El juicio al experito balísitico del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Antonio Daniel Vitale, continuará este miércoles con la recepción testimonial de nuevos testigos propuestos por el Ministerio Público Fiscal.

En el juicio ya declararon 12 testigos: cuatro por la denuncia por amenazas a una funcionaria policial; y ocho –entre ellos 5 delegadas judiciales y tres policías- por el supuesto delito del robo de armas del Depósito de Efectos Secuestrados de Tribunales de Paraná.

Este miércoles, 10 testigos responderán las preguntas del Tribunal, la fiscalía y la defensa. Entre las personas citadas se encuentran funcionarios policiales y civiles, según confirmaron fuentes tribunalicias a Entre Ríos Ahora.

El juicio comenzó el pasado jueves 8 de marzo, ante el Tribunal integrado por los jueces Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke. El experito está acusado de robo de armas judicializadas, amenazas a una mujer policía y tenencia ilegal de un arma de fuego.

En la primera audiencia, Vitale -que corrigió el modo cómo se debe escribirse su apellido, que no es “Vitali” sino “Vitale”- se declaró inocente y aseguró que era un chivo expiatorio. Dijo además que cuando asumió como perito del STJ, en 2008, se ocupó de contabilizar miles de armas que estaban a resguardo en el depósito ubicado en el subsuelo de Tribunales. “Desde 1993 no hacía un control de lo que había”, aseguró y refirió que por un problema de humedad debieron hacer una mudanza y que entonces encontraron irregularidades. “Cuando hicimos la mudanza encontramos bolsas vacías y etiquetas sin armas. Para nosotros, era faltante de armas”, apuntó.

En la primera audiencia también atacó la acusación de Maximiliano Bertoni, exempleado judicial que en 2016 acordó una pena de prisión condicional con la Fiscalía. El hombre lo había señalado como parte del negocio de robo y reventa en el mercado ilegal de las armas, y así la Fiscalía avanzó hacia el excomisario. Vitale negó la existencia de un vínculo comercial/delictivo con Bertoni. “De Bertoni el culpable soy yo, porque le di cabida dentro de Tribunales”, señaló.

También aseguró que no necesitaba involucrase en el robo de armas ya que su familia cuenta con un buen pasar económico: “Tengo cuatro sueldos en casa. No necesito vender 72 armas”, afirmó en la primera audiencia.

En el alegato de apertura de la causa armas, el fiscal Juan Malvasio sostuvo: “Nos sentimos avergonzados, dolidos, atribulados porque hoy nos toca acusar a una persona de esta casa. Vitale nos traicionó”. Junto al fiscal Ignacio Aramberry y Fernanda Rufatti (esta última de la Unidad Fiscal de Violencia de Género) piden una pena de 11 años de prisión efectiva para el experito.

En tanto, el abogado defensor Iván Vernengo afirmó que “en el juicio quedará demostrado que Vitale no tiene nada que ver con la sustracción de armas y que no hubo asociación ilícita entre Vitale y Bertoni”. Además, junto a Damián Petenatti –codefensor-, consideraron exorbitante la pena que solicita la Fiscalía.

Por otro lado, en el primer día de juicio la defensa solicitó al Tribunal que Vitale transcurra el juicio en libertad o con prisión domiciliaria bajo custodia policial. En tanto, la fiscalía peticionó que permanezca en la Unidad Penal N°1 de Paraná hasta que se dicte sentencia. Finalmente, los magistrados hicieron lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal al entender que todavía existen riesgos procesales, como por ejemplo, que pueda contactar a testigos que se presentarán en el juicio. De modo que Vitale sigue en la unidad carcelaria.

En la audiencia del miércoles 8 declararon a puertas cerradas cuatro testigos de la causa por amenazas a una funcionaria policial, que se enmarcó en un contexto de violencia de género. El segundo día de juicio, el viernes 9, declararon ocho testigos que aportaron datos sobre la investigación del robo de armas judicializadas.

El testimonio más revelador fue el del actual Jefe de División Operaciones y Seguridad de la departamental Paraná de Policía, Héctor Leonardo Martínez, quien estaba al frente de la Comisaría Cuarta en 2016, cuando el caso salió a la luz pública. El Comisario reveló que un informante fue quien lo puso en conocimiento de la venta de armas que provenían del Poder Judicial y le dio algunas pruebas, como fotografías de armas que estaban siendo comercializadas; y el dominio de un automóvil de un hombre involucrado en el negocio. También contó que en una primera instancia no informó del dato a sus superiores por miedo a “filtraciones” internas.

En dicha audiencia también declararon cinco delegadas judiciales, quienes contaron su participación en los allanamientos y con qué se encontraron cuando realizaron un inventario de los elementos del Depósito de Efectos Secuestrados. Enumeraron que detectaron una serie de irregularidades como bolsas sin armas, armas sin etiquetar e incluso que hallaron partes de armas en un agujero en el cielorraso.

Así, este miércoles, a las 9, pasarán ante el Tribunal 10 nuevos testigos propuestos por la Fiscalía.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.