La administración del presidente Mauricio Macri decidió avanzar con su política de ajuste en otra área sensible: la de las pensiones a discapacitados.

Aunque los casos estallaron públicamente este mes de junio, el recorte viene aplicándose desde hace un año en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que dirige Carolina Stanley. Así, en lo que va del año se suprimieron unas 70.000 pensiones por discapacidad.  En lo que va de junio solamente se quitó el beneficio de 4.776 pesos a unas 16.457 personas con capacidades diferentes. E

Para concretar el recorte, se aplica el decreto Nº 432, dictado en 1997 por el expresidente Carlos Menem, Aunque según advirtió el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, la medida atenta contra derechos reconocidos por la Convención de las Personas con Discapacidad que en Argentina tiene rango constitucional.

Desde la Defensoría del Pueblo de Paraná ya elevaron al Ministerio de Desarrollo de la Nación un total de 14 presentaciones de beneficiarios que han perdido la pensión durante junio.

 

El sitio Estación Plus, de Crespo, reflejó en una historia de vida una decisión que aplicó Cambiemos y que está repercutiendo en el día a día de miles de familias.

Es la historia de Johanna.

Esta es la crónica que refleja su caso:

“Johanna Wagner tiene 28 años y con fortaleza supera día a días las complicaciones que le desencadena su diagnóstico de mielomeningocele e hidrocefalia, discapacidades de nacimiento y permanentes. Desde hace una década recibía una mínima ayuda económica del Estado Nacional, pero éste ha decidido dejarla sin dicho beneficio previsional.

“Me la cortaron sin previo aviso, no me dieron justificativo ni me avisaron nada. Fui a cobrar y no estaba el depósito”, confirmó la joven y agregó: “Se me pasaron mil razones por la cabeza, pero nada en concreto que lo justifique. Tengo la pensión no contributiva hace más o menos 10 años y nunca se había interrumpido el pago, es la primera vez”.

(…) Johanna es uno de los tantos casos, cuya movilidad está ligada a una silla de ruedas.

“Me dio amargura. Por lo menos me hubieran avisado y me preparaba, ni iba al banco a que me impacte la noticia. No enviaron nota, ni mail, ni nada”, se lamentó.

“A los que no cobramos ya se les corta. Van a ver si la renuevan o no. Ahora fui al Área de Discapacidad y me dieron un formulario para firmar en el Juzgado de Paz, como para intentar agilizar el trámite. Igualmente no tengo confirmación si podré volver a cobrarla”, explicó Johanna. El aporte es mínimo, pero muy necesario. “Eran $3.800 por mes. Ayuda a comprar los remedios si no los cubre la mutual. No se puede sobrevivir con eso, pero es una ayuda”, afirmó.

Forma parte de una familia de clase trabajadora, que deberá con esfuerzo afrontar nuevas erogaciones, precisamente en tiempos donde la economía es compleja.

 

Fuente: Estación Plus Crespo