El 15 de diciembre, durante una audiencia en Tribunales en la que se pidió la prisión preventiva por 90 días del cuñado del exgobernador Sergio Aguilera, Juan Pablo Aguilera, del cuñado de éste, Alejandro Almada, y del director del Servicio Administrativo Contable de Diputados, Sergio Cardoso, el fiscal Ignacio Aramberry habló por primera de la existencia de un “Número 1” en la estructura “delictiva” que sustrajo unos $2.000 millones en  contratos truchos de la Legislatura.

Aramberry dijo que en los chats y en los correos electrónicos entre los distintos imputados en la causa de los contratos truchos “siempre se hace alusión al Número 1. Lo que pone en evidencia que existió una cabeza. Esa cabeza podrían ser los imputados que hoy tenemos aquí”.

Ese mismo día surgió otro dato desde el Ministerio Público Fiscal: la jueza Barbagelata consultó qué plazos maneja la Fiscalía para cerrar la investigación: finales de marzo o principios de abril, indicaron los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.

El abogado José Raúl Velázquez, defensor de los considerados “recaudadores” de la “organización delictiva” que operó con los contratos truchos en la Legislatura, según Fiscalía, esto es Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo, no cree que los tiempos de cierre de la investigación penal deban apresurarse, y ya analiza pedir una prórroga de modo de evitar que el cierre se dé en los plazos anunciado por los fiscales.

“Me parece que por la complejidad de la causa es difícil cumplir con la meta de pedido de elevación a juicio en marzo. De todos modos, ahora nosotros vamos a poder trabajar más libremente en el armado de nuestro legajo. Tengo una lista de 15 personas para entrevistar. Si fiscalía piensa cerrar esto el 1º de marzo, voy a pedir una prórroga de la investigación porque no alcancé a armar mi legajo todavía”, dijo.

 

Escenario


A raíz de la resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), desde este miércoles por la tarde Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialócomo y Alfredo Bilbao gozan de plena libertad. La primera estaba con prisión preventiva domiciliaria, mientras que los otros tres se encontraban alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Este miércoles, los vocales Omar Carubia, Miguel Ángel Giorgio y Claudia Mizawak resolvieron el fin de las prisiones preventivas, tal como lo solicitaron los abogados defensores José Velázquez y Humberto Franchi, que defienden a Beckman, Mena y Scialócomo; e Iván Vernengo y Damián Petenatti, defensores del contador Alfredo Bilbao.

Las liberaciones se produjeron en el marco de la causa de los contratos truchos de la Legislatura, megacausa en la que se investiga un fraude al Estado por un monto que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry ubican en los $2 mil millones, en un período que va de 2008 a 2018.

La causa que se inició el 20 de septiembre de 2018, con la detención de Beckman, Mena y Scialócomo, y que ya tiene 35 imputados, algunos con prisión preventiva en la Unidad Penal y otros con restricciones más leves.

En la causa aún continúan detenidos Juan Pablo Aguilera, secretario del bloque de senadores del peronismo, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores; Roberto Ariel Faure; y Alejandro Almada, cuñado de Aguilera. En tanto, que sigue con prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso.

Nuevos imputados


Esta semana se sumaron nuevos imputados en la causa. Se trata del presidente del Instituto del Seguro y ex director del Servicio Administrativo Contable del Senado provincial entre 2007 y 2011, Juan Domingo Orabona; Fabián Lázzaro, ex empleado del Senado; el corredor inmobiliario Renato Mansilla y el contador Gustavo Falco, ambos vinculados a estudios contables. El viernes deberá presentarse en Fiscalía otro imputado, Jorge De Breuli, mano derecha del senador nacional Pedro Guillermo Gustavino y empleado del Congreso de la Nación.

