El ex intendente de Santa Elena y ex vicegobernador de Entre Ríos, Domingo Daniel Rossi, y su esposa la ex diputada provincial Patricia Díaz (PJ) solicitaron al Ministerio Público Fiscal que dé por concluida la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que se inició en diciembre de 2016.

La investigación se abrió de oficio a fines del año pasado por orden del Procurador General Jorge García, luego de una publicación de la revista “Análisis”, en la que se informó que la ex legisladora tendría en el Scotia Bank de Montevideo una cifra de u$s 1.160.000, como así también inversiones en bonos en Chile, Brasil, Estados Unidos, México y el Uruguay por 886.148 dólares.

Este martes por la mañana ingresó a la fiscalía un escrito de los abogados Carlos Guillermo Reggiardo y Mariciano Martínez, que representan a Rossi y Díaz, en el que solicitan un ‘pronto despacho’ en la causa, y enumeran una serie de consideraciones.

En diálogo con Entre Ríos Ahora, Marciano Martínez explicó: “Nuestros defendidos solicitan la pronta resolución de la cuestión ya que no hay ninguna razón para que no se concluya la investigación”.

Y agregó que “el matrimonio fue a Uruguay y solicitó en el banco correspondiente un certificado en el que conste que ellos no tuvieron depósito ni tuvieron ninguna actividad allí. Ello manifiesta que no hay ninguna razón para que esté paralizado el expediente. Por eso solicitan que les den una inmediata solución a la causa”.

“La causa está paralizada por la inactividad del Ministerio Publico Fiscal que algunas veces lo usan para amansar algún enemigo: le hacen la imputación y ante la imputación se quedan quietos. Esperemos que esto tenga una inmediata solución, no vivimos en un régimen autoritario”, concluyó Martínez.

Pedido a la fiscalía


El escrito presentado en la fiscalía por Martínez y Reggiardo dice en primer lugar que “es común que la opinión pública considere que los delitos de corrupción como se les llama a los de Enriquecimiento ilícitos, entre otros, estén demorados por interés del propio imputado”.

En un segundo punto, remarcan “que la imputación parte de la base de que teníamos una fuerte suma de dinero depositado en un Banco de la República Oriental del Uruguay y que este depósito era la prueba del enriquecimiento”.

En tercer lugar, señalan “que hemos sido nosotros los que incorporamos en su Legajo el certificado del citado banco uruguayo de que no tuvimos depósitos ni ningún tipo de actividad económica o bancaria en el citado establecimiento uruguayo. Eso ya consta en su legajo desde hace mucho tiempo”.

En un cuarto ítem, reclaman la celeridad del proceso penal. “Que gozamos del derecho constitucional de que el proceso penal tiene que terminar en el más breve plazo como un Derecho Humano del más elevado nivel, por cuanto existen regímenes autoritarios que utilizan el Poder Judicial para amansar a personas con las que no tienen comunidad de intereses ni de opiniones”, dice el escrito firmado por los abogados Reggiardo y Martínez.

Por último, solicitaron que “de inmediato dé por concluida la investigación fiscal que inició el año pasado, en 2016, ya que le consta en su Legajo que el reproche contra nosotros nunca existió de acuerdo a lo que le comunica el propio banco que Ud cita”.

Cabe recordar que en 2006 Rossi fue hallado culpable de enriquecimiento ilícito en la función pública y condenado a tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por ocho años, al pago de 90.000 pesos de multa y a hacer tareas comunitarias durante tres años.

El tribunal que lo condenó estuvo integrado por los camaristas Jorge García –hoy Procurador General-, Silvia Nazar y Raúl Herzovich. El fallo quedó firme en 2007 y fue destituido como intendente de Santa Elena. En 2010 acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se revise su condena. Ostentó el mando municipal de la ciudad del norte entrerriano durante cuatro períodos: 1983-1987; 1991-1995; 2003-2007 y 2011-2015.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.