Los abogados defensores del exjefe del grupo scout San Cipriano, de Diamante, Juan Alberto Forcher, condenado en octubre último por un tribunal encabezado por el juez Alejandro Cánepa a la pena de 14 años de prisión al encontrarlo  responsable de los delitos de promoción a la corrupción de menores, agravada por engaños y por su condición de encargado de la educación y guarda, en concurso real por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal con la producción de pornografía infantil, no están conformes con los pasos que ha seguido la Justicia con ese caso.

En realidad, los abogados Nelson Schlotahuer y Paula Montefiori han hecho un planteo de fondo que espera su tratamiento en Casación: sostienen que “existen vicios formales o procesales en cuanto a la violación de reglas de procedimiento que han afectado garantías constitucionales como el debido proceso, defensa en juicio e imparcialidad; contradicciones o errónea e insuficiente valoración del material probatorio que afecta la fundamentación de la sentencia y el principio in dubio pro reo; como así también vicios materiales o sustanciales respecto a la errónea aplicación del derecho sustantivo, sumado a una pena con hechos que han sido doblemente valorados y una medida de coerción innecesaria, desproporcionada e irrazonable. Todo ello deriva en una sentencia arbitraria que la descalifica como acto jurisdiccional válido, por lo que se solicita se haga lugar al presente recurso, por las razones que a continuación se esgrimen, se disponga la excarcelación de nuestro asistido y se reenvíe para que un nuevo tribunal lleve adelante un nuevo juicio y una nueva sentencia”.

Forcher fue condenado el 5 de octubre de 2018 por un tribunal conformado por los jueces Alejandro Cánepa, Carolina Castagno y Gervasio Labriola: le impusieron 14 años de cárcel y lo enviaron a la Unidad Penal N° 1 con prisión preventiva hasta que el fallo estuviera firme. Pero los defensores recurrieron esa medida, pero primero la Cámara de Casación Penal rechazó la petición, aunque en marzo último la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar al pedido de exacercelación.  Ahora, los abogados Schlotahuer y Montefiori aguardan que Casación abra el caso y analiza los planteos, entre los cuales está el pedido de que se haga un nuevo juicio.

“Nosotros, cuando recurrimos el fallo condenatorio, allá por octubre de 2018, recurrimos dos partes. Por un lado, la sentencia de fondo, porque entendemos que no existió el delito de corrupción de menores. Entendemos que el juicio tuvo muchas falencias, por lo cual pedimos la nulidad del juicio. Y otra parte, que se le dicte la excarcelación, porque la decisión de detenerlo había sido absolutamente arbitraria, porque en ningún momento se demostró que Forcher haya puesto en riesgo la investigación, que haya evitado la recolección de pruebas o que no haya estado a disposición de la justicia o que haya intentado fugarse. Todas estas peticiones no fueron atendidas por el doctor Cánepa en primera instancia; tampoco por la Cámara de Casación, que nos rechazó el último día hábil del año anterior la excarcelación. Pero sí fue atendida por la Sala Penal, que claramente estableció que cuando la libertad del imputado no ponga en riesgo la recolección de pruebas, o cuando no haya peligro de fuga, no tiene razón de ser la preventiva. Y que la prisión preventiva no puede ser usada con una finalidad sancionatoria, punitiva o de ablandamiento. Se tiene que respetar el estado de inocencia que tiene la persona condenada en primera instancia”, dice Schlotahuer.

Luego de la decisión de la Sala Penal del STJ de otorgarle la excarcelación a Forcher, este miércoles, a las 12, habrá una audiencia en Tribunales para fijar normas de conducta para el condenado en primera instancia.

El defensor sostiene que no entiende el motivo por el cual se lo mantuvo detenido tanto tiempo con prisión preventiva. “Todo el proceso de investigación, que duró tres años, Forcher estuvo en libertad. No hubo ningún tipo de traba. Las demoras fueron exclusivamente de la fiscalía de Diamante, que inició la acción por un tema, y a mitad de camino tomó otro”, apuntó el letrado. Y reprochó que la causa se haya caratulado como corrupción de menores por cuanto, aseveró, en las filmaciones que se presentaron como prueba no se advierte ninguna actividad sexual.

La decisión del tribunal de enviarlo a la cárcel con preventiva, aseguró, “fue extremadamente arbitraria y no le encuentro explicación”. Y dijo que se llegó a la calificación de corrupción de menores “contraviniendo reglas de la lógica”.

Schlotahuer sostuvo que los delitos contra la integridad sexual tienen un tratamiento peculiar hoy en Tribunales. “Es distinto a otros delitos el tratamiento. Y es muy complicado para los abogados defensores poder ejercer la defensa en estos casos. Son delitos que en la sociedad calan muy hondo. Son delitos que provocan enorme rechazo en la sociedad, inclusive en algunos casos, delitos que terminan con la vida de una persona, tienen menor impacto en la sociedad que un hecho contra la integridad sexual”, afirmó.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora