Bernardo Salduna, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), fue uno de los dos integrantes del Jurado de Enjuiciamiento que votó en contra del jury al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, a quien se acusa de mal desempeño y falta de idoneidad por haber liberado en 2016 al violador serial Sebastián Wagner, quien luego sería el femicida de Micaela García.

Salduna coincidió con otro vocal del STJ, Omar Carubia, quien consideró que las denuncias contra el magistrado debían ser desestimadas. El voto del Salduna es uno de los más extensos. De las 130 páginas que integran el dictamen completo, 25 son del supremo. Además de las consideraciones sobre el caso en estudio, el juez dedicó varios párrafos a atacar la doctrina del “garantismo”, corriente que en Argentina tiene como máximo exponente al ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.

Para Salduna, la resolución del juez Rossi, que el 1° de julio de 2016 le otorgó la libertad condicional a Wagner tiene como base la doctrina del garantismo. El vocal del STJ recordó que tras la vuelta a la democracia, en 1983, el Estado puso el acento en “asegurar principios básicos que hacen a la libertad y los derechos de las personas” y que producto de esas políticas se derogaron normas represivas dictadas por la dictadura e incluso por gobiernos anteriores. Mencionó que siendo diputado nacional por la UCR, entre 1983 y 1991, el Congreso dictó normas en materia de Derechos Humanos, que paulatinamente fueron “distorsionadas” por el garantismo.

“El problema radicó en que esta corriente, inspirada en altos principios y loables aspiraciones, al inclinarse al extremo opuesto, fue paulatinamente desnaturalizada. Y, del necesario aseguramiento de la vigencia de las ‘garantías’ para los infractores de la ley penal, fuimos derivando hacia una corriente doctrinaria distorsionadora de aquel noble principio, que recibió, un tanto antojadizamente el nombre de ‘garantismo’. O incluso, como llegó a conocerse, de ‘abolicionismo’. Deformación comparable a confundir el amor con la prostitución”, escribió Salduna.

Luego señaló que Eugenio Zaffaