El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ya puso reparos al proyecto que discute el Senado entrerriano para limitar la discrecionalidad de jueces y fiscales en la aplicación del instituto de juicio abreviado en delitos contra la integridad sexual.

La iniciativa surgió al calor de los debates que siguieron al femicidio de la estudiante uruguayense Micaela García, ocurrido el 1° de abril de 2017. La joven fue asesinada por Sebastián Wagner, quien en 2016 fue beneficiado con libertad condicional, después de haber sido condenado a 9 años de prisión por dos casos de violación. La pena tan baja fue consecuencia de un juicio abreviado.

Ahora, el Senado, a partir de un proyecto que presentó Lucas Larrarte (PJ-San Salvador), procura que haya una limitación a la utilización del juicio abreviado en delitos contra la integridad sexual. De ese modo, se busca impedir que casos como el de Sebastián Wagner, condenado ahora a perpetua por el femicidio de Micaela García, puedan repetirse.

Pero el presidente de la Sala Penal del STJ, Daniel Carubia, puso el primer reproche al proyecto. Durante una reunión a la que convocó la Comisión de Seguridad el Senado este miércoles, y de la que participaron vocales del máximo tribunal, Carubia  planteó que “no se entendía la ventaja o desventaja para avanzar en el sentido del proyecto, no le encuentro una lógica razonable. Creo que va a dar lugar a cuestionamientos constitucionales serios”, lanzó ante la comisión, explicando que debe ser escueto en sus apreciaciones “en relación a posibles posturas a tomar en el futuro”, en clara alusión a que, de convertirse en ley, pueda cuestionarse la constitucionalidad.

Carubia advirtió rsepecto de la constitucionalidad de quitar el juicio abreviado para un determinado tipo de delitos, y dejarlos para el resto.

La expresidenta del STJ, y miembro de la Sala Penal, Claudia Mizawak, fue más contemporizadora en sus apreciaciones. “Hay cambios de paradigmas que han impactado en los operadores judiciales”, reflexionó, proponiendo que “hay que seguir trabajando en defensa de los derechos de las mujeres, trabajar mucho con asistencia especializada”. Dijo  que “a las mujeres hay que asistirlas cuando denuncian el hecho y en todo el proceso posterior” y en relación al proceso abreviado recordó que cuando se pone en marcha el Código Procesal Penal, una era la visión, y hoy, después de varios años, se debe revisar todo lo actuado. “Se pensaba en lograr mayor rapidez en la respuesta al judiciable, con un juicio completo, con que se alcanzaba una sentencia en el corto plazo”, recordó.

Respecto del juicio abreviado, observó:  “Es una herramienta muy útil y quizá deberíamos ver hasta donde usarla”, lanzó ante los legisladores, dejando en claro que “está muy en claro el espíritu de esta iniciativa”.

Miguel Giorgio, el otro integrante de la Sala Penal, sorprendió al decir que tiene “una mirada adversa ante la brevedad. Mi mirada era contraria a los abreviados, tuve cierta resistencia”. Y se mostró  a favor del juicio pleno, al debate, para llegar a un juicio de certezas. “Me produjo reparos el juicio abreviado”, acotó y recordó su paso frente a la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde durante la audiencia pública, se expresó sobre el tema ante los legisladores antes de recibir el Acuerdo para llegar al Alto Tribunal.

 “Se trata de mi mirada y me reservo alguna opinión por la posibilidad de futuras intervenciones”, dijo, en coincidencia con la reserva que puso Carubia. Pero enseguida, aseguró que su visión sobre el juicio abreviado fue cambiando, y rescató que por esa figura se pudo aplicar la pena más alta en un delito vial: la condena a 8 años y 4 meses de prisión a Silvio Díaz por atropellar y matar a un chico de 6 años, alumnos de la Escuela del Centenario, en junio de 2014.

El presidente del STJ,  Emilio Castrillón, se puso del lado de los senadores, y dijo: “Si pienso como legislador, hubiera presentado un proyecto así”.

Los cambios que impulsa el Senado


El proyecto de ley analizado hoy propone modificar el código procesal penal, determinando que cuando se trate de delitos contra la integridad sexual, no pueda hacerse uso del juicio abreviado.

Se incorpora a la Ley 9.754 y sus modificatorias (Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos) el siguiente artículo: “Artículo 391 bis: No regirá lo dispuesto en este Capítulo, cuando el Imputado lo esté por alguno de los delitos previstos en el Capítulo II del Título III del Libro Segundo del Código Penal de la Nación, aunque hubiere una expresa solicitud de la víctima o sus familiares.”

También agrega al artículo 479 de la Ley 9.754 y sus modificatorias (Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos) el siguiente: “Queda exceptuado el Imputado que lo esté por alguno de los delitos previstos en el Capítulo II del Título III del Libro Segundo del Código Penal de la Nación, aunque hubiere una expresa solicitud de la víctima o sus familiares.”

En las reuniones de comisión se analizaron antecedentes jurídicos de casos que se han dado en la provincia.  Se intenta, sobre todo, proteger a las víctimas de delitos sexuales, con acciones que impidan una revictimización.  En todo el proceso la víctima tiene que ser debidamente informada sobre los alcances de su decisión.

Sostiene el autor en los fundamentos que la legislatura debe actuar cuando se produce un hecho tan aberrante y de tanto impacto como el que sacudió a Entre Ríos y al país, en alusión al caso de Micaela García.

“Es necesario redoblar esfuerzos para analizar, estudiar, debatir y -en su caso- sancionar normas que contengan la modificación de aquellos institutos y herramientas jurídicas que no funcionan como esperaba el legislador que los sancionó, o bien, para sancionar normas que permitan realizar ajustes que perfeccionen su funcionamiento, procurando llevar concordia y armonía a la comunidad”, indican los argumentos.

Precisa que el Juicio Abreviado es un instituto procesal penal que tiende a simplificar el sistema de enjuiciamiento, mediante mecanismos sencillos, ágiles y veloces que si bien resulta adecuado para aquellas situaciones en las que se encuentran en juego conductas criminales patrimoniales, no sucede lo mismo, porque la situación es distinta y gravita socialmente, cuando la conducta del delincuente ha consistido en lacerar, abusar, ultrajar o humillar atentando contra la integridad sexual de una persona y en particular a un menor o una mujer.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.