El empresario Jesús “Cuchi” Bustamante es el único arrepentido en la causa conocida mediáticamente como “de la vaca”, en la que se investiga el direccionamiento de contrataciones de publicidad en vía pública y el pago de coimas en la última etapa del gobierno de Sergio Urribarri, entre 2010 y 2015.

En este expediente, en mayo de 2018 la Justicia condenó al empresario Bustamante en un juicio abreviado a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, el pago de una multa de $90 mil, en 6 cuotas de $15 mil, y la realización de tareas comunitarias durante dos años, un total de 96 horas por año.

Pero no fue todo. Luego de la condena, la Fiscalía de Estado le reclamó a Bustamante un desembolso millonario por el daño causado al Estado. Finalmente, el arrepentido ofreció pagar, en una sola cuota, la suma de $4.800.000. A fines de julio, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, informó que se accedió al acuerdo dado que se recuperaba dinero del Estado.

Ahora, el Boletín Oficial de Entre Ríos publicó el acuerdo alcanzado entre el Estado y el empresario condenado por la Justicia. En el boletín del miércoles 28 de agosto se encuentra el decreto N° 1264 por el cual el gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Gobierno Rosario Romero aceptaron el acuerdo transaccional.

El decreto reseña que Bustamante fue condenado en el marco de un juicio abreviado donde reconoció su culpabilidad, y que tras ello “surge en cabeza del Superior Gobierno de Entre Ríos el crédito respectivo por la suma de dinero correspondiente a toda aquella publicidad que abonó el Estado provincial a Bustamante y este no hizo”.

Enseguida, se explica que para calcular el monto del perjuicio provocado al Estado, se tuvo en cuenta el informe de la contadora técnica del Ministerio Público Fiscal, Victoria González Brunnet, la cual teniendo en cuenta  el informe de los peritos fotógrafos que determinaron que existían fotomontajes, imágenes adulteradas al momento de la rendición de la publicidad “hizo una estimación del monto comprometido por Bustamante el cual ascendía según sus cálculos a la suma de $3.735.536,68”.

“Que consecuentemente –se agrega en el decreto-  el Superior Gobierno de Entre Ríos tiene el derecho -en expectativa- a exigirle al señor Bustamante por la vía judicial o extrajudicial pertinente el monto de dinero correspondiente a la publicidad oportunamente contratada y no efectuada. La expectativa estaría dada por el hecho de que -en caso de demandar civilmente- debería el Superior Gobierno acreditar en sede civil mediante la realización de sendas pericias tanto fotográficas como contables qué publicidad se hizo y cuál no, para lo cual los expertos deberían tener en cuenta las publicidades contratadas, ignorándose cuál sería el resultado de dichas pruebas periciales, ya sea en cuanto a la materialidad de su realización y a los montos involucrados”.

Tras lo expuesto, se consideró favorable a los intereses del Estado provincial  proceder a la aceptación de la propuesta de pago elevada por Bustamante a Fiscalía de Estado, “consistente en un pago único, global y total -salvo honorarios-, mediante depósito y/o transferencia en la cuenta corriente Nº 9035/1 del Nuevo BERSA de titularidad del Superior Gobierno, de pesos cuatro millones ochocientos mil ($ 4.800.000), en concepto de capital e intereses por los daños y perjuicios irrogados al Estado Provincial”.

Juan José Bustamante (acuer… by Entre Ríos Ahora on Scribd

La causa

El juicio de la “causa de la vaca” iba a comenzar el lunes 29 de julio pero fue suspendido debido a la imposibilidad de asistir a las audiencias por parte del abogado Emilio Fouces y Marcos Rodríguez Allende, quienes alegaron problemas de salud.

El curioso nombre mediático de la causa se debe a que en la investigación se comprobó una burda falsificación de certificación callejera de publicidad: las empresas contratadas hacían un fotomontaje para certificar ante el Ministerio de Comunicación que realizaban la publicidad por la que fueron contratadas. La treta se descubrió porque en las fotos que presentaban siempre aparecía la misma vaca.

El debate oral y público aún no tiene nueva fecha, pero de todos modos más tarde o más temprano sentará en el banquillo de acusados al exmandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados y otros imputados. El Tribunal de Juicio está compuesto por Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola.

El único que no llegará a esa instancia es el empresario Bustamante, quien accedió a un juicio abreviado a mediados de mayo de 2018, en el que admitió haber pagado coimas para participar del negocio del reparto de publicidad oficial callejera durante la administración de Urribarri como gobernador y de Pedro Báez como ministro de Cultura y Comunicación.

Los retornos o coimas se los pagó a empresas que el Ministerio Público Fiscal adjudica al actual secretario del bloque de senadores del peronismo, Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.

Bustamante llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía a través de su abogado Gastón Rosemberg, al aceptar su participación en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública.

El 24 de mayo de 2018, el juez de Garantías convalidó el acuerdo del empresario con la Fiscalía, y lo condenó a una pena de prisión condicional de dos años y ocho meses, el pago de una multa de $90 mil, en 6 cuotas de $15 mil, y la realización de tareas comunitarias durante dos años, un total de 96 horas por año.

Ese acuerdo de condena fue a cambio del levantamiento del embargo que pesaban sobre sus bienes, medida que había dictado el 2 de febrero de 2018 el juez de Garantías José Eduardo Ruhl. De ese modo, el empresario zafó de llegar a un juicio con un pedido de pena mucho más duro: 7 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La Fiscalía estableció que entre 2010 y 2015 se contrató un monto de $24 millones por publicidad en la vía pública, que se distribuyó entre las empresas Tep SRL y Next SRl -ambas se adjudican a Aguilera- y las firmas de Jesús Bustamante, en Paraná, y de Hugo Montañana, en Concepción del Uruguay. La imputación fiscal que admitió Bustamante dice que la mitad de ese monto, es decir $12 millones, fueron certificados de forma trucha.

Además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel.

Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.