La Iglesia admitió que empezó un proceso canónico contra el cura Justo José Ilarraz, procesado por la Justicia en la causa por los abusos en el Seminario, a partir de las presentaciones efectuadas por las propias víctimas, desde 2013, y no antes.

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La curia de Paraná lo investigó a Ilarraz en 1995, por orden del entonces arzobispo Estanislao Karlic, trámite que concluyó al año siguiente, con la sanción de expulsión de la diócesis de Ilarraz al haberse corroborado los abusos sobre seminaristas, hechos que ocurrieron entre 1985 y 1993.
En Roma tomaron nota de la causa Ilarraz por primera vez en 1995, cuando Karlic comunicó al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe que tenía denuncias contra un sacerdote bajo la especie de “crimine pessimo”, la traducción al latín de la pedofilia.

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El 6 de septiembre de 1995, el por entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y exsecretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, acusó recibo de toda la documentación, y le avisó a Karlic que todo había sido derivado a la Congregación para el Clero.
Desde allí le piden a Karlic el 30 de septiembre de 1995 que continúe con la investigación y “procediera en todo conforme al Derecho Canónico vigente”. La última carta enviada por Karlic está fechada el 20 de septiembre de 2002. Recién el 20 de abril de 2012, Puiggari volvió a comunicarse con Roma, y el 18 de mayo el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Luis Ladaria, respondió que había recibido la carta. El arzobispo de Paraná volvió a escribirle el 12 de julio, y le contó todo lo que, en teoría, Roma ya sabía.
Pero nunca hubo avance concreto en la causa.
En 2013, los entonces querellantes de una víctima de Ilarraz, los abogados Marcelo Baridón y Álvaro Piérola, iniciaron una causa en la Iglesia. Baridón y Piérola pidieron que se abriera una causa contra Ilarraz por violación al sexto mandamiento del decálogo de los católicos, aquel que refiere a “no cometerás actos impuros”.

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La presentación, hecha en 2013, se apoyó en el incumplimiento por parte de Ilarraz a lo que establece “el sexto mandamiento del decálogo que obliga a los católicos a no cometer actos impuros”, pero también en las reformas que introdujo Joseph Ratzinger –el papa emérito Benedicto XVI– a la legislación eclesiástica después de las denuncias de abuso que, durante su papado, arreciaron dentro de la Iglesia.
Baridón y Piérola pidieron expresamente la “apertura de causa contra el presbítero Justo José Ilarraz”.
La denuncia, que fue ingresada en el Arzobispado de Paraná pero que también llegó al Episcopado y a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma, se apoya en el canon Nº 1.395 del Código de Derecho Canónico que establece que el sacerdote “que con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo, deben ser castigados con suspensión; si persiste el delito después de la amonestación, se pueden añadir gradualmente otras penas, hasta la expulsión del estado clerical”.
Despues, otras cuatro víctimas hicieron sus respectivas presentaciones en el Tribunal Interdiocesano de Santa Fe. De ninguna de las dos presentaciones se había tenido noticias hasta ahora.

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Este domingo, y a través de un cable de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), se dio a conocer declaraciones del vicario de justicia del Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires, Hugo Adrián von Ustinov, que es el que ahora tomó la causa Ilarraz.
No se entiende el cambio de jurisdicción: la diócesis de Paraná depende de Santa Fe.
“En el ámbito eclesiástico prosigue una investigación iniciada por el Arzobispado de Paraná y que nunca sufrió paralización, en orden a conocer la verdad y hacer justicia sobre los hechos presuntamente ocurridos en el Seminario Arquidiocesano entre 1985 y 1995”, dice, confundiendo las fechas.
Ilarraz estuvo en el Seminario de Paraná hasta 1993, año en el cual se fue a radicar a Roma.
Desde el Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires, se dijo lo siguiente:
1. “En cumplimiento de disposiciones eclesiásticas vigentes desde el pontificado de San Juan Pablo II, con motivo de una denuncia recibida en abril de 2013, y de otras informaciones verosímiles, fue el arzobispo de Paraná quien informó de inmediato a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma, en orden a la realización de la obligada investigación preliminar. Esta fue confiada al presidente del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe en junio de ese mismo año”.
La causa no se informó en 2013 a Roma, sino en 1995.
Agrega el informe distribuido por AICA que “simultáneamente el arzobispo de Paraná puso en conocimiento del asunto al obispo de Concepción (Tucumán), -donde residía el sacerdote denunciado por haberle sido prohibido desde 1996 hacerlo en Paraná-, para solicitarle como medida cautelar la restricción absoluta del ministerio público: esto implica en los hechos la prohibición de ejercer como sacerdote (con la excepción de la celebración estrictamente privada de la misa)”.
Ahora, los “resultados de dicha investigación preliminar fueron remitidos de inmediato a la Congregación para la Doctrina de la Fe”. Y luego, en agosto de 2013, cuatro nuevas denuncias fueron dirigidas por presuntas víctimas directamente a la Santa Sede, la que decidió unificarlas con la investigación preliminar en curso”.
O seas, la Iglesia admite que la causa eclesiástica se activó por propio impulso de las víctimas.
“En 2014 la Congregación para la Doctrina de la Fe confió al arzobispo de Buenos Aires la realización del Proceso Administrativo Penal que ofreciera todas las garantías, para los denunciantes como para el imputado, a fin de establecer la verdad de los hechos y decidir, en caso de ser comprobados, las debidas sanciones”, señala.
Y que completados los trámites de rigor “en la segunda mitad de 2015, el arzobispo de Buenos Aires designó instructor del proceso al Vicario de Justicia del Tribunal Interdiocesano Bonaerense, asistido por un notario”.
“Las actuaciones en el arzobispado de Buenos Aires comenzaron de inmediato, si bien no tomaron estado público. Este proceso se desarrolla en cumplimiento de las Normas Pontificias establecidas en la ley denominada Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, y en las Líneas-Guía – Protocolo de Actuación aprobado por la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina el 20 de abril de 2013”, señaló la Iglesia.
En el marco de esa investigacicón, este lunes, las víctimas se presentarán a presetar declaración en el Tribunal Interdiocesano de Santa Fe.
“Como queda de manifiesto –dijo la Iglesia–, la investigación iniciada por el arzobispado de Paraná nunca sufrió paralización, sino que el ritmo de su avance responde a las exigencias legales canónicas, como es habitual que suceda también en el ámbito del ordenamiento jurídico del Estado, para asegurar el debido proceso, las garantías y los derechos de todos”.
Y que el principio de la “tolerancia cero” y “el completo esclarecimiento hasta la justicia efectiva establecido por San Juan Pablo II y reiterado por los papas Benedicto XVI y Francisco para los casos comprobados de abusos sexuales de menores es el que preside toda la investigación desde su inicio”.

Ricardo Leguizamón
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
En Twitter: @ricleguizamon