En la última sesión de la Cámara de Diputados ingresó un pedido de informes del diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) respecto de la aplicación de la ley que regula los efectos contaminantes de los establecimientos industriales que se radiquen en la provincia.
La Ley N° 6.260, dictada en 1978 y reglamentada en 1991, establece que todos los establecimientos industriales “y los que conservan productos perecederos radicados o que se radiquen en el territorio de la Provincia, para su habilitación y funcionamiento deberán dar estricto cumplimientos a las disposiciones sobre ubicación, contracción, instalación y equipamiento que establece la presente ley, con el objeto de preservar el medio ambiente”.
“Todos los establecimientos industriales que se radiquen en el territorio de la provincia deberán contar, sin excepción alguna, con la pertinente habilitación sanitaria otorgada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, por intermedio de sus dependencias específicas, que será requisito obligatorio previo para que las autoridades comunales puedan conceder, en uso de sus atribuciones legales, los correspondientes permisos de habilitación industrial de los establecimientos ubicados en sus respectivas jurisdicciones”, dice el artículo 3°.
Artusi quiere que el Ejecutivo informe a Diputados acerca de “las actuaciones realizadas por la autoridad de aplicación de la Ley Nº 6.260 y sus decretos reglamentarios Nº 5.837 y Nº 5.394 a los efectos de verificar su cumplimiento por parte de los establecimientos industriales radicados en la provincia, con el objeto de preservar el ambiente”.
Además, pretende conocer si las industrias radicadas en suelo entrerriano han obtenido “el correspondiente certificado de radicación, el certificado de funcionamiento y la habilitación sanitaria, detallando razón social responsable del establecimiento, fecha de otorgamiento, categoría, tipo de producción y localización”.
También, si existen establecimientos industriales radicados en la provincia “que no hayan obtenido el correspondiente certificado de radicación, certificado de funcionamiento y/o habilitación sanitaria o bien cuya vigencia haya caducado.”
También pretende conocer qué de las sanciones aplicadas “por transgresiones a las normas previstas en la ley Nº 6.260 y sus decretos reglamentarios y el destino de los fondos percibidos por la Provincia por aplicación de las multas correspondientes, desde el año 2012 hasta el primer semestre del año 2015”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.