Romina Iturain, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez fueron víctimas de la violencia que se desató en Paraná en los convulsionados días de diciembre de 2001. Nunca se logró el esclarecimiento completo de los hechos ni hubo sanciones políticas por la feroz represión. Sólo se llevó a juicio a un cabo de la policía que fue condenado a 10 años de prisión, pero que recuperó la libertad en 2009.

Corridas, sangre, crisis, hambre, sordera del Estado, policías fuera de sí, vecinos improvisaban el desguace de supermercados. Como en otros lugares del país, también en Paraná “diciembre de 2001” se hizo presente con todos sus signos.

 

La represión policial se cobró la vida demasiado joven de Romina Iturain, de 15 años; de Eloísa Paniagua, de 13 años; y de José Daniel Rodríguez, de 25 años. La muerte enmudeció las sirenas de los patrulleros en los barrios de esta ciudad irreconocible, mientras una marcha de funcionarios, en apoyo a la gestión de Sergio Montiel, agregaba confusión cuando avanzaba impávida hacia Casa de Gobierno.

 

A cinco años de los hechos, sólo un agente de la policía fue condenado por el crimen de Eloísa. No se alcanzó a los responsables políticos ni se pudo avanzar en los procesos iniciados por los homicidios de Romina y de José Daniel.

 

Silvio Martínez, cabo de la policía, fue el único condenado tras la sentencia de la Sala II de la Cámara del Crimen, en julio de 2003, que lo llevó a prisión por diez años.  Fue quien dio muerte a Eloísa Paniagua, que corría, junto a otros vecinos, de la represión policial.

Martínez recobró la libertad después de haber estado sólo 6 años en prisión.

 

Fue el 20 de diciembre cuando Eloísa, del Barrio Maccarone, concurrió con varios vecinos al supermercado Norte de calle San Juan y Victoria. Por una radio se aseguraba que en el comercio se entregaban bolsones de alimentos. Muy por el contrario, la policía apostada en el lugar inició una persecución feroz que obligó a los vecinos a un repliegue a las corridas de vuelta al barrio. Eloísa, junto a un grupo de mujeres y niños, ingresó en el Parque Berduc para escapar de la represión pero un automóvil Fiat Duna les seguía el paso. Martínez, según se pudo determinar, se bajó del vehículo y se apostó para disparar contra la muchedumbre.

 

Eloísa fue la víctima, tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza. La diputada nacional Rosario Romero, que representó a la familia de la niña en el proceso judicial, recordó que el caso fue resuelto sin mayores dilaciones. Hubo testigos, especialmente un empleado del parque, y se pudo intervenir rápidamente.

 

Los diarios nacionales, en momentos del juicio, destacaron que se trataba de la primera condena en todo el país por las víctimas de 2001 que ascendían a más de 30.

 

Nunca se pudo actuar con los responsables políticos de la represión. Esto fue, sin embargo, uno de los ejes del juicio político a Sergio Montiel que fracasó tras el sorpresivo voto en contra del proceso de un diputado justicialista: Félix Del Real.

La ahora ministra de Gobierno, Rosario Romero, representó a la familia de Eloísa Paniagua, y también representó a la parte querellante en la causa que se inició tras la muerte de Romina Iturain. La adolescente de 15 años estaba en la casa de su tía, a 300 metros del hipermercado WalMart. Fue alcanzada por una bala de arma policial que ingresó a la vivienda luego de que la policía se apostara frente al local para dispersar a un grupo de manifestantes que pedía comida.

 

Nunca se encontró el arma ni al autor del disparo lo que llevó a hablar, en aquel entonces, de un pacto de encubrimiento en las fuerzas de seguridad de la provincia.

 

El caso, prácticamente cerrado, quedó en manos del juez de Instrucción Ricardo González.

 

Todo es más confuso aún en el caso del crimen de José Daniel, de 25 años, oriundo de Bovril, cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de diciembre de 2001.

 

El joven militaba en la Corriente Clasista y Combativa y participó de un reclamo de comida frente a la sede de Wal Mart entre el 22 y el 23 de diciembre. Se lo vio por última vez cuando la policía dispersaba a los manifestantes con armas de fuego. Los testimonios dan cuenta de la muerte de José Daniel y del traslado de su cuerpo en un vehículo policial. Nada se supo de él hasta el hallazgo de su cuerpo, cubierto con gomas, en inmediaciones del Nuevo Parque Urquiza.

 

José Sologuren, dirigente de la CCC, recordó que luego, el 5 de enero de 2002, se presentó un escrito rubricado por militantes y una pareja de José Daniel para que se entregara el cuerpo de la víctima que permanecía en la morgue. “En marzo nos contestaron que había sido entregado el 15 de enero a un supuesto tío de una familia adoptiva de José. No hemos dado con familiares ni en Bovril ni en Buenos Aires donde vivió mucho tiempo”, afirmó.

 

Los militantes de la CCC no pudieron actuar como querellantes en la causa iniciada ni tampoco pudieron tener acceso al expediente. Así las cosas, sólo por trascendidos, supieron que “después de las corridas, a la noche, iba un grupo escapando hacia el Barrio Humito. Aparentemente le dispararon un escopetazo en la espalda. Este pibe cae y una camioneta de la comisaría 5ª lo levantó aún con vida, según supimos”, relató Sologuren.

 

Se radicó en Paraná en febrero de 2001 y se constituyó en militante de base de la CCC. “Lo conocí en una asamblea en La Floresta. Vivía en inmediaciones de República de Siria y Ameghino y hacía trabajo de cirujeo”, recordó.

 

Mucho tiempo después, hace dos años, la militancia supo que los restos del joven estaban inhumados en el Cementerio Municipal, en el predio a la vera del Antoñico tapizado de cruces. Allí se recordará al joven en un acto que tendrá lugar mañana, a partir de las 10.

 

 

 

Texto publicado en “El Diario” el 20 de diciembre de 2006.