El abogado Carlos Guillermo Reggiardo ratificó y amplió el pedido de enjuiciamiento para el Procurador Jorge Amilcar García, a quien denuncia por supuesto mal desempeño en sus funciones.

El escrito presentado este jueves ante el Jurado de Enjuiciamiento es una ampliación del que entregó la semana pasada. Entre otros puntos, el abogado sostiene que la vía elegida –el Jury- es la correcta y fundamenta la postura citando artículos de la Constitución entrerriana. Y por tanto desestimó el camino del juicio político.

El letrado señaló que el jefe de fiscales “no se encuentra incluido” en el artículo 138 de la Constitución Provincial, “respecto de los funcionarios que requieren juicio político para su remoción”.

De ese modo, planteó que tiene “en claro que no le corresponde aplicar el procedimiento de Juicio Político para dar cauce a las acusaciones que a éste se presenten”.

En ese sentido, ahondó que en la Constitución provincial, en la Sección VI, se reglamenta constitucionalmente al Poder Judicial,  y en cuyo Capítulo I, de Disposiciones Generales de dicha sección expresamente dispone el artículo 194 que:  “Los funcionarios letrados de la administración de justicia serán inamovibles mientras dure su buena conducta, y los no sujetos a juicio político, sólo podrán ser removidos por el jurado de enjuiciamiento, en la forma establecida en esta Constitución.”-

En tanto, también cita el artículo 188, que dispone que “para ser… Procurador General… se requiere … tener título nacional de abogado…”. Con esa línea, Reggiardo resalta que “el Procurador General es un funcionario letrado”.

A su vez, también menciona el artículo 207 de la Carta Magna, que establece: “El Ministerio Público es un órgano autónomo en sus funciones, siendo parte integrante del Poder Judicial…”.

En este punto, advierte que “hasta aquí surge expresamente de nuestra constitución provincial que el Procurador General es un funcionario letrado que integra el Poder Judicial, siéndole entonces aplicable enteramente la disposición contenida en el art. 194 en cuanto a que sólo podrá ser removido por el Jurado de Enjuiciamiento”.

A todo ello, le suma el artículo 201 de la norma mayo de la provincia, que señala: “Los representantes del ministerio fiscal y ministerio pupilar en todas las instancias, quedarán equiparados a los miembros del Poder Judicial y en cuanto a las garantías establecidas en su favor en cuanto a las obligaciones especiales que les impone esta Constitución no pudiendo ser removidos sino por el jurado de enjuiciamiento, en la forma prevista en la misma”.

 

Ampliación de denuncia


En su nuevo escrito, Reggiardo sumó nuevas causales de presunto mal desempeño por parte del Procurador García. Por ejemplo, en el quinto cargo sostiene que el abogado tucumano Jorge Muñoz, defensor del cura pedófilo Justo José Ilarraz, afirmó en el marco de una audiencia que el fiscal Francisco Ramiro Montrull, por encargo de García, en su viaje a Tucumán para recabar información sobre el caso, le habría ofrecido dinero a Leonardo Galvan, un ex monaguillo que cumple condena penal, para “obtener una declaración imputativa contra el cura Ilarraz habiéndole ofrecido una suma dineraria y la libertad del mismo”.

“En este sentido –dice Reggiardo- cabe señalar que la procuración se había encargado de las erogaciones que demandó el viaje y la estadía en dicha provincia, desconociendo los montos destinados a tal fin”.

En el undécimo cargo, el abogado planteó que el funcionario judicial cometió calumnias e injurias hacia su persona, y abuso de autoridad. En ese sentido, sostuvo que lo denunció ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

En este punto, el victoriense menciona que el pasado 26 de noviembre, luego de que se conociera el pedido de jury, García, en el marco de una declaración radial –y luego televisiva- “aprovechó para calumniarme e injuriarme, de manera que, en primer lugar deslegitimar la denuncia y en segundo lugar ponerme en un lugar para que me sienta discriminado y poniendo en duda mi catadura moral por el trabajo que ejerzo como abogado”.

Reggiardo, resaltó que la “estatura moral mía no está en debate, con defectos y virtudes no tengo nada que esconder, no tengo ninguna condena, no he sido jamás imputado por delito alguno, por lo que además de la presente iniciare acciones  legales por el delito de injurias y calumnias”.

Para el abogado, los dichos de García fueron graves, ya que considera que fue atacado en los medios, en donde se le habría generado “un enorme perjuicio no solo en mi buen nombre y honor sino efectivamente en mi trabajo”.

En el duodécimo cargo, en tanto, el abogado le endilga al Procurador la omisión de haber acusado al exvocal del Superior Tribunal Carlos Alberto Chiara Díaz, quien renunció a su cargo en 2017 antes de que culmine el proceso de juicio político en su contra. Precisamente, el caso del entonces juez supremo se abrió por denuncia de Reggiardo.

El juez quedó comprometido por el uso de viáticos del STJ para actividades particulares, como el dictado de clases en Buenos Aires.

Dice Reggiardo sobre este punto: “En el Juicio Político al Dr. Chiara Díaz, donde el Presidente de este Honorable cuerpo fue en persona a denunciar ante Jorge Amilcar Luciano García, entre otras cosas la auto asignación de viáticos para sí por $2.782, para su chofer $ 1.899 y para combustible y eventuales $ 4.000, hecho ocurrido en 2014, durante la feria judicial de enero, en la que Chiara Díaz habría quedado como presidente interino del STJ. Este hecho fue tan inusual y delictivo su comportamiento que, ante el descubrimiento que hizo un periodista de Paraná, devolvió los mismos por un total de $5.320, 34, siendo este hecho una de las causales de la apertura del Proceso de Juicio Político, que tuvo al Presidente de este Cuerpo Diego Lara, como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y acusador en el mismo”.

Luego menciona que al terminar el proceso contra Chiara Díaz, el diputado Lara, que encabezó el proceso contra el magistrado, envió el expediente al Ministerio Público Fiscal para que analice si existió un delito que debía ser perseguido. El hecho, apunta Reggiardo, es que la Fiscalía no abrió un expediente contra Chiara Díaz, que dejó el máximo tribunal entrerriano a principios de 2017.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.