El suspendido juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, no apelará la decisión adoptada por el Jurado de Enjuiciamiento de abrirle un proceso de jury para evaluar las siete acusaciones que pesan en su contra por mal desempeño en el cumplimiento de su función.

Así lo dio a conocer su abogado defensor, Guillermo Vartorelli. “Lamentablemente, la decisión del Jurado de Enjuiciamiento no es apelable. Sólo queda esperar el proceso”, indicó el letrado.

El procedimiento del jury se rige por la Ley Nº 9.283, del año 2000 –el apartado de la Constitución que regula ese instituto nunca fue reglamentado–, y se inició a principios de abril último, cuando se presentó el primero de los ochos pedidos de enjuiciamiento al magistrado gualeguaychuense.

El juez Rossi está denunciado por diferentes legisladores y organizaciones por mal desempeño en sus funciones y falta de idoneidad, por haber otorgado la libertad condicional a Sebastián Wagner el 1° de julio de 2016, desoyendo un informe del Servicio Penitenciario provincial, el dictamen de la Fiscalía y la opinión del Equipo Técnico del Juzgado de Ejecución de Penas, que desaconsejaban hacerlo.

Las denuncias se presentaron tras el femicidio de la estudiante Micaela García, cuyo cuerpo fue encontrado el sábado 8 de abril de este año en Gualeguay, una semana después del día en el que se la había visto por última vez, el sábado 1º de abril.

Wagner ya tenía una historia criminal encima: en 2012 fue condenado a 9 años por dos hechos de violación, y estuvo involucrado en un tercero, que la Justicia no pudo probar, ya que alegó que había sido su hermano gemelo.

El 1° de julio de 2016, el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, firmó un fallo en la causa “Wagner Sebastián José Luis. Ejecución de pena” que, ahora, tras el hallazgo del cuerpo de la estudiante Micaela García en un descampado, en Gualeguay, cobra relevancia.

En esa sentencia, Rossi dispuso “otorgar a partir de la fecha la libertad condicional” a Wagner, quien hasta entonces estaba alojado en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal Colonia El Potrero, de Gualeguaychú, cumpliendo una pena de 9 años de prisión por dos hechos de violación. La pena impuesta se cumplía recién el 16 de julio de 2018, dos años después.

Al dejarlo libre, Rossi le impuso a Wagner la obligación de residir “en el domicilio sito en el Barrio Holanda, Casa N°3, Manzana 39 A-1 de la ciudad de Gualeguay”; también, “abstenerse de frecuentar lugares nocturnos, consumir alcohol y estupefacientes”; “desempeñar una actividad laboral o profesional de conformidad a su capacidad y/o conocimiento o bien capacitarse cursando los estudios pertinentes”; además, “abstenerse de mantener contacto alguno con las víctimas de los hechos por el cual cumple condena y en caso de concurrencia ocasional en la vía pública, mantenerse a una distancia mayor a los cien metros”; también, “realizar tratamiento psicoterapéutico por su problemática de violencia sexual y adicciones”; y finalmente, “no cometer nuevos delitos, para lo cual deberá, presentarse una vez por mes ante el Patronato de Presos y Liberados, de la ciudad de Gualeguay”.

En  libertad, Wagner asesinó a la estudiante uruguayense Micaela García, un caso que tuvo repercusión nacional e internacional y que puso a la Justicia entrerriana en tela de juicio. El pasado 17 de octubre, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó a Wagner a prisión perpetua por “abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio”. En tanto, su jefe Néstor Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento y el hijastro de Wagner, Gabriel Otero, fue absuelto.

Por haber liberado a Wagner, el juez Rossi quedó en medio de la tormenta, y hasta el presidente Mauricio Macri se atrevió a cuestionar su procedimiento. Aunque la decisión de abrirle un proceso en contra se adoptó luego de una largo trámite, que incluyó la recusación de miembros del Jurado de Enjuiciamiento.

El tema se resolvió del siguiente modo: siete miembros del Jurado aceptaron las recusaciones de los diputados Diego Lara y Rosario Romero, ambos del Frente para la Victoria (FPV); del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Castrillón; y de los senadores Ángel Giano (FPV) y Roque Ferrari (Cambiemos). En cambio, rechazó, por 4 votos a 3, las recusaciones que pesaban sobre los diputados Daniel Koch (Frente Renovador) y Esteban Vitor (Cambiemos).

De modo que el Jurado quedó integrado con los siguientes nombres: Daniel Carubia, (presidente), Bernardo Salduna y Susana Medina de Rizzo, por el STJ; Lucas Larrarte (FPV) por el Senado; Daniel Koch (UNA-Frente Renovador) por la Cámara de Diputados; y por el Colegio de Abogados de Entre Ríos, Jorge Campos, y Roberto Behéran (titulares). 

Ese tribunal es el que decidió someter a Rossi a un jury de enjuiciamiento, y mientras dure el proceso -que se iniciará recién en 2018- el magistrado estará suspendido en sus funciones, y percibirá sólo el 70% del salario.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.