Por Diego Dlugovitzky  (*)

 

 

 

La baja del gasto público se impone como un tema prioritario en la agenda pública de nuestro país y así lo han manifestado tanto a nivel Gobierno Nacional como Provincial.

La frase “el ajuste lo paga la gente” es común escucharla y, claramente, refiere a una percepción real. Una de las razones por la cual existe esa percepción tiene que ver con la falta de buenos ejemplos que llegan desde la política.

Una medida de gobierno, para ser efectiva, entre otras cosas, debe ser creíble.

No se descubre nada nuevo al enunciar que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo.

Por eso, el Estado debe ser ejemplo para ser creíble y los políticos, quienes son los actores y protagonistas de ese Estado, deben ser los primeros que den muestras de querer seriamente encarar ese camino de reducción del gasto público.

Es importante entender que cuando se habla de reducción del gasto público, aquí nos referimos a las áreas donde no son ejes centrales de la función del Estado, como son salud, Justicia, seguridad y educación, aunque igualmente en esas áreas, también hay margen de achicar el gasto, sobre todo en lo que refiere a funciones que no son determinantes para la operatividad de cada área.

Es por eso que propongo que desde el Estado y más precisamente desde la política sean quienes encaren la reducción de gasto.

Mi propuesta se dirige a modificar el Poder Legislativo de nuestra provincia, pasando de un Poder Legislativo bicameral a uno unicameral.-

Actualmente, en nuestro país sólo 8 provincias continúan con un Poder Legislativo Bicameral. Entre ellos, además de Entre Ríos, están Buenos Aires, Santa Fe, entre otras.

La Provincia de Córdoba es una de las provincias más importantes de nuestro país, que cuenta con una sola Cámara Legislativa.

Claramente, el cambio del sistema legislativo impone una reforma constitucional.

De acuerdo a nuestra Constitución provincial, en su artículo 96, la Cámara de Diputados se compone de 34 ciudadanos y por el artículo 100, se establece que el Senado se compone de un senador por departamento, ergo, 17 senadores.

El fundamento de los padres de la Constitución Nacional en el año 1853, receptada luego por las constituciones provinciales, para establecer un sistema bicameral, tenía que ver, entre otros fundamentos  con la representatividad de cada uno, siendo que el Senado representaba a los Gobiernos de cada jurisdicción, los diputados representan al pueblo.

Por otro lado, la existencia de dos cámaras aseguraba una manera de control de las leyes que se dicten, actuando una de las cámaras como de origen y luego, el proyecto aprobado por una, pasa a la otra que la debe confirmar.

A la luz de los hechos y la forma de actuar y de cómo las diversas legislaturas funcionan, estos fundamentos hoy han perdido de validez, amén del costo que implica para el erario público.

Al día de hoy, la Cámara de Senadores cuenta con 17 miembros y la de Diputados, con 34, haciendo un total de 51 miembros.

La presente propuesta se orienta a lograr una sola cámara legislativa de 25 miembros, generando un ahorro aproximado de unos $700 millones  por año, es decir, casi un 20% del déficit de nuestra provincia en el mismo período.

Sin pecar de inocente, claramente esta idea de reducir a menos de la mitad la cantidad de legisladores provinciales seguramente a muchos no les va a caer bien. Esto se debe, más allá de que alguno pueda tener fundamentos doctrinarios, a que cada legislador llega a su función con un equipo de asesores, que en la mayoría de los casos son parte del mismo desde hace tiempo y es una forma de poder mantener cierta estructura de liderazgo y también, de financiamiento para las actividades partidarias. Sabiendo esto, justamente entiendo que es el camino por el cual hay que ir. Las legislaturas son la representatividad de la democracia y deben ser ejemplo.

Teniendo buenos ejemplos desde los lugares de liderazgo, podremos iniciar un camino de crecimiento y con oportunidades para todos, ya que otro principio de una sociedad, tiene que ver con la igualdad, tanto en los derechos como en las obligaciones.

Recuperemos la política en su estado más puro, el de ser herramienta de transformación para la gente, con credibilidad y buenos ejemplos!

 

 

 

(*) Diego Dlugovitzky es titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).