El último congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que sesionó en La Paz, definió posiciones en torno al reclamo salarial, pero también reclamó transparencia de parte de los integrantes del Poder Ejecutivo.
Los congresales del principal gremio del sector docente de la provincia reclamaron que “que todo funcionario político del Estado declare bienes y salarios”. ¿Qué pasa con la transparencia en la provincia? ¿Los funcionarios están obligados a declarar sus bienes mediante declaraciones juradas?

De momento, no.

El último proyecto para transparentar “a medias” ingresó a finales de 2016 a la Cámara de Senadores.

La iniciativa busca reglamentar el artículo 37° de la Constitución provincial, promoviendo una Ley de Ética Pública, que establece, entre otras cosas, un régimen de declaraciones juradas “semi-públicas”, ya que mantiene una declaración “detallada” en forma secreta y habilita hacer pública sólo una “síntesis”.

La iniciativa ingresó el 14 de diciembre de 2016 a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara Alta y su autor es el senador por el departamento Diamante, Omar Schild (Cambiemos). El legislador basa su proyecto en el que recibió media sanción de la Cámara de Diputados en julio de ese año.

Las declaraciones juradas de los funcionarios públicos de Entre Ríos llevan un buen tiempo bajo siete llaves. Son secretas y, por tanto, los ciudadanos no pueden conocer cómo se compone el patrimonio de quienes toman decisiones en los tres poderes del Estado. El carácter secreto de las declaraciones juradas de los funcionarios fue establecido hace 64 años, en 1953, bajo la Ley 3.886.

¿Cuál es el patrimonio del gobernador, el vicegobernador, los legisladores, los jueces y demás funcionarios del Estado entrerriano? Toda esa información actualmente se encuentra “en un sobre cerrado y lacrado” y, según el artículo 9º de la vetusta ley 3.886, sólo se puede acceder a su contenido por dos vías: por orden de un juez o con el permiso del declarante, es decir, el funcionario. Esta historia podría cambiar, sólo un poco y a medias.

En 2016 hubo tres proyectos de ley que buscaban avanzar en la reglamentación del artículo 37° de la Constitución provincial: uno de Rosario Romero (Frente para la Victoria, FPV), otro de Gustavo Zavallo (Frente Renovador) y un tercero de Fuad Sosa (Cambiemos), que lo venía impulsando desde 2013. Todos establecen el carácter secreto de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y, con ese consenso, se decidió unificar los tres proyectos. Así, el 6 de julio de 2016, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto unificado y fue girado al Senado.

En los argumentos de su proyecto, Schild señala que tomó como base el aprobado por Diputados y que realizó modificaciones parciales “con la intención de profundizar de manera clara e integral la regulación de la ética pública provincial”.

A nivel nacional las declaraciones juradas de los funcionarios están a un “clic” de distancia. Y es que se encuentran a disposición de los ciudadanos en el sitio http://www.datos.gob.ar/ en la sección “Administración Pública”. La Ley de Ética Pública 25.188, sancionada en 1999, y modificada por la Ley 26.857, de 2013, dispone el acceso Web de las declaraciones juradas de los funcionarios, legisladores y jueces. Estos últimos todavía no cumplen con esta obligación. A pesar de esas disposiciones en el plano nacional, Entre Ríos sigue siendo una de las pocas provincias sin una Ley de Ética Pública.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.