ser una inocente casualidad.

Desprestigiar para privatizar


Caer en la escuela pública, como se cae en el pecado, en el error, en el infierno. Caer, según la RAE: “moverse de arriba abajo”, “perder el equilibrio hasta dar en tierra…”, “descender de un nivel o valor a otro inferior o menor”.
Como en los ‘90s lo hicieron con los trenes, el correo, el teléfono, las rutas, los servicios públicos elementales; ahora vienen por la escuela pública. La receta es conocida: el servicio es pésimo y esto es por culpa del elefante inservible, gastador, lento, burocrático, del Estado. Ataquemos al Estado, libremos a las fuerzas contenidas de la competencia y el mercado, y los melones se irán acomodando en el cajón por su propio peso.
Hoy el culpable elegido no es el Estado, ya que en este caso nadie discute su supuestamente indelegable intervención. Entonces, hay que buscar por otro lado. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, expresó el pasado 16 de marzo (en entrevista con el diario La Nación) que “la educación pública no da para más”, y acusó a los gremios de privatizar de forma encubierta (“de hecho”) la educación. Según afirman los funcionarios del gobierno nacional, cada vez más familias eligen la escuela privada para sus hijos como consecuencia de las huelgas docentes.
Una vez más, la receta es simple y previsible. Las discusiones salariales con los representantes gremiales de los trabajadores de la educación, desde hace muchos años, son pateadas por los gobiernos nacional y provinciales hasta febrero o marzo de cada año. Así, con el inicio del ciclo lectivo como espada en la nuca, los docentes son obligados a discutir bajo presión. Si no hay acuerdo, aunque sea por migajas, y deben recurrir a la huelga como última opción (frente a gobiernos acostumbrados a ningunear todas y cada una de las formas de reclamo que no incluyen el paro de actividades), serán puestos en el blanco del discurso oficial y mediático: “toman a los chicos de rehenes”, “no se les ocurre otro método de lucha que no sea el paro”, “no les interesa nada más que el salario”, “no quieren trabajar”…
Mientras tanto, en la provincia gobernada por Bordet, las escuelas se vienen abajo por falta de inversión (salvo excepciones, unas pocas escuelas –mejor si son céntricas- en las grandes ciudades, que sirvan para ser mostradas en las publicidades oficiales), las partidas de limpieza son insuficientes y llegan tarde, lo mismo ocurre con las de comedores, las condiciones laborales de muchos docentes son inestables y precarias, los salarios, injustos y pauperizados, se cobran mal y tarde y sí, en este escenario, no cuesta mucho trabajo de argumentación y retórica construir la imagen de que la educación pública está en crisis.
Que Mauricio Macri desconoce la realidad de la escuela pública es algo inocultable. Es egresado (como prácticamente todos los funcionarios que lo rodean) de uno de los más caros colegios privados de Buenos Aires y anotó a su hija Antonia en un jardín cuya cuota mensual es superior al sueldo básico de un docente de la misma ciudad. Desconoce las raíces del conflicto del mismo modo en que no tiene la menor idea de cuánto cobran los jubilados nacionales.
Ahora bien, las políticas privatistas que lleva adelante no son ingenuas, antojadizas ni casuales; y eso sí que es más preocupante.