Defensor pedirá tiempo para armar su caso


En diálogo con el programa Puro Cuento, que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, el abogado José Velázquez, defensor de Beckman, Mena y Sciálocomo, se mostró satisfecho con la resolución de la Sala Penal del STJ y consideró que fija un criterio más claro sobre la aplicación de prisiones preventivas. En cuanto a la posibilidad de que la Fiscalía pida la elevación de la causa a juicio en marzo, señaló que solicitará una prórroga de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) para elaborar su legajo de defensa antes de que la causa sea elevada a juicio.

“Teníamos las expectativas puestas en la Sala Penal porque habitualmente no le llegan estos recursos, porque cuando está por llegar a esta instancia la pretensión se vuelve abstracta”, dijo el letrado.

En ese sentido, explicó que esta resolución fija un nuevo criterio sobre la aplicación de prisiones preventivas. Si bien los fundamentos del fallo de la Sala Penal se conocerán recién el 15 de febrero, sostuvo que “esto echa por tierra años de que fundamentan las prisiones preventivas pura y exclusivamente en la gravedad del hecho y la gravedad de la calificación”.

“Nosotros vemos con muy buenos ojos y entendemos que se volvió el eje sobre la garantía y dejar de hacer ficciones de culpabilidad, pronósticos y análisis de lógica”, señaló.

Velázquez aseveró que hasta ayer, la Fiscalía justificaba las prisiones preventivas con “juicios de probabilidad”. “El planteo era: te acuso de algo grave, hago un juicio de probabilidad de que vas a entorpecer la investigación y que hay lazos residuales, conexiones con la organización criminal, con el Estado y funcionarios”.

En esa dirección, consideró que la Fiscalía se ocupó en la audiencia sólo a hablar del hecho “de la participación de cada uno en la causa, pero esa es una discusión del juicio”. “No probaron cómo entorpecen la investigación. Trajeron mensajes que son de antes de que se abriera la investigación. Eso no puede ser utilizado como un elemento para fundamentar el entorpecimiento”, planteó el letrado.

Por otra parte, volvió a nombrar a la Cámara de Casación Penal, que había confirmados las preventivas, como la “Cámara de Confirmación Penal”.  “Cuando hablo de la Cámara de Confirmación Penal es porque ella sabemos los que van a decir. Es porque el 99,9% de las veces rechazan todos los planteos de la defensa”.

Por ello, consideró que la resolución de la Sala Penal del STJ es un “tirón de orejas” para la Cámara de Casación, que integran Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti. Asimismo, consideró que de ahora en más sería “lógico” que la Cámara de Casación Penal siga el nuevo criterio para las prisiones preventivas impuesto por la Sala Penal.

Sobre la posibilidad de que tras este fallo otros acusados también pidan al máximo tribunal provincial la excarcelación, Velázquez advirtió que deberían hacer el camino que hicieron para llegar a esas instancias.

“Algunos ya presentaron la impugnación extraordinaria y la Cámara (de Casación) tiene que hacerle lugar”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de que Fiscalía pida la remisión de la causa a juicio en marzo, como adelantaron los acusadores en una audiencia a fines de 2018, el abogado sostuvo que de darse pedirá una prórroga de la investigación penal preparatoria, para armas la defensa de sus clientes.

“Me parece que por la complejidad de la causa es difícil cumplir con la meta de pedido de elevación a juicio en marzo. De todos modos, ahora nosotros vamos a poder trabajar más libremente en el armado de nuestro legajo. Tengo una lista de 15 personas para entrevistar. Si fiscalía piensa cerrar esto el 1º de marzo, voy a pedir una prórroga de la investigación porque no alcancé a armar mi legajo todavía”, dijo.

Por último, consultado si dialogaría con la Fiscalía la posibilidad de un juicio abreviado –que sus defendidos acuerden una pena leve sin llegar a juicio oral y público-, Velázquez aseguró que en esta instancia no se sentaría a discutir esa salida alternativa. “Todavía no sé cuál es el hecho enrostrado y la hipótesis de Fiscalía. En esta instancia no me siento a charlar un abreviado”, cerró.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.