El exintendente de Santa Elena y ex vicegobernador de Entre Ríos, Domingo Daniel Rossi, fue imputado y citado a declarar por el supuesto delito de peculado y fraude a la Administración Pública en una causa en la que se investiga la sobrefacturación en la obra de pavimentación de 20 cuadras en la localidad del norte entrerriano, durante 2014, en el marco del Programa Más Cerca.
El fiscal Santiago Alfieri, de la Unidad Fiscal de La Paz, citó a indagatoria al expresidente municipal para el 7 de marzo, a las 9. También, fueron citadas para el mismo días la contadora municipal de Rossi, María Inés Martínez; Adolfo Zenón Ortiz, responsable técnico del Programa Más Cerca; y Roberto Carlos Mendez, exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena.
Según se estableció, durante la gestión Rossi el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Juan Szcczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones. El monto del perjuicio al erario público, calcula la fiscalía, tiene un monto máximo superior a los $5 millones y un mínimo de más de $1 millón. La fiscalía considera que para lograr esa operación hubo una connivencia entre los funcionarios públicos y los técnicos en beneficio de la empresa constructora.
Además de citar a Rossi y exfuncionarios de su gobierno, el acusador público citó a declaración de imputados para el día 6 de marzo al presidente de L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech; al ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez y al ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano, respectivamente.
Esta causa surgió tras una denuncia formulada por el actual intendente municipal, Silvio Moreyra (PJ), a través del abogado penalista Guillermo Mulet. El fiscal Alfieri dispuso citar a los imputados este martes, luego de recibir el Informe Pericial II del Perito Oficial, Ingeniero Beltran Uranga.
Además, entre las medidas de pruebas, solicitó al Banco de la Nación Argentina que informe los datos de titularidad y registros, históricos de movimientos de dos cuentas bancarias: una de la municipalidad de Santa Elena y otra de la constructora L&C.
La trama
La imputación de la fiscalía dice que durante 2014, Domingo Daniel Rossi, en calidad de intendente, “efectuó tramitaciones para la obtención de financiamiento a fin de realizar la extensión de la trama vial de 20 cuadras de asfalto para el ejido urbano de la localidad de Santa Elena, Departamento La Paz, que culminaron con la firma del Convenio Único de Colaboración y Transferencia suscripto entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la Nación y la Municipalidad de Santa Elena en fecha 12/12/2014, denominando la obra “Construcción de 2 cuadras de pavimento, con un financiamiento de $20.035.724.85 conforme el proyecto oficial elaborado por la municipalidad”.
A partir de ello, se indicó que “en el marco del procedimiento de excepción previsto por la Ley Provincial Nº 10.198, sancionada en fecha 05/03/2013, a la que adhirió la Municipalidad de Santa Elena con el dictado de la Ordenanza Municipal Nº 114/13 de fecha 24/05/2013, el Presidente Municipal, Domingo Daniel ROSSI, Roberto Carlos Mendez, por entonces Secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad, actuando en connivencia con el Ingeniero en construcciones Rubén A. Clivio Benitez y con Carlos Lescano, Ingeniero y apoderado -respectivamente- de la empresa L&C Construcciones S.A., celebraron un contrato de Ejecución de la obra, en un acuerdo que estipuló a favor de la empresa, precios desproporcionados con los valores reales de mercado o plaza para aquella fecha”.
“Una vez formalizada la contratación, se comenzaron los trabajos de obra, sin haber llevado a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de las obras, omitiendo además llevar los registros correspondientes, con el claro propósito de imposibilitar posteriores controles que pudieran efectuarse y evitar se logre la comprobación de la calidad de los materiales utilizados en la obra y la verificación de la alta de correspondencia entre el trabajo efectivamente realizado, lo presupuestado y la obra proyectada”, sigue el escrito de imputación.
Y agrega que para justificar la transferencia de fondos, “aunque no se haya realizado debidamente el trabajo, el intendente Rossi, el Responsable técnico e Inspección de Obras, Ingeniero Adolfo Z. Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca) y la Contadora municipal María Inés Martínez (Responsable Contable), suscribieron las declaraciones juradas de rendición de cuentas, en base a las certificaciones de avance de obra suscriptas por el Contratista Néstor Juan Szcech (Presidente de L&C Construcciones), por el Ingeniero Ortiz y por el Intendente Rossi, cumplimentando formalmente los pasos para para lograr los desembolsos, hasta completar el precio total acordado por la obra; la cual fue recibida de por Ortiz y por Rossi de manos del representante de la empresa contratista en fecha 15/09/2015; refiriendo un 100% de los trabajos pautados realizados”.
Según la acusación ese entramado permitió los sucesivos envíos desde Nación de las sumas comprometidas, “momento a partir del cual Rossi tuvo progresivamente la disposición y administración de dichos fondos lo que a su vez transfirió en concepto de pagos proyectados a la empresa contratista, los que L&C Construcciones” por la suma total final de $20.035.724.85, monto exactamente coincidente con el presupuesto del proyecto oficial, el que conforme los precios del mercado de plaza debería haber tenido un costo mínimo de $14.500.000 aproximadamente y máximo un valor equitativo estimado de $18.133.859.10.
Con esos datos, la fiscalía concluyó que se produjo así un perjuicio al erario público municipal por la suma máxima de $5.535.724,85 y un mínimo de $1.901.865,75.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.