La educación según las leyes del mercado


El resultado del Operativo Aprender asegura que los alumnos de las escuelas privadas aprenden mejor que los de las públicas. Además, tienen más días de clase porque allí la mayoría de los educadores no se pliegan a las huelgas ni a las asambleas. Que las escuelas privadas se modernizan y las públicas no porque en estas últimas a los docentes no les interesa nada más que discutir salario. Éstos son los argumentos centrales de la campaña privatizadora de la educación pública.
Así, el gobierno reduce lo que llama calidad educativa a sinónimo de cantidad de días de clase, mientras genera las condiciones para que la huelga sea inevitable. Así, el mismo gobierno que desfinancia los planes nacionales de refuerzo cultural y educativo (con sus centros de actividades juveniles e infantiles), desmantela el plan Conectar Igualdad, recorta presupuestos de las universidades nacionales y contratos de docentes e investigadores; machaca con el discurso de la crisis de la educación pública pero identifica como culpables a los trabajadores y sus sindicatos. Así, el mismo gobierno que subsidia la educación privada de colegios que cobran cuotas infladísimas, que deberían generar superávit de taquito, argumenta que si no pone plata allí la debería poner en las escuelas públicas a las que concurrirían los estudiantes de las privadas si éstas no existieran. O sea: financia la supuesta desigualdad educativa que en sus discursos denuncia.
En realidad, el verdadero motivo por el cual a estos gobiernos les interesa que crezca la educación privada y se achique la pública es que, con la lógica empresarial que prima en los colegios y las universidades particulares, allí se garantiza el desconocimiento casi total de los derechos laborales de los trabajadores de la educación. No es sólo que “no pueden hacer paro porque los rajan”. En muchos casos, no pueden incidir en los contenidos y las problemáticas que trabajan en el aula, no pueden discutir los programas y propuestas educativas institucionales, no pueden desafiar el orden instituido desplegando iniciativas como los proyectos de educación sexual integral (que en distintas escuelas públicas sí se promueven), no pueden enfermarse porque al año siguiente no les renovarán sus contratos, no pueden, en definitiva, desarrollar y disputar el rol que los constituya como trabajadores de la educación más allá de lo que le adjudican a dicha función los idearios más conservadores y tecnócratas.
La escuela pública resiste


No hay embate contra la educación pública que no genere resistencia y lucha. Como en los ‘90s, como en cada oportunidad que fue necesario, los docentes y estudiantes se organizan para enfrentar esta nueva embestida.
Más allá de los oportunistas de turno que quieren llevar agua para sus molinos electorales con esta pelea justa, masiva y federal, la marcha que el miércoles pasado congregó a medio millón de argentinos y desbordó la Plaza de Mayo en Buenos Aires es sólo una expresión (imponente e impactante, pero sólo una) de esta pelea. Y, si a algo están acostumbrados los docentes argentinos, es a dar peleas duras y largas.
Pero la escuela pública no resiste sólo en las calles, en las huelgas y asambleas. Resiste también cuando los docentes y directivos discuten horizontal y democráticamente cómo enfrentar los problemas cotidianos y estructurales que efectivamente aquejan a la educación; aunque los medios masivos y los funcionarios de gobierno no se hagan eco ni registren estos debates y reflexiones. Resiste cuando en tantas escuelas se despliegan recursos para ir a buscar hasta a sus casas a los alumnos que abandonan y para que el vínculo con las familias no se reduzca al acto escolar de fin de ciclo y la entrega de libretas. Resiste cuando los maestros les explican a los padres y las madres de sus alumnos que la discusión del salario docente lleva atada consigo la definición de muchos otros salarios y de muchas otras paritarias, y que por eso en esta lucha debería primar la unidad y solidaridad de clase antes que los particularismos y el aislamiento. La escuela pública resiste cuando, aún en las peores condiciones, los trabajadores de la educación buscan y generas instancias de formación novedosas y constantes, incluso (y a veces principalmente) desde sus propios sindicatos.
La escuela pública resiste, en definitiva, cuando sus docentes saben que agachar la cabeza y aguantar lo que venga implica no una sino múltiples derrotas. No es sólo una cuestión “de bolsillo”, por más justa que sea. Es, también, una cuestión de aprendizajes.
O aprendemos juntos de soberanía, valores, participación, democracia y resistencia al autoritarismo; o aprendemos juntos a resignarnos.
Los docentes, en su mayoría, ya hicieron su elección.

 

(*) Licenciado en Comunicación Social. Docente. Especial para Entre Ríos Ahora.