Por María Emma Bargagna (*)

 

En primer lugar, estamos de acuerdo y celebramos la posibilidad de que Paraná cuente con un Parque Tecnológico. Es una muy buena oportunidad y nosotros, como ningún otro paranaense, podría mostrarse contrario a su instalación.

Pero en lo que no estamos de acuerdo es en el lugar en el que se plantea su emplazamiento por considerar, y así lo explicaré, que esa decisión constituye un grave perjuicio para la ciudad, una decisión contraria al interés general y al bienestar público y en particular, altamente negativa para los vecinos afincados en torno del Parque.

Historia del Parque Nuevo


El Parque Nuevo es un bien de dominio público municipal. Compramos a la fábrica de portland 100 ha. entre todos los paranaenses gracias a la decisión de don H. Cayetano Varisco.

La ordenanza que lo autorizó fue sagaz al prever que si los fondos para pagar el predio no alcanzaban,  la Municipalidad estaba autorizada a lotear y poner en venta una fracción. Es decir,  la posibilidad de loteo fue una medida prevista bajo la condición de no poder pagar el resto.

Pero eso no fue necesario. Se vendieron 8 ha al supermercado Walmart y se pagó el precio íntegro del Parque. Quedaron para el patrimonio común de los paranaenses 92 ha.

Cuando, más tarde, la gestión Solanas tuvo en miras instalar en ese lugar la explotación de aguas termales, el Foro Ecologista y varios miles de paranaenses más, defendieron el predio y se logró que fuera considerado por ordenanza “area natural protegida”, categoría adecuada que permitió la belleza con la que hoy contamos todos.

La gestión Halle mandó intervenir el Parque con máquinas de gran porte y tras la idea de hacer allí actividades y obras contrarias al destino de uso del Parque.

Fue entonces que cientos de paranaenses y el propio Defensor del Pueblo, nos atrincheramos en el lugar y el destrozo del Parque Nuevo se impidió, pese a que ya  se habían producido daños.

Hoy estamos nuevamente ante la situación de ubicarnos en la defensa del Parque Nuevo y de su condición de “área natural protegida”.

 

1º) La falsa contradicción

 

Se ha pretendido instalar una falsa contradicción, un blanco – negro y una grieta, tal vez consecuencia del aprendizaje de tantos años de confrontación entre argentinos.

Han dicho al pueblo de Paraná que un puñado de paranaenses, “verdes”, están en contra del progreso, no quieren que haya trabajo ni mejoras económicas.

Que el Polo Tecnológico resolvería todo eso y por lo tanto, habría que hacer una cirugía amputando una parte del más maravilloso patrimonio común para pasarlo al patrimonio privado municipal y de allí no se sabe adónde.

La contradicción “Ambientalistas vs. Progreso” es falsa.

El Polo Tecnológico puede encontrar su lugar de radicación en cualquier otro lugar del entorno de la ciudad sin necesidad de sacrificar un parque público de inconmensurable valor turístico y natural.

 

2º) La cuestión que decide el proyecto es política

 

Se precisa visión de corto, mediano y largo plazo, visión política y voluntad política de entender por donde pasa el interés común, el interés general, para advertir que es absolutamente necesario dinamizar la economía y facilitar más oportunidades de trabajo a través de la generación de turismo. La “fábrica sin chimeneas”, dinamizadora de la economía, con mayor capacidad de distribución de oportunidades con equidad. Si se entendiera esto –que es una cuestión política- se podría proyectar en torno al Parque Nuevo un cinturón espectacular para servicios turísticos de todo tipo que dejarían muchísimo dinero y crearían cientos de puestos de trabajo.

El Polo Tecnológico para producir no necesita instalarse frente al paisaje más privilegiado de Paraná.

En el mundo entero el flujo más importante de dólares producidos por el turismo se obtiene con el ecoturismo, el turismo ecológico -para argentinos y extranjeros- el turismo que pone al hombre de la gran ciudad en contacto con la naturaleza. El parque la tiene y en todo su esplendor, es por lejos uno de los sitios que más  apreciarían miles de personas amantes de la naturaleza. Es un sitio ideal para que Paraná se constituya en adalid del turismo compatible con la naturaleza y las nuevas tendencias del turismo.

