El Consejo General de Educación (CGE) recibió un nuevo tirón de orejas de la Justicia por la falta de pago de los sueldos docentes.

En este caso, se trata de una docente de Nogoyá, Iris Araceli Correa, que acudió con un amparo judicial ante la falta de cobro de sus haberes como parte del Programa de Mejora Institucional (PMI), un programa educativo que financia la Nación y que se aplica en las escuelas secundarias.

Ya la Justicia ha fallado contra el CGE por los “errores” de liquidación de sueldos, aunque en ese caso se trató de planteos hechos directamente a la Provincia.

Al respecto, la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) condenó al Consejo de Educación a abonar en tiempo y forma los sueldos docentes que se han liquidado con errores, producto de las complicaciones del Sistema Administrativo de Gestión Docente (SAGE). Y de ese modo marcó el camino que podrían seguir otros reclamos en la Juticia por parte de docentes.

El fallo, que benefició a Sandra Carina Barreto, docente de la Escuela Osvaldo Magnasco, de Victoria, que llegó a la Justicia con un amparo por la falta de pago del sueldo de junio, terminó haciendo un severo llamando de atención a Educación respecto a los así llamados “errores de liquidación”, que puede provocar un efecto cascada.

 

Ahora, en cambio, se trata de un fallo de primera instancia pero que apunta a los planes nacionales educativos, que gestiona la Provincia.

El fallo fue firmado por la jueza Graciela Aída Basaldúa, integrante de la Sala Segunda de la Cámara Segunda Civil y Comercial de Paraná. En su resolución, la magistrada acoger favorablemente el amparo y ordenó al Consejo de Educación a abonar “en el término de cinco días a la actora los haberes reclamados”.

La docente acudió en forma particular, representada por el abogado Ramiro Pereira –que ya ha accionado contra el Consejo General de Educación (CGE) por “errores de liquidación” de sueldos–, y no con la cobertura legal de los asesores de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

Eugenio Medrano, secretario general de la seccional Nogoyá de Agmer explicó que “ya he explicado en un congreso del gremio que no confío en las acciones de los abogados del sindicato, y por eso acudimos a un profesional que es de nuestra confianza, que nos ha conseguido fallos favorables”.

El Programa Mejora es un plan educativo que financia la Nación, pero que registra atrasos en los pagos a docentes, como se verifica en los Centros de Actividades Infantiles (CAI) y los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) y en el pragrama de Finalización de la Escuela Secundaria (Fines).

El abogado Pereira explicó a Entre Ríos Ahora que la jueza Basaldúa, integrante de la la Sala  2 de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná (Cámara Civil y Comercial), actuó como juez de primera instancia, tal como es el ordenamiento en el caso de los amparos.

 

La docente de Nogoyá hizo notar a la Justicia que desde el 19 de abril de 2017 al 31 de julio de 2017 se desempeñó como profesora del Plan de Mejora Institucional  en la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos Luis Agote, de Nogoyá, “no habiendo sido depositado junto con el sueldo de junio de 2017” el salario correspondiente. Y destacó que no encuentra “razón alguna que lo justifique, puesto que tal circunstancia resulta arbitraria e ilegítima y afecta su derecho alimentario, y le impide hacer frente a las erogaciones cotidianas”, según el texto del escrito que presentó en la Justicia.

El STJ ya le ha hecho notar al CGE que no puede escudarse en argumentos burocráticos para no pagar los salarios a los docentes,  “atribuyendo displicentemente el yerro a sus dependientes -como si ninguna vinculación tuviera con los mismos-, siendo que tal circunstancia proviene de las fallas e irregularidades que emergen del sistema de liquidación de haberes escogido por el propio CGE y derivó, en el caso, en la ilegítima privación de la percepción del salario de la actora”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.