Durante una jornada extensísima -comenzó pasadas las 9 y concluyó luego de las 15-, se dio la clausura del juicio oral y público que se le siguió al experito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Antonio Vitale, acusado de los delitos de peculado, más el delito de sustracción de armas del Depósito del Poder Judicial para su posterior venta en el mercado ilegal, y también del delito de amenaza simple en un contexto de violencia de género.

La acusación -que varió en los cargos, ya que se retiró el delito de tenencia ilegal de arma de fuego- fue sostenida por los fiscales Fernanda Rufatti, Ignacio Aramberry y Juan Malvasio este viernes, quienes pidieron la pena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo para Vitale, la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y,en caso de ser condenado, que esa sentencia sea comunicada a la Caja de Jubilaciones y Pensiones para que se suspenda el trámite de acogimiento a la jubilación, que ya inició.

La fiscal Rufatti sostuvo la acusación de amenazas en un contexto de violencia de género que profirió Vitali -que ya venía siendo investigado por la desaparición de cuantiosas armas del depósito de Tribunales, que estaban a su cuidado- a una funcionaria policial con quien había tenido una relación. “Durante este debate, se han colectado pruebas más que suficientes para acreditar la materialidad del hecho y la responsabilidad de Vitale”, dijo. El acusado explicó en el debate que “no fueron amenazas, que obró en caliente”, pero Rufatti lo rebatió y sostuvo que “la Fiscalía no tiene dudas de que este exceso constituye una amenaza, seria, justa y de posible realización”.

“Existió asimetría de poder entre ambos”, señaló en relación a Vitale y la víctima. El experito de Tribunales movió sus contactos para que la mujer ingresara a la Escuela de Policía. Y su actitud hacia ella se volvió violenta cuando supo que estaba en una relación de convivencia con otra persona. “Le enviaba mensajes de todo tipo y a toda hora. Entre éstos, uno que decía: ´Vos ya elegiste y jugaste conmigo a dos puntas. No me gusta hacer el papel de boludo, y menos aún de cornudo consciente´”.

“Ya viste cómo pasé del amor al odio, y voy por más”, fue otro de los mensajes que le mandó a su teléfono celular.
Vitale, sostuvo la fiscal Rufatti, tenía la posición de poder y los contactos dentro de la Policía “para poder vigilarla o hacerla vigilar. No la reconoció como una igual”.

 

“Corrupción”


El fiscal Malvasio se centró en la causa del robo de armas judicializadas del depósito del Poder Judicial para su venta en el mercado ilegal. “Esto fue un hecho de corrupción que no tiene parangón”, aseguró. “Se pecularon armas de fuego, que volvieron a la clandestinidad. Y pusieron en peligro a un colectivo social muy grande y lamentablemente, siempre en zonas vulnerables”, agregó. En su defensa, analizó Malvasio, Vitale “en todo momento quiso instalar una teoría conspirativa, que ha quedado desacreditada. Esta teoría conspirativa, la derriban las peritos, el cuerpo de escritura”.

Uno de los testigos que complicó a Vitale fue Mauro Maximiliano Bertoni, un exempleado del Departamento Médico Forense de Tribunales que también estuvo involucrado en el robo y venta de armas judicializadas. En diciembre de 2016, el hombre firmó un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía y aceptó una condena de tres años de prisión condicional, más trabajos comunitarios.

También accedieron a un juicio abreviado Eduardo Ramón Borgogno, que aceptó una pena de tres años de prisión condicional; y Mario López Alonso, que firmó por un año y seis meses de cárcel condicional, ambos acusados de conseguir clientes y gestionar la venta y cobro de las armas sustraídas del depósito del Poder Judicial. Los tres eran la mano de obra que utilizaba Vitale para ingresar las armas que llegaban a su oficina decomisadas por la Justicia al mundo del delito, según la tesis de Fiscalía.

El Tribunal de Juicios y Apelaciones, compuesto por Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke, siguió con atención la jornada de alegatos de este viernes.

Cuando declaró, el 14 de marzo, Bertoni sostuvo que Vitale le proveía de las armas y que él se encargaba de dárselas a Borgogno y López Alonso, quienes después debían venderlas en el mercado ilegal. Luego, cobraba el dinero y le entregaba su parte al experito.

Bertoni contó que las transacciones de armas y dinero se hacían –con total impunidad- a la vista de todos en el edificio de Tribunales de Paraná: según la versión del testigo/condenado, a veces Vitale le daba las armas en la vereda; en otras ocasiones, en la oficina pericial; y de vez en cuando, en la zona del estacionamiento que da a calle Santa Fe. También dijo que en sus comunicaciones se referían a las armas con palabras claves como “pescado” o “lechones”.

Ejemplificó que cuando el experito tenía para entregarle armas, le enviaba un mensaje que rezaba “ya están los pescados” o “ya están los lechones”.