El Polo Tecnológico –pese a los adornos que se le quiera poner-  impediría esa proyección social, sustentable y de interés común pues su presencia en el área sería incompatible con una política que potencie el turismo en Paraná, como herramienta de fomento de micros, pequeños y medianos emprendimientos.

 

3º) La cuestión del proyecto es una cuestión urbana

 

El proyecto, con sus deficiencias y con la inconveniente motivación que encierra nos interpela:

¿Qué ciudad queremos? ¿Hacia dónde nos está haciendo ir a los casi 300.000 habitantes de Paraná la clase política?  ¿Hacia la densificación? ¿Hacia la pérdida de pulmones verdes, de espacios verdes? ¿Hacia la pauperización del patrimonio público? ¿En aras de cuál interés?

Es así. Eso es lo que está sucediendo. Tenemos ejemplos emblemáticos de eso. Y desgraciadamente ahora el que está en la mira es otra joya de la abuela.

En este aspecto, la confesión del proyecto es una partida de defunción de la propia gestión ya que por un lado reconoce que no puede atender, no puede proteger, 92 ha. de Parque, pero que sí, a partir de la renuncia a 9 ha. atendería las 82ha que le resten al Parque Nuevo.

Si no puede atender 92 ha., ¿cómo hace para atender los 137km2 que comprende el éjido municipal?

 

3º) La pérdida de una porción del Parque Nuevo también es una cuestión ambiental urbana

 

Los fundamentos del proyecto abonan en el sentido de que el Parque Nuevo no es un área natural. El actual Concejo Deliberante opina, por la mayoría del oficialismo y otros distraídos, que el anterior Concejo Deliberante se equivocó al darle protección normativa.

Antes, -dice- hubo una cantera y todos los días se oían explosiones. Entonces, no merece reconocimiento. ¡Terrible precedente para las 82 ha. que quedarían sin desafectar!

Señores, hubo un tiempo en el que Entre Ríos estuvo bajo la superficie del mar. Cuando salió a flote no había nada. Después la Naturaleza hizo su trabajo. Podríamos reducir a la nada toda la naturaleza de Entre Ríos, ya que –para el flaco criterio de quien redactó el proyecto- todo lo que es natural en la Provincia sería artificial.

 

 4º) La entrega del patrimonio público que propone el proyecto nos coloca ante la cuestión legal, que los fundamentos mencionan

 

En consonancia con los términos del proyecto, la Municipalidad no podría eludir el cumplimiento de las leyes vigentes. Tanto la Ley 25.675 de presupuestos mínimos ambientales como la Ordenanza 7717.

 

En dicho sentido, por un principio constitucional precautorio, y por directivas de la Constitución Nacional y Provincial, el Municipio no estaría habilitado a avanzar en el despojo previsto sin haber cumplido con:

 

1.- Información ciudadana, veraz, completa y oportuna.

2.- Audiencia pública convocando la totalidad del pueblo de Paraná para oír su opinión.

3.- Estudios de impacto urbano-ambiental (que son multidisciplinarios y deben prever la proyección de la ciudad en vista no sólo al presente o al futuro inmediato, sino a largo plazo).

 

4º) El proyecto es un cheque en blanco al intendente

 

¿Qué va a hacer Varisco? Reglamentará en 24 horas la primera parte de la eventual ordenanza, para poder disponer de las 10 ha. de  Parque Nuevo.

El resto pasará a mejor vida porque la obligación de hacer estudios, proyectar esto o aquello con el Parque, que establece el articulado del proyecto es etéreo, inasequible, fácilmente de eludir, contradice los propios dichos del intendente, dispuesto a que la administración y disposición de lo público rentable pase a ser el lucro de un puñado de particulares cuyos nombres y apellidos todos conocen.

 

Además, ¿qué podría llegar a hacer con esas 9 ha que pasan al dominio privado de la Municipalidad? ¿Las va a vender, las va a dar en comodato? ¿Las va a regalar?

 

El proyecto otorga un cheque en blanco. Y todo cheque en blanco es un riesgo concreto, actual, de posibilidades perjudiciales impredecibles.

 

 

(*) Abogada. Integrante del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro).