Las autoridades del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) podrían quedar nuevamente denunciados por incumplimiento de una sentencia judicial que ordenó dar prestaciones a un niño con discapacidad, cuyos padres debieron transitar el camino de los Tribunales tras la demora de la obra social en darles respuesta.

Ahora, se conoció una resolución de la jueza de Garantías Elisa Zilli, que si bien rechazó el pedido del abogado Ramiro Pereira, representante legal de Gustavo Feser, quien actúa en nombre de su hijo, para aplicar a Iosper una serie de multas por incumplir un mandato judicial de junio último. En vez de eso, la magistrada resolvió poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal la situación irregular de Iosper ante, dice la resolución, “la  presunta comisión del delito de desobediencia judicial”.

Feser inició las demandas contra la obra social en 2007, y desde entonces ha venido batallando para lograr que Iosper dé cobertura plena para su hijo. En junio de este año, la jueza Zilli acoge favorablemente un amparo y ordena a Iosper dar cobertura de cuidador domiciliario y enfermería, mandato que la obra social incumple.

El papá comenzó a pagar de su bolsillo cuidador y enfermero, y fue a Iosper a que le reembolsen lo gastado. Pero la obra social demoró demasiado los pagos. Y por eso el abogado de Feser decidió acudir a la jueza que había acogido favorablemente el amparo para que le imponga multas a la obra social.

Pero en vez de eso, la jueza Zilli decidió correr traslado a la Fiscalía para que evalúe la posible comisión del delito de incumplimiento de sentencia.

Otro caso


El presidente  del Iosper, Fernando Cañete, ya fue denunciado penalmente por su negativa, así se señala en el escrito que presentó en la Justicia el abogado Ramiro Pereira, a cumplir una orden de una jueza de Familia, que pidió que una menor, que está en juicio de filiación, sea inscripta como “adherente” a la obra social en la que su presunto padre es afiliado titular.

Una mujer, cuyas iniciales son SMR, inició el 1° de agosto de 2017 una demanda por filiación contra quien entiende es el padre de su hija, EGR. El demandado, JEA, es afiliado al Iosper. La causa se tramita en el Juzgado de Familia N° 4, a cargo de la jueza Claudia Lafferriere.

El 20 de diciembre del año último, la magistrada dictó una resolución a través de la cual ordenó a la obra social de la provincia que incorpore “provisoriamente a la menor EGR como afiliada adherente del señor JEA”. El oficio respectivo fue enviado al presidente de Iosper, Fernando Cañeta, el 27 de diciembre, con la orden judicial.

Claro que esa denuncia penal naufragó: el fiscal Álvaro Piérola resolvió desestimar la denuncia, y mandó al archivo el escrito.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.