“No teníamos un acuerdo económico; yo le vendía las armas. Si él me decía que un arma salía $3.000, yo las vendía a $3.500, y me quedaba con $500”, dijo Bertoni al inicio de su declaración.
El fiscal Malvasio dijo hoy en su alegato que la investigación penal fue ardua y extensa, en la que “se siguieron muchas líneas investigativas, y todas condujeron a Vitale”. Y agregó: “Vitale ejercía un señorío de todas las armas que pasaban bajo su órbita. Esto quedó acreditado cuando declararon los peritos que trabajaban junto a Vitale”.

La discrecionalidad con la que manejaba las armas judicializadas del Depósito de Tribunales lo marca el hecho de que entregó dos armas de fuego al director de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, Ángel Iturria, para que les sirvieran para dar clases en la Universidad. El dato fue relatado por el fiscal Malvasio. “Vitale hacía lo que quería con las armas: algunas prestó, otras regaló, otras vendió y otras se las quedó para sí”, apuntó.
El dato de cuántas armas salieron del depósito de Tribunales e ingresaron al mercado ilegal todavía no está calculado: ¿200, 300, 400, 500?

Malvasio planteó un modus operandi en cinco puntos:

1) Se sustrajeron armas de Tribunales, de las distintas dependencias del Poder Judicial.

2) Las armas eran sacadas por Vitale de los lugares que se encontraban bajo su órbita.

3) Vitale se las entregaba a Bertoni, que carecía de la condición de legítimo usuario.

4) Bertoni se las entregaba luego a Borgogno y a López Alonso, para que las vendieran.

5) Borgogno y López Alonso las introducían en el mercado ilegal.

 

“No se sustrajeron resmas de papel de Tribunales -comparó-: se sustrajeron armas de fuego, que fueron sacadas con muchísimo sacrificio de la calle, por eso la gravedad de este hecho. Y por eso es un hecho de corrupción sin parangón”.

El fiscal Ignacio Aramberry detalló el modo cómo se sustrajeron las armas de Tribunales que llegaban desde los distintos juzgados de la Provincia. “Estamos en condiciones de decir que Vitale quebrantó el deber cuando no etiquetó las armas y las envió al Renar (Registro Nacional de Armas) y las ocultó en su ´covacha´, que constituía un anexo de su vivienda, porque era la única persona que tenía acceso a la misma”.

“Las armas de fuego son caudales del Estado con valor económico -apuntó-. Bertoni se convirtió en un empresario de la venta ilegal de armas. En ese negocio, Vitale era quien abastecía a Bertoni”.

 

La defensa


Los defensores de Vitale, Iván Vernengo y Damián Petenatti, reclamaron la declaración de inocencia y que se lo absuelva de culpa y cargo.

Vernengo desacreditó la existencia de amenazas en contexto de violencia de género hacia una funcionaria policial por parte de Vitale, dijo que no se acreditó la existencia de “una relación” entre ambos, aunque reconoció que el experito judicial le envió “40 mensajes en 7 días”.

“Conocemos el temperamento del señor Vitale. Es una persona de carácter fuerte”, razonó Vernengo. “Son discusiones acaloradas de quienes tenían una relación por un préstamo de dinero”, añadió.

Respecto del robo de armas, sostuvo que se lo tomó a Vitale como chivo expiatorio de una situación general irregular en el Depósito de Armas del Poder Judicial, y resaltó que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) no ejerció la función de superintendencia y de control sobre esa dependencia.

“Nunca bajaron del STJ a controlar. Jamás”, aseguró el defensor.

Puso en dudas el testimonio del subjefe de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos, Carlos Gabriel Schmunk. “Schmunk dijo que dialogó con Bertoni. Le dijo ‘conmigo no tenés que hablar, hablá con un abogado’. No es la primera vez que este oficial resulta ser el confesor espontáneo en una causa judicial. Todos hablan delante de él en una dependencia policial. Schmunk explicó que Bertoni le dijo: ‘Carlitos, vos sabes quién está detrás de esto: el Viejo Vitale y yo no quiero ir preso con él´.Parece que Schmunk habló con todos”.

También desacreditó el testimonio de Bertoni, a quien calificó como un “falso delator premiado”. “Bertoni fue el único que estuvo detenido en la Alcaldía de Tribunales; todos los demás fueron a la Unidad Penal N° 1. Bertoni nunca fue a la Unidad Penal. Parece que había que tenerlo cerca a Bertoni”.

“Ese delator premiado vino como anillo al dedo a esta causa”, planteó.

Y fue más allá todavía: “No sería descabellado pensar que también habría involucrados funcionarios policiales en la venta ilegal de armas”.

El defensor Petenatti tambiénn fustigó la intervención de Bertoni, exempleado de Tribunales, y desacreditó su confesión respecto a que recibía las armas de parte de Vitale en el mismo edificio de la justicia. “Nunca nadie va entregar armas en Tribunales”, sostuvo el abogado. “La Policía necesitaba que alguien dijera que era Vitale el que entregaba. Y ahí apareció Borgogno”, señaló.

Concluidos los alegatos, el tribunal anunció que el adelanto de la sentenia se conocerá el 13 de abril, a las 12.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.