Las defensas del intendente Sergio Varisco; la funcionaria Griselda Bordeira; el concejal Pablo Hernández; Nahuel Celis; Jonathan Heintz; Alan Viola; Juan Manuel Gómez; y Ramón Ernesto González, pidieron que se dicte la nulidad del auto de procesamiento del juez Federal de Paraná, Leandro Ríos. Así ocurrió en el marco de la causa denominada narcomunicipio, que investiga el financiamiento de la banda que lidera Daniel Tavi Celis.

Los abogados defensores expusieron sus argumentos en una audiencia que comenzó pasadas las 11 y se extendió hasta casi las 15 de este miércoles. Los fiscales Ricardo Álvarez y Carlos García Escalada, por otro lado, refutaron los pedidos de nulidad y reclamaron que se confirme el auto de procesamiento, aunque señalaron algunos cuestionamientos sobre el escrito del juez de primera instancia. Ahora, los jueces Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren tienen diez días para resolver los planteos.

La audiencia de este miércoles sirvió para que las defensas de varios imputados en la causa narcomunicipio, expongan los argumentos en los cuales basan los pedidos de nulidad del procesamiento dictado por el juez federal de primera instancia Leandro Ríos. El recurso defensivo se materializó para varios de los imputados, pero no para todos: en concreto, se pidió la nulidad del procesamiento a Varisco, la de Hernández, la de Bordeira, la de Nahuel Celis, Heintz, Viola, Gómez y González. Sobre este último se dictó falta de mérito en cuanto al delito de “adquiriente” de cocaína, pero no en cuanto al rol que cumplía para financiar la banda. Además de ellos, también están procesados Daniel Celis, Luciana Ernestina Lemos -pareja de Celis, ahora bajo la figura de arrepentida-, Eduardo Humberto Celis, y el ciudadano peruano Wilber Figueroa Lagos.

 

 

En los planteos defensivos, se oralizaron pedidos de nulidad o figuras menos gravosas para los procesados. En algunos casos también hubo solicitud de excarcelación o prisión preventiva domiciliaria.

 

El primero en exponer fue el defensor oficial de la Cámara, Alejandro Castelli, que representa a Nahuel Celis y Jonathan Heintz. El funcionario judicial aclaró que sus pupilos están imputados por el delito de transporte de estupefacientes. Aseguró que “el caudal probatorio es escaso”, y se quejó porque el auto de procesamiento no especifica “fecha y lugar” en que se habría cometido el delito ni quiénes son los supuestos “compradores o receptores” del estupefaciente. El defensor admitió que existen conversaciones telefónicas que involucran a sus representados pero ninguna de ellas indica “un acto concreto” o tiene un “grado relevante”. Por eso solicitó la nulidad de los procesamientos y en consecuencia se dicte el sobreseimiento de sus representados. En caso de que la Cámara confirme la resolución de primera instancia, el defensor oficial pidió que se los procese como cómplices primarios y no coautores. Asimismo, descartó peligro de fuga y reclamó excarcelaciones.

 

Continuó la ronda de exposiciones el abogado Boris Cohen, en representación de Griselda Bordeira. Al igual que su antecesor, señaló que “las pruebas son escasas” en contra de su defendida. Entendió que el escrito de procesamiento tiene “fallas o incongruencias”, y marcó que en los allanamientos no encontraron nada que la vincule a la imputación. También pidió que se la excarcele porque no hay peligro de fuga, y no puede “amedrentar a ningún testigo”. “El peligro de fuga es nulo”, aseguró Cohen y remarcó que se revoque el procesamiento, se dicte la falta de mérito y se la excarcele con un seguro de caución de 30.000 pesos, una pulsera magnética y la comparecencia semanal al Juzgado.

 

Juan Pablo Temón, en tanto, habló por Alan Viola. Solicitó que se revoque el procesamiento y se excarcele a su defendido. Señaló que la imputación es por financiamiento en concurso ideal con Peculado, porque Viola es empleado municipal. “Mi defendido nunca recibió, ni trasladó, ni entregó dinero a ningún coimputado. Además, cuando fue indagado, explicó que a Celis siempre le mintió en las conversaciones telefónicas ¿Qué elementos tenía el juez para decir que mi defendido tenía que llevar 50.000 pesos por mes a Celis?”, preguntó y reiteró el pedido de revocación del procesamiento. Sobre el peculado, el abogado dijo su defendido “no era funcionario sino empleado de Tránsito municipal”; acusó que la prisión preventiva que se le aplicó es “ilegal, irrazonable e injusta” por lo cual pidió el arresto domiciliario comprometiendo comparecencia “diaria a la comisaría”.

 

Los abogados Milagros Serra Cullen y Emilio Fouces, defendieron al concejal Pablo Hernández. Se quejaron de la prisión preventiva y de supuestas interpretaciones erradas del juez Ríos para dictar el procesamiento. “El teléfono de Hernández rebotó muchas veces en una zona, por lo cual el juez interpretó que Hernández estuvo muchas veces en la casa de Celis. En realidad, el papá de Hernández vive a pocas cuadras de la casa de Celis. ¿Qué pretendía el juez, que mi defendido no vaya a ver a su papá?”, inquirió Fouces. El abogado también denunció un trato desigual para su defendido, en tanto señaló que al concejal Emanuel Gainza se le dictó la falta de mérito: “Gainza incluso tiene una responsabilidad institucional mucho más grande que Hernández porque es vicepresidente del Concejo Deliberante. Sin embargo, a pesar de haber borrado mensajes de su teléfono se le dictó la falta de mérito y se lo dejó en libertad ¿Quién entorpeció acá la causa?”, advirtió.

 

Foto: Agencia Periodística Federal (APF).

Fuente: Análisis Digital.