Desde este sábado, los tres nuevos detenidos en la causa de los contratos truchos de la Legislatura, Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso cumplen su primer día de prisión preventiva de los 90 dictados por la jueza de Garantías Marina Berbagelata. La medida vence el 15 de marzo de 2019.

La jueza hizo lugar al pedido de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, aunque no accedió a mantenerlos en prisión “hasta que la causa llegue a juicio”, como solicitaron. El plazo dispuesto, dijo la magistrada, es suficiente para que la Fiscalía o remita la causa a juicio o una vez vencida la prisión preventiva solicite extenderla.

De los tres, sólo Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, cumple con la medida coercitiva bajo la modalidad domiciliaria. Así, pasará 90 días en su casa ubicada en calle Juan B Justo. La suerte para Aguilera y Almada es distinta.

Para ambos, la jueza decretó que cumplan el arresto en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, separados de los condenados. No obstante, dijo que por unos días Almada estará bajo arresto domiciliario, en su casa en calle Irigoyen, y con custodia policial, ya que su mujer está cerca de dar a luz.

Aguilera y compañía son considerados por el Ministerio Público Fiscal como los “escalones superiores” en la “organización criminal” que se dedicó, en la última década, a sustraer unos $2.000 millones de recursos de la Legislatura entrerriana mediante la confección de contratos laborales truchos, cuya administración estaba en poder de estudios contables externos al Estado, pero que reportan a hombres clave de la política.

Roles invertidos en la organización


Al dar a conocer su resolución, la jueza Barbagelata hizo un análisis de cada uno de los imputados. En relación a Cardoso, consideró que no podía estar al margen de lo que sucedía, sino que tenía conocimiento de que los cheques que suscribía eran para el pago de contratos fraudulentos.

“Los cheques no los recibían los locadores, sino terceras personas. Si bien es cierto que es su cargo el de controlar al documentación, de ningún modo puede controlar que los destinatarios de la tarjeta la fueran a buscar al banco. El banco no le tiene que rendir a Cardoso quiénes fueron a buscar la tarjeta”, señaló, en alusión a que una autoridades del banco Bersa le envió información al mail sobre una serie de contratados.

En ese sentido, entendió verosímil la tesis fiscal de que ello sucedía así porque “desde la organización había que hacerse de la tarjeta para lograr sustraer los fondos”.

Luego observó que si bien Alejandro Almada era empleado de la Dirección Contable de la Cámara de Diputados, y que estaba bajo las órdenes de Cardoso, en la organización delictiva los roles se invertían. Almada era el jefe de Cardoso.

“Del análisis surge que en la organización el orden se invertía, en realidad Almada tenía un rol más importante”, destacó.

En otro momento, recordó que esa jerarquía también se observa por el volumen de dinero que manejaba cada uno. Enseguida, recordó un hecho que fue puesto de manifiesto por los fiscales en cuanto a Almada: que el 17 de enero de este año personal policial lo detuvo en la Ruta nacional N° 12, cerca del Acceso Norte a Paraná, con $374 mil que no pudo justificar.

El legislador que le pide contratos a “Juampi”


En cuanto a Juan Pablo Aguilera, el cuñado de Sergio Urribarri, la magistrada hizo notar algunas evidencias que dan cuenta el poder de decisión de quien simplemente era un empleado de la Cámara de Senadores.

En esa línea, recordó que la Fiscalía mencionó en la audiencia un mensaje  del ex legislador por San Salvador, Hugo Berthet, quien invoca a Aguilera en una conversación con Cardoso en la que pide contratos.

Berthet fue diputado provincial por el PJ en el período 1991-1999; senador del PJ por San Salvador entre 2003 y 2007; y nuevamente diputado en el período 2007-2011.

En este punto, Barbagelata manifestó que en el caso, quien era legislador, afirma que no quería contactarse con Aguilera, a quien lo nombra como “Juampi”, “para no molestarlo” ya que “tenía varios frentes abiertos”.

En ese marco, la magistrada concluye que Aguilera, que era un simple empleado del Senado, “va a tener incidencia para definir el monto del contrato que debía pagar el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados”.

Los mensajes


Barbagelata también destacó que surge la incidencia de Aguilera de los mails entre el contador Ariel Faure y Hugo Mena, quienes actualmente se encuentran con prisión preventiva. Ambos invocaron a “Juampi” a la hora de hacer una serie de contratos.

También dijo que la importancia del cuñado de Urribarri en la organización surge de las planillas de excel secuestradas al contador Bilbao, en las cuales se identifica el importe cobrado y las entregas hechas a una persona con las iniciales “JPA”. Para la jueza, en línea con la Fiscalía, no caben dudas que se trataría de Juan Pablo Aguilera.

“Lo que se le atribuye es estar en la cima de esta organización, o ser uno de los más altos. Estos contratos no se podían haber firmado sin un legislador. Es posible que sea uno de los más altos”, destacó en otro pasaje de su resolución.

A todo ello, la jueza también recordó que a Aguilera, en el marco de otra causa, se le secuestraron talonarios “de las personas que no hacían nada para el Estado, pero que cobraban dinero”. “Los talonarios iban a permitirle a Cardoso y Pérez (NdlaR: Director del Servicio Administrativo Contable del Senado) tener todos los papeles para rendir al Tribunal de Cuentas”, concluyó.

A esto también sumó un curioso hallazgo en la casa de Aguilera, que fue expuesto en la audiencia por los fiscales: notas de contratados truchos dirigidas al presidente de la Cámara de Diputados en la que pedían que no se dieran a conocer su identidad ni el monto que se le pagaba por su contrato ya que “afectaba la intimidad”.

Valoró también un mensaje extraído de la tablet del contador Faure quien le envía a Cardoso una lista con “los jugadores de reemplazo”., que eran una serie de personas a las que había que hacerle contratos truchos.

“Se trataban de nombres que hacían falta para poder lograr la sustracción de dinero del Estado”, señaló Barbagelata y agregó que el mensaje que recibió Cardoso era de alguien desconocido por la Cámara de Diputados, ya que no tenía ninguna función allí.

Luego reconoció que la Fiscalía podría formular una imputación más detallada respecto de Aguilera, tal como lo exige sus abogados defensores Marcos Rodríguez Allende y Miguel Ángel Cullen. En ese sentido, sugirió a los representantes del Ministerio Público Fiscal que sería una buena práctica formular un hecho diferenciado para cada uno de los imputados.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.