La Cámara de Casación Penal denegó la concesión de la impugnación extraordinaria presentada por los defensores del exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, y del exministro de Cultura y Comunicación y hoy diputado provincial Pedro Báez, contra la resolución de ese tribunal que el 14 de mayo último había considerado inadmisible un planteo contra la decisión del juez de Garantías José Eduardo Ruhl, más tarde confirmada por el camarista Daniel Julián Antonio Malatesta, de embargarle los bienes en un monto de $26 millones. La medida se adoptó en el marco de  una causa que investiga la distribución irregular de publicidad oficial a empresas ligadas a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.

Parece la historia sin fin.

Hay una causa judicial de fondo que va camino a poner al exgobernador y al exministro al filo de sentarse en el banquillo de los acusados. El 22 de este mes será la audiencia de remisión a juicio de una causa que investiga el reparto de publicidad oficial en vía pública entre los años 2010 y 2015, por un monto de $24 millones, entre un pool de cuatro empresas, dos de ellas -Tep SRL y Next SRL- ligadas al cuñado Aguilera; las otras dos, son Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay; y Jesús Bustamante, de Paraná, cuyo titular zafó mediante un proceso de juicio abreviado, en el que admitió haber pagado coimas.

El jueves 1° de febrero, los fisales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga el negocio del reparto de publicidad vía el pago de sobornos, y que salpica, primariamente, a Urribarri, Báez y Aguilera, pero que compromete socios de las firmas Tep SRL y Next SRL, a los empresarios que participaron de ese negocio y a la familia del cuñado del exGobernador. La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.

El escrito, que llegó a manos del juez Ruhl,  incluyó el embargo y la inhibición de bienes para todos los involucrados en esa causa. El magistrado acogió favorablemente el embargo, y eso derivó en una seguidilla de recursos de apelación de los defensores de Urribarri, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez,y de Báez, Ignacio Díaz y José Velázquez. El último planteo fue en Casación, donde el reproche no sólo fue planteado por los defensores de Urribarri, Báez y Aguilera.

En la causa, están Barrandeguy,  que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.

A Casación fueron, además, Rosenberg, Cullen y Vartorelli.  En todos los casos, haciendo reserva del caso federal, con lo cual luego del pronunciamiento de Casación, irán al Superior Tribunal de Justicia (STJ), y, más tarde, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De forma unánime, los jueces Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti rechazaron el recurso de casación, en un dictamen que señala que “no nos encontramos ante una resolución pasible de ser recurrida a través de los remedios procesales intentados, por no revestir ninguna de las calidades necesarias para ello, habiéndose cumplido  con la doble conformidad judicial, por lo que, a nuestro juicio, corresponde declarar inadmisibles los recursos interpuestos, con costas a cargo de las partes recurrentes”.

Casación también rechazó “in limine” la recusación que presentó contra la vocal Marcela Badano, integrante del tribunal, el abogado Ignacio Díaz, defensor de Pedro Báez.

El mismo tribunal se expidió este lunes 4 de junio respecto de la impugnación extraordinaria presentada por los defensores no sólo contra el rechazo al reproche sobre los embargos, sino respecto de la recusación hacia la camarista Marcela Badano.

El 21 de mayo, Raúl Barrandeguy, José Candelario Perez, abogados defensores de Urribarri, e Ignacio Esteban Díaz, representante legal de Báez, interpusieron impugnación extraordinaria contra la resolución  dictada por  Casación Penal el 14 de mayo, y a traves de la cual se declararon inadmisibles los recursos de casación contra la resolución de los embargos, y además, se rechazó “in limine” la recusación contra la jueza Badano planteada por el defensor del exministro de Cultura y Comunicación.

No conformes con esa resolución, los defensores fueron con una impugnación extraordinaria, que Casación también rechazó. Aunque la vía recursiva no está agotada: quedará ahora la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y como los abogados defensores han hecho reserva del caso federal, también luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras, la causa ingresará en la etapa previa al juicio oral: el viernes 22, el juez Ruhl -cuya recusación fue rechazada pero sobre quien pesa una denuncia por mal desempeño que debe resolver el Tribunal de Superintendencia del STJ– encabezará la audiencia para decidir si el caso va a debate, y Urribarri, Báez y Aguilera se sienta, finalmente, en el banquillo.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.