La foto muestra una escena humillante. La escena ocurrió el 4 de marzo de 1983 en el aeropuerto de Managua, Nicaragua, durante la visita del entonces papa Juan Pablo II, en la primavera del régimen sandinista. El sacerdote Ernesto Cardenal -entonces ministro de Cultura del gobierno de Daniel Ortega- acude a recibir la bendición del pontífice. Se hinca en el suelo e intenta besarle el anillo al Papa. Pero el Papa se lo niega, levanta el dedo en gesto amenazador y le dice: “Antes tienes que reconciliarte con la Iglesia”.

Al año siguiente, el duro Karol Wojtila dio un mensaje a todos los miembros de la Iglesia que habían abrazado la Teología de la Liberación: en 1983, el Papa le aplicó a Cardenal la suspensión “a divinis”, y lo expulsó de la Iglesia. Más de tres décadas después, y con Cardenal enfermo y alejado del régimen de Ortega, el papa Francisco acaba de anunciarle el levantamiento de esa sanción. Lamentablemente, con los abusadores la Iglesia no ha demostrado la misma dureza, ni igual ligereza para actuar, ni ha levantado el dedo acusador como Wojtila con Cardenal.

El tribunal que condenó a Ilarraz a 25 años de cárcel.

El cura Justo José Ilarraz cumple, desde el 21 de mayo de 2018, prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario en un sexto piso de un edificio ubicado en calle Corrientes al 300, en Paraná, a la espera que adquiera firmeza la condena que se le aplicó ese día: 25 años de cárcel al hallarlo la Justicia responsable de cinco casos de corrupción de menores agravada y dos casos de abuso deshonesto, hecho que ocurrieron en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo durante los años en los que el cura ejerció como prefecto de disciplina, entre 1985 y 1993.

Ilarraz, claro, no se conformó con ese fallo. Su abogado, Jorge Muñoz, apeló la condena que le aplicó el tribunal conformado por los jueces Alicia Vivian, Gustavo Pimentel y Carolina Castagno.  Fue a la Cámara de Casación Penal en procura de revertir la condena. El 7 de marzo de 2019 tendrá lugar la audiencia en la que se tratará el recurso de apelación.En junio último, Ilarraz llegó con un recurso de apelación a la Cámara de Casación Penal. Pero como sus integrantes ya han intervenido en la causa, se debió conformar otro tribunal para que analice el recurso que reprocha la condena a un cuarto de siglo de prisión. Estará presidido por el juez de juicio Alejandro Joel Cánepa, a quien acompañarán Cristina Lía Van Dembroucke, jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná con asiento en La Paz, y el vocal Dardo Tortul, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay.

¿Illarraz busca probar su inocencia o que se decrete el olvido?

Fabián Schunk, uno de las víctimas de los abusos del cura Ilarraz en el Seminario de Paraná, espera que la Justicia le dé la espalda a cualquiera de las pretensiones del cura. Porque Ilarraz sigue siendo cura, forma parte del rebaño que pastorea el obispo Juan Alberto Puiggari, el papa Francisco. Nadie lo ha expulsado: no le pidieron un paso al costado. Ni lo apartaron, como Juan Pablo II a Ernesto Cardenal.

El cura Justo José Ilarraz.

“Creo que es muy importante en sentido concreto y también simbólico, que en la nueva instancia a la que se somete la causa ilarraz, el Tribunal confirme de modo unánime la sentencia unánime de culpabilidad del abusador”, dice Schunk.

Y agrega: “Es importante, digo, por diversos motivos. Para confirmar el camino de justicia que las víctimas emprendimos, de modo desinteresado y sin otro fin que el reclamo justo. Para dar una señal clara a todas las víctimas que los delitos de abuso y encubrimiento ya no son tolerados por el sistema de justicia como así tampoco por una sociedad que se anima a denunciarlos. Para seguir siendo referencia a nivel nacional de una infinidad de causas que se abrieron o se reabrieron a partir de esta sentencia ejemplar. Pero más importante, es el valor simbólico de esta sentencia”.

¿Qué valor simbólico tiene el fallo de la Justicia en el caso Ilarraz?

Shunk  lo explica: “Es reafirmar frente a la sociedad y sin importar la influencia de instituciones o personalidades, que el interés de niños y adolescentes es un interés superior, intocable y custodiado por el Estado de Derecho. Que realmente nos importa, como sociedad, una infancia cuidada. Que entrometerse y corromper el desarrollo sexual de niños y adolescentes por parte de cualquier adulto, es una grave violación a un derecho humano fundamental y que en el contexto que nos encuentra hoy la sociedad entrerriana, por los hechos tan tristes que son de público conocimiento, el delito contra un niño y su dolor, tiene que ser atendido sin dilaciones”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.