El Gobierno entrerriano pudo acordar una pauta salarial que se extiende hasta febrero de 2012 con los dos sectores centrales de la Administración: primero con los docentes, la mayoría alineados en la poderosa Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el 24 de abril; y este jueves lo hizo con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación.

Incluso, consiguió que le gremio liderado por el diputado provincial José Ángle Allende, UPCN, aprobara, en un acto frente a Casa de Gobierno, con un cerrado aplauso la última propuesta salarial, que es un calco de la que antes habían aceptado los docentes: un 22% de recomposición para el primer semestre, de los cuales un 11% se destina a recuperación de la pérdida salarial frente a la inflación en 2018. Además, se incluye un elemento clave, la cláusula gatillo, con revisiones en julio, y cada trimestre en el segundo semestre.

Los estatales se aseguran así un mínimo garantizado de bolsillo de $21.000, cifra que también será percibida por los empleados con regimen de contrato de servicios y de obra.

El acuerdo, firmado por todos los gremios paritarios, establece que los trabajadores de la Administración Pública obtendrán un aumento del 22%, del cual 10% ya fue liquidado y el restante 12% se abonará con los haberes de mayo. A la vez, se contemplará un reconocimiento por el efecto de la inflación para el resto del año.

En la audiencia, presidida por el director de Trabajo, Pablo Pagnone, los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión Civil de la Nación (Upcn) valoraron la propuesta integral, porque también incluye mejoras en la liquidación de adicionales, reconocimiento de derechos, con lo cual se encuentra entre los acuerdos salariales más significativos del país.

 

Al respecto, el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, destacó los avances alcanzados en la mesa paritaria, donde: “el gobierno ha hecho un esfuerzo significativo para mantener el poder adquisitivo de los salarios, porque ha sido una férrea postura del gobernador, en el marco de una situación nacional altamente preocupante,  que perjudica el salario de los sectores más vulnerables de la sociedad”.  Tras destacar los alcances del acuerdo, Labriola recordó que ha sido una política del gobernador “que los trabajadores no sean la variable de ajuste”.

 

El secretario general de ATE, Oscar Muntes, indicó que “aunque resulta insuficiente, debido al contexto actual, el acuerdo salarial resulta ser superior, en términos porcentuales, al alcanzado en el resto de las provincias”.

 

Por su parte, el secretario general de UPCN, José Allende, valoró la negociación alcanzada y rescató la política mantenida por el gobierno provincial en estos años,  “que ha contemplado, a lo largo de los años, los derechos de los trabajadores y las situaciones especiales”.

 

Con los haberes de julio se propone abonar el resultado de la inflación acumulada (IPC del Indec), del primer semestre menos 11 puntos.

 

En tanto el resultante de la inflación de julio, agosto y septiembre (de corresponder) se ofrece ser liquidado con los haberes de octubre y el resultante de la inflación acumulada de octubre, noviembre y diciembre (de corresponder) se propone ser liquidado con los haberes de enero 2020.

 

Participaron de la reunión, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Hernán Jorge; y la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda, Sandra Vara. Por parte de los gremios asistieron el secretario general de ATE, Oscar Muntes; el secretario general de UPCN, José Allende y demás miembros paritarios.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.