El juez de Garantías N° 2 de Concordia, Francisco Rafael Ledesma, rechazó el pedido de una organización pro vida con asiento en la provincia de Jujuy para constituirse como querellante en la causa abierta en los Tribunales de esa ciudad, impulsada por el defensor oficial, Eduardo Javier Garay, que busca determinar responsables en un caso de violación de una menor de 13 años, que en noviembre último accedió a la práctica de un aborto no punible en el Hospital Delicia Masvernat.

La práctica de ese aborto fue eje de una polémica durante diciembre pasado, y llevó a los grupos pro vida de toda la provincia a exigir públicamente al gobernador Gustavo Bordet la renuncia, primero, de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y la derogación, después, del protocolo de aborto no punible que rige en Entre Ríos, y que responde al fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2012. El caso generó repercusión pública, y los pro vida hablaron de “una bebé” de “6 meses”, que tuvo “una sobrevida de 10 horas” en referencia al feto.

“Ante las diversas versiones existentes sobre la interrupción legal de embarazo (ILE) realizada a una niña de 13 años en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, en particular lo referido a que el feto expulsado en la práctica médica tuvo una sobrevida de 10 horas, este Ministerio de Salud de Entre Ríos reitera que se trata de una versión no fidedigna”, dijeron entonces desde el Ministerio de Salud de la Provincial

Al relato de la “sobrevida de 1o horas” se había sumado sin vueltas la propia Iglesia de Concordia. El viernes 7, el Obispado de Concordia distribuyó un comunicado en el que sostuvo que “el bebé nació con vida y estuvo debatiéndose durante varias horas por seguir viviendo hasta que finalmente su corazoncito dejó de latir”.

En la causa que tramita la Justicia de Concordia, se presentó Guillermo Federico Magnasco, en su carácter de presidente de la Fundación “Agencia Interamericana del Derecho a la Vida”, con patrocinio letrado de los abogados Martín Centurión y César Bonato, y solicitó ser tenido constituido como querellante particular. Esa Agencia que representa Magnasco se constituyó el 27 de octubre de 2017, poco más de un año atrás, y entre sus objetivos, señala que está “contribuir al bienestar general de la sociedad a través de la promoción, observancia y defensa de los Derechos Humanos fundamentales, con especial énfasis en el derecho humano a la vida desde la fecundación y hasta la muerte natural, enunciados en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país con jerarquía constitucional”.

Magnasco le pidió al juez ser parte de la causa, y basado en “notas periodísticas”,  alude “a la supuesta práctica de un aborto a una adolescente en el marco del protocolo para su realización y como consecuencia de una violación, luego del cual un bebé nació, y que habría permanecido con vida aproximadamente 10 horas”.

Leída la presentación, y “más allá de lo novedoso del planteo en esta temática, debo hacer algunas consideraciones a los fines de resolver sobre lo interesado por el presentante”, dice el juez Ledesma en su resolución a la que accedió Entre Ríos Ahora.

 

FALLO GRUPO PRO VIDA by on Scribd


Primero, analizó “si el presentante detenta legitimación activa suficiente en el caso que nos ocupa y en razón de delito o delitos que pudieren contener la investigación penal preparatoria, y si podría caber la participación interesada”. Y concluye que esa posición de querellante sólo puede ser “el caso de los padres de un menor o una menor víctima, como así también el cónyuge supérstite, persona conviviente en aparente matrimonio, herederos forzosos o último representante legal, o el representante de una víctima incapaz”.

Al respecto, el magistrado desatacó que en la causa “se ha presentado ya el padre de la supuesta menor víctima y se ha admitido su intervención como querellante particular, y asimismo fue recientemente admitida la constitución de querellante por parte de la madre de la misma menor, además de intervenir el Ministerio Pupilar en representación promiscua de tal adolescente conforme normativa procesal y de fondo aplicables, e incluso fue el órgano que formuló denuncia penal por supuesto delito de abuso sexual contra la niña o adolescente, y dentro de las circunstacias del hecho podría surgir la cuestión relatada en referencia al aborto, y demás cuestiones que pudieren surgir del avance de la investigación penal preparatoria, más allá que no resulta del todo coincidente con los hechos de apertura y modificiones de aperturas que ha realizado la Fiscalía ni con las calificaciones legales primigeneamente otorgadas a estos hechos en la investigación penal preparatoria de mención, e independientemente del derecho que tiene el presentante como todo ciudadano de formular las denuncias pertinentes por delitos que sean perseguibles de oficio”.

Y subraya que “si bien la normativa tanto a nivel provincial, como nacional e internacional reconocen amplios derechos a la víctima, en este caso entiendo se encuentran asegurados y reconocidos los derechos de intervenir, participar, proponer diligencias a las personas que justamente tienen derecho y habilitada la participación en el proceso penal, más no se puede forzar la intervención a personas que no detentan legitimación activa, fundamentalmente en referencia a los bienes jurídicos protegidos, y encontrándose individualizados tanto la supuesta víctima directa como las personas sobre las cuales pueden extenderse los daños producto del delito o provenientes del mismo”.

“Ahora bien -concluye el juez- no se debe confundir el derecho de denunciar que tiene cualquier persona, incluso a instar la acción mediante una denuncia o poner en conocimiento al órgano pertinente para inciar una investigación penal preparatoria, pero ello no implica que por eso pueda ser habilitado para ingresar al proceso penal, proponer diligencias e incluso formular acusación junto al Fiscal, pudiendo en su caso aportar la prueba o propuestas que considere al Ministerio Público Fiscal”.

 

 

 

Foto: Red de Familias Entrerrianas.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.