La lista de inquilinos “problemáticos” realizada por el Colegio de Corredores Públicos de Entre Ríos, “es un grave hecho que va en contra de la Ley Nacional 25.326 de Protección de los datos personales”, afirmó Daniel Villagra, referente de inquilinos organizados en Entre Ríos. “Es momento de que el Estado y su clase dirigente tome cartas en el asunto y regule de una vez el sector inmobiliario”, subrayó.

 

En sintonía con sus pares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se rehúsan a cumplir el artículo 57º de la Ley 2.340, al no querer efectivizar que el inquilino no pague más la comisión, en Entre Ríos el Colegio de Corredores Públicos de Entre Ríos incita a ir contra la ley de protección de datos personales.

 

Villagra explicó que en un contexto donde la situación habitacional, particularmente del alquiler para vivienda, adquirió una visibilidad pública y una sensibilidad política, el Colegio de Corredores Públicos intenta blindarse: “Ante la indisoluble concientización y organización de los inquilinos en vista a mejorar las condiciones de alquiler, el Colegio deja claro que defiende sus intereses sectoriales, y no escatima en ‘informar’ tanto a los propietarios como a los inquilinos. Lo cual deja entrever, que la relación entre propietario e inquilino es lo que menos les interesa”.

 

“Entonces, ¿Qué tan lejos estamos en que los contratos se celebren sin la necesidad de este sector que encarece más aun el acceso a la vivienda para alquilar?  Ante este panorama, ¿el Estado provincial y los gobiernos municipales dejarán que sigan los atropellos e incumplimiento de la Ley?”, se preguntó.

 

En ese sentido, recordó que “existen hábitos y costumbres que se encuentran por fuera de los códigos y las Leyes. El más conocido es el aumento cada seis meses. Así mismo, que existen Inmobiliarias municipales, y, al mismo tiempo, proyectos de Ley y de Ordenanzas confeccionadas por los propios inquilinos y que aguardan ser tratadas”.

 

“En síntesis, en un contexto donde una nueva Ley de Alquileres a nivel nacional cuenta con unánime sanción en cámara de Senadores; en el cual también se intenta aprobar entre gallos y madrugada una Ley en la provincia, lo que se dirimiría en términos de conocimiento, se resolverá en términos políticos. Mientras los inquilinos en todo el país avanzan en la organización y con propuestas políticas serias y consensuadas, en Entre Ríos se van por fuera de la Ley”, advirtió.

 

Ante ese escenario, consideró que “es momento de que el Estado y su clase dirigente tome cartas en el asunto y regule de una vez el sector inmobiliario. De no ser así, quedará en la falsa mano invisible del mercado; que bien sabemos que son las manos de los formadores de precios, de los que ven en la vivienda una posibilidad de lucro y no un derecho básico elemental”.

 

 

Fuente: Agencia de Informaciones Mercosur (AIM).