«Toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado de concentración. La receta podrá indicar además del nombre genérico el nombre o marca comercial, pero en dicho supuesto el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades.»

El 28 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 25.649, que estableció de forma clara: «La libertad de prescripción y de dispensa está garantizada por la elección del principio activo y no sobre especialidades de referencia o de marca». Los laboratorios, claro, hicieron el lobby suficiente como para que esa política sanitaria fuera echada al olvido. El 12 de septiembre de 2016, la actual secretaria de Turismo y Cultura, entonces diputada nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard, publicó una columna en el diario La Nación en la que planteó que la prescripción del genérico «ha quedado desvirtuada por la presión de los laboratorios, que imponen en el mercado medicamentos de determinadas marcas a través del marketing y otro tipo de prácticas, como el lobby empresarial».

En medio del cimbronazo que representó en sus finanzas la fuerte devaluación que siguió a las primarias del último 11 de agosto, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) decidió reflotar esa ley e imponer a sus prestadores la obligación de recetar medicamentos bajo su forma genérica, y no mediante su presentación  comercial. A  través de la resolución N° 1.862, dictada este jueves 26 de septiembre, el Iosper dispuso «priorizar el suministro de medicamentos prescriptos según su nombre genérico, sin mención de marca comercial y medicina basada en la evidencia», en el marco de la declaración de la «emergencia prestacional».

El artículo 2° de esa resolución faculta al presidente de la obra social provincial, Fernando Cañete, a conformar un Comité Auditor de la Emergencia Prestacional, que podrá “disponer un estricto seguimiento y control respecto a precios de referencia de insumos y medicamentos; prescripción de medicamentos por su nombre genérico; sustitución en la dispensación por parte de profesional farmacéutico del medicamento recetado con marca registrada por un medicamento que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica, cantidad de unidades por envase y menor precio”.

El Iosper justificó la emergencia prestacional en el marco de crisis económica que afecta al país “con su consecuente desorden en la ecuación y el equilibrio económico financiero”. Argumenta que “esta situación genera un descontrol del gasto que pone en riesgo la sustentabilidad de los sistemas de salud y consecuentemente la asistencia de nuestros afiliados por las dificultades en la realizacio´n de compras, esto es licitaciones desiertas, actualización permanente de precios e imposibilidad de realizar nuevas compras”.

Da cuenta la norma que los medicamentos han aumentado “sólo en este mes de septiembre de 2019 hasta un 40%, y en las prótesis de hasta un 30% en las nacionales, y hasta un 40% en las de origen importado”. Y que las circunstancias económicas “que se vienen dando en nuestro país desde el año 2016, esto es la devaluación de la moneda nacional y el grave proceso inflacionario, se registra una sensible disparidad entre el ingreso de los recursos con los que cuenta la Obra Social y los gastos que debe afrontar, lo que dificulta el cumplimiento de las prestaciones tal como se encuentran comprendidas” en el Programa Médico Obligatorio (PMO), el piso mínimo de prestaciones que deben brindar las obras sociales.

El presidente de Iosper dijo que la instrumentación de la «emergencia prestacional» -que se extiende hasta el 31 de diciembre- no va a implicar «complicaciones para aquellos afiliados que están recibiendo servicios. Vamos a aclararlo. Lo primero que se puede pensar es que estamos por cortar servicios. De ninguna manera. Lo que vamos a hacer es encauzar el gasto prestacional».

Con un universo de 300 mil afiliados, Iosper es hoy la mayor prestadora de salud de Entre Ríos, pero con un presupuesto acotado a los ingresos provenientes de los aportes y contribuciones de los empleados públicos y del Estado. Los números de la obra social crecen solo cuando hay aumento salarial para los empleados de la Administración Pública. Por eso, y frente a un encarecimiento de las prestaciones, Iosper decidió establecer un corset prestacional que va a afectar a sectores sensibles.  «No se van a autorizar derivaciones si la práctica se hace en la provincia. Vamos a poner en funcionamiento el estricto cumplimiento de que somos una obra social provincial. Solo derivamos si la práctica no se realiza en la provincia», explicó Cañete en declaraciones al programa Informales de Radio Costa Paraná 88.1.

En el caso de los medicamentos, agregó, «vamos a pedir el cumplimiento estricto de la ley nacional: que el medicamento se prescriba por la monodroga, no por el nombre comercial. El profesional que indique un medicamento en función de su marca profesional será evaluado por el comité de emergencia prestacional  para evaluar la situación y determinar la continuidad o no del profesional».

«Esto se trata de encauzar los recursos. Que el recurso no se vaya en otra cosa que no sea la necesidad del afiliado de curarse», planteó Cañete. «Esta decisión no obedece a la crisis económica actual, pero también responde a algo que venimos diciendo. No tiene el mismo valor la salud del año 2008, 2009, 2010, que hoy. Entonces, no existían los medicamentos monoclonales, los medicamentos biológicos, que encarecieron la salud. Hoy para atender patologías crónicas o patalogías oncológicas se utilizados medicamentos costosos que en algunos casos dan resultados, y en otros no. Esto se agrava con la falta de políticas de parte del Estado Nacional, que permite  que a la Argentina ingresen nuevas tecnologías, y que nadie controle;que  ingresen medicamentos y nadie controla».

Cañete se refiere a prescripciones de medicamentos como el Nusinersen (Spinraza) 12 mg/5ml, recetado para casos de atrofia muscular infantil, y que supuso un embargo judicial por 1,2 millones de dólares a la  Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac). Iosper ya tuvo fallos adversos en la Justicia por la prescripción de ese medicamento y el caso lo llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, otra vez enfrenta el pedido de la misma medicación que se cotiza en dólares.

«Nosotros financieramente no estamos complicados. No estamos para decir que entramos en cesación de pagos. De ninguna manera. Lo que decimos es que buscamos generar con esta resolución los anticuerpos necesarios para defendernos, y encauzar el gasto prestacional en atención de salud», apuntó el titular de Iosper. En ese sentido, dijo que van a poner coto a las derivaciones, que van a dejar de cubrir el gasto que supone el acompañamiento de las maestras integradoras para chicos con alguna discapacidad -Cañete sostiene que es obligación del Consejo de Educación- y también que no seguirán accediendo a la cubertura de internaciones de personas en institutos gerontológicos.

«No se vulnera ningún derecho -aclaró-. El espíritu de la emergencia prestacional no vulnera ningún derecho. Todos los afiliados que tengan alguna preocupación, y que necesiten la prestación de salud, la van a seguir teniendo sin ningún tipo de inconveniente».

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.