El expresidente de la Sociedad Rural Argentina y actual ministro de Agroindustria del gabinete de Mauricio Macri, el entrerriano Luis Miguel Etchevehere, podría verse obligado a devolver el medio millón de pesos que le pagó la entidad ruralista cuando dejó la presidencia y a modo de “resarcimiento”.

En la transición entre su alejamiento de la Rural y su ingreso al gabinete de Macri, Etchevehere consideró necesario que debían pagarle una indemnización los ruralistas. Y entonces exigió que le pagasen un bono tendiente a compensar la pérdida de ingresos que soportó al asumir la función pública. Según publicó La Política Online, fuentes de la Rural cuentan que el pedido se originó por la demora de tres meses en cobrar el primer sueldo que existe en todo cargo político en el Estado y que, aparentemente, el ex presidente de la SRA no está dispuesto a tolerar.

“La solicitud del ministro de Agroindustria llegó a la Comisión Directiva de la entidad que, a diferencia de otras oportunidades, esta vez lo dispuso a votación. Luego de varios días de discusiones y entredichos, el sí se impuso con 14 votos contra 11 del no”, señaló la publicación.

“Así fue como Etchevehere consiguió que la SRA le abone una suma de $ 500 mil (tres sueldos de ministro) en concepto de lo que sería, en términos legales, una especie de bono de ´gratificación´ o ´reconocimiento´ por los cinco años que presidió la entidad”, agrega La Política Online.

 

Cuando se conoció ese hecho, la Oficina Anticorrupción le requirió a Etchevehere la información sobre “una supuesta compensación a su favor que habría aprobado la Comisión Directiva de la Sociedad Rural”.

Según publica hoy La Nación, el 29 de diciembre Etchevehere respondió por escrito que la Sociedad Rural “decidió otorgar en concepto de honorarios por los servicios prestados como presidente saliente de la entidad entre los años 2012 y 2017, la suma de $500.000”. Y subrayó que el pago se hizo efectivo el 16 de noviembre, es decir, una semana antes de que se publicara su nombramiento como ministro en el Boletín Oficial.

Para entonces, unos 26 delegados bonaerenses de la Sociedad Rural manifestaban su “profundo desagrado” por el pago que había forzado Etchevehere en la comisión directiva. Y, en paralelo, la Oficina Anticorrupción enviaba una carta a las autoridades de la Sociedad Rural para que le informara si “existían honorarios pendientes” a favor de Etchevehere, la fecha de pago y si “otras autoridades” de la entidad habían recibido bonos similares.

La nota hundía el cuchillo en el corazón de la polémica. La ley de ética pública prohíbe cualquier “beneficio personal indebido” como motivo de sus funciones.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, había anunciado la designación de Etchevehere el 31 de octubre. Es decir, cuando el 14 de noviembre la asamblea de la Sociedad Rural aprobó el bono, ya hacía dos semanas que se sabía públicamente que era el nuevo ministro de Agroindustria.

En la nota que le envió a la Oficina Anticorrupción, Etchevehere argumentó que el pago había sido “en concepto de honorarios por los servicios prestados”. Pero la Sociedad Rural respondió que a fines de octubre no había “factura pendiente de pago” de honorarios. La última factura por honorarios había sido la número 52, por un total de $195.500. Correspondía al pago por el trabajo de su último mes al frente de la entidad. Cuando renunció, los honorarios ya habían sido liquidados.

El nuevo presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina, contestó el 5 de enero que el bono había sido “una retribución excepcional”. De esa forma, la respuesta de la entidad contradijo los argumentos de Etchevehere. Pero las complicaciones van más allá.

La Oficina Anticorrupción también requirió las actas de la reunión de autoridades de la Sociedad Rural donde se trató y aprobó el pago a Etchevehere. El texto es revelador. El asunto se dejó para el final de la asamblea y en ningún momento se trató como un pago de honorarios, sino como un aporte “excepcional”.

Hubo dos palabras que también llamaron la atención a los funcionarios que leyeron las actas, y se usaron para describir que el aporte se logró aprobar luego de un “extenso debate”. Si la discusión de la asamblea fue ardua, el bono estaba lejos de ser un trámite habitual y su aprobación distaba de ser una mera formalidad.

El problema de la excepcionalidad es que ya no se trata de honorarios sino de un pago especial de medio millón de pesos de una asociación privada a un ministro, quien justamente se encargaría de actuar desde el Estado sobre los negocios del mismo sector productivo de la entidad.

La Oficina Anticorrupción también consultó a la Sociedad Rural sobre los antecedentes, es decir, si el bono era una medida habitual entre las autoridades salientes. La entidad debió retroceder 17 años para encontrar un caso parecido y le envió el detalle de los $115.000 adicionales que le pagaron en 2001 a Carlos Demanis, luego de trabajar 53 años en la Sociedad Rural. La falta de habitualidad también jugó en contra de los argumentos del ministro.

En paralelo al trámite de la Oficina Anticorrupción, una denuncia activó una presentación judicial por el bono de la Sociedad Rural Argentina, que actualmente tiene en sus manos el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Allí, según deslizan insidiosamente en Comodoro Py, Etchevehere no tendría por qué preocuparse.
Esta semana se cumplen los diez días que el ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, tiene de plazo para responder a la Oficina Anticorrupción, que evalúa si el bono de $500.000 que recibió de parte de la Sociedad Rural Argentina colisiona con la ley de ética pública. Solo entonces se conocerá la resolución de la entidad que preside Laura Alonso.

Como ocurrió con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue el encargado de defender a Etchevehere. Descartó que hubiera “incompatibilidad” y lo definió como una “liquidación de su exempleador”. Pero a partir de la documentación llegada de la Sociedad Rural, en la Oficina Anticorrupción la balanza comenzó a inclinarse hacia la publicación de una recomendación para que el ministro devuelva los $500.000.

Etchevehere no sólo debe resolver ese espinoso tema en la Oficina Anticorrupción.

En maro próximo deberá responder en la Justicia entrerriana por una denuncia por administración fraudulenta que hizo su hermana, Dolores Etchevehere. Esa investigación, que encabezan los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra podría incluir también el delito de vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, tal como reveló Entre Ríos Ahora.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.