Ahora el juez Carlos Rossi está en boca de todos. El 1° de julio de 2016 firmó una resolución contra todos los diagnósticos y recomendaciones: puso en libertad a Sebastián Wagner, a quien ahora se sindica como el femicida de la estudiante Micaela García, en Gualeguay.
Una semana después de la desaparición de la chica, el sábado 1° de abril, arrecian los pedidos de enjuiciamiento al magistrado, que ocupa el Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú hace 17 años: desde 2000, nombrado por el entonces gobernador, el radical Sergio Montiel.
Rossi actuó con criterio propio, sin atender recomendaciones técnicas del fiscal Lisandro Beherán, ni el de su propio equipo técnico, menos las recomendaciones del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
No es, claro, el único caso en que la Justicia queda acorralada. En 2000 ocurrió un caso escandaloso del que, parece, los magistrados de Entre Ríos no han tomado debida cuenta.
Leonardo Fornerón, un hombre que vive en la ciudad de Rosario del Tala, se enteró que había sido padre de Milagros cuando ya era demasiado tarde.
Milagros nació el 16 de junio de 2000, en una clínica privada de Victoria, fruto de su relación con Diana Elizabeth Enríquez. Vivió a la beba una vez, la primera vez, en un hotel, rodeado de funcionarios judiciales, pocos minutos la vio.
Milagros fue dada en adopción a un matrimonio de Buenos Aires apenas 24 horas después de haber nacido, en un trámite irregular que realizó un funcionario judicial un sábado, en la misma clínica privada donde se produjo el alumbramiento. Ningún planteo del padre en procura de hacer valer sus derechos tuvo acogida favorable en los tribunales de Entre Ríos, y por eso acudió a un tribunal supranacional. Pero todo eso, la paternidad, el reclamo, una sentencia a su favor, ocurrieron en un tiempo largo, muy largo: más de una década.

Recién pudo volver a su hija cuando su caso salió de los Tribunales de Entre Ríos e intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado argentino, entre otras cosas, a posibilitar el reencuentro de padre e hija, separados a partir de desacertadas resoluciones de la Justicia de Entre Ríos.
El caso había llegado primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010, que a pesar de las recomendaciones, no consiguió que el Estado nacional resolviera la situación del reclamo formulado por Fornerón: que se permitiera ver a su hija. “La niña fue entregada por su madre en guarda preadoptiva a un matrimonio sin el consentimiento de su padre biológico, quien no tiene acceso a la niña, y el Estado no ha ordenado ni implementado un régimen de visitas a pesar de las múltiples solicitudes realizadas por el señor Fornerón a lo largo de más de 10 años”, planteó aquel fallo de la CIDH.
Pero antes de desembarcar en la Corte Inteamericana, transitó por despachos judiciales de la provincia, sin suerte.
Fornerón tuvo una relación corta con la madre de Milagros y no supo del embarazo sino cuando habían transcurridos cinco meses de gestación. Pero cuando procuró conocer si era el padre del hijo por nacer, la mujer se lo negó. Ambos vivían entonces en Rosario del Tala, pero el nacimiento, ocurrido el 16 de junio de 2000, se produjo en un sanatorio privado de Victoria, a 100 kilómetros de distancia. La mudanza para dar a luz no resultó un dato menor.
Milagros había nacido el viernes 16 de junio de 2000, y al día siguiente, sábado, se labró un acta de adopción en la clínica adonde vio la luz de este mundo. Un defensor suplente, Julio Ramón Francisco Guaita, luego promovido a secretario del Juzgado de Instrucción de Victoria, avaló la entrega de la beba a un matrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un procedimiento que dejó entrever acuerdos previos. El trámite se cumplió un día sábado, inhábil para la Justicia.
Sólo cuando la madre regresó a Rosario del Tala, le confirmó la paternidad a Fornerón. El 3 de julio de 2000, 17 días después del nacimiento de Milagros, Fornerón y Enríquez comparecieron ante la Defensoría de Pobres y Menores de Rosario del Tala. Allí, Fornerón se interesó por el reconocimiento de paternidad de la niña, que ya no se encontraba en Entre Ríos. El 4 de julio de 2000, comunicó a la Defensoría de Menores su preocupación por el paradero de la niña, así como por su estado de salud, y el día 18 se presentó en el Registro Civil y reconoció legalmente a su hija Milagros.
Mientras, se hizo una presentación ante el juez de Instrucción de Rosario del Tala, Daniel Olarte, ante la presumible comisión del delito de supresión de identidad, preocupación que el magistrado desechó de plano, y el 4 de agosto archivó el caso. Luego de la apelación del Ministerio Público Fiscal, la Cámara del Crimen de Gualeguay le ordenó a Olarte continuar con las actuaciones. Pero en enero de 2001 Olarte llega a la misma conclusión, la Cámara confirma su decisión, y la investigación por supuestas irregularidades en el trámite de adopción quedan en nada.
Antes, el 1º de agosto de 2000, el matrimonio que tenía en custodia a Milagros se presentó ante el juez Civil y Comercial de Victoria, Raúl del Valle, y solicitó la guarda judicial de la nena. El 28 de agosto de 2000 la Defensoría hace saber al juez del reconocimiento de Fornerón de su hija, y además es puesto al tanto de la investigación en Rosario del Tala por la presunta comisión de un delito en el trámite de adopción.
El 18 de octubre, Fornerón pidió al juez Del Valle la interrupción del proceso de guarda judicial, y que Milagros le fuera entregada en guarda provisoria. El 13 de noviembre de 2000 se dispuso la práctica de una prueba de ADN, que confirmó la paternidad de Fornerón. El 14 de febrero de 2001, el padre pide nuevamente al juez la interrupción de la guarda y la restitución de la niña.
Antes de decidir nada, el juez de Victoria ordena un informe a un perito psicólogo. Ese informe, que fue parcial, concluyó que “sería sumamente dañino psicológicamente para la niña el traspaso de la familia a la que reconoce […]a otra a la que desconoce, y que el alejamiento de la niña de sus afectos y de su ambiente sería sumamente traumático”. El 17 de mayo de 2001 el juez Del Valle otorgó la guarda de Milagros al matrimonio oriundo de Capital Federal.
Aún cuando Fornerón siguió batallando en la Justicia, todas las puertas se le fueron cerrrando.Fornerón acudió por fin a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aconsejó al Estado argentino atender la petición del padre, y como no hubo reacción, las actuaciones llegaron a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que empezó a actuar el 29 de noviembre de 2010.
El 27 de abril de 2012, la CIDH falló sobre el caso. Y dijo, entre otras cosas, que el proceso de guarda judicial “violó el derecho del señor Fornerón y de su hija a ser oídos en un plazo razonable”, y que la demora en el proceso y el transcurso del tiempo “constituyeron un fundamento determinante para que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos resolviera, alegando el interés superior de la niña, que la guarda judicial que posteriormente culminó en la adopción de Milagros debía ser en favor del matrimonio” de Capital Federal.
“Con base en todo lo anterior, la Corte Interamericana concluye que las autoridades judiciales a cargo del proceso de guarda no actuaron con la debida diligencia y por ello el Estado violó el derecho a las garantías judiciales” en perjuicio de Fornerón y su hija.
La sentencia de la Corte no sólo condenó al Estado argentino a “establecer de manera inmediata” una vinculación efectiva entre padre e hija, y a informar en un plazo de tres meses respecto a cómo se cumplió ese paso; también lo conminó a establecer las responsabilidades de los funcionarios judiciales provinciales que actuaron, quienes además deberán someterse a un plan de formación y estudio respecto de cómo administrar bien justicia en casos que involucren a menores. Asimismo, la Corte Interamericana ordenó capacitar a jueces de Entre Ríos en fallo por adopción irregular.
Una década después, en 2010, Fornerón empezó el proceso de “revinculación” con su hija, pero la chica, ya adolescente, tenía una vida hecha en otro lugar, con otra familia.
El juez Del Valle, que le negó el proceso de revinculación con su hija a Fornerón, se jubiló con todas las garantías en 2016; también se jubiló el juez Olarte, el magistrado que archivó la denuncia del papá por el trámite irregular de la adopción; el defensor Guaita, el mismo que protocolizó un trámite de adopción un día sábado, en una clínica privada, ahora es secretario del Juzgado de Transición y Garantías de Victoria.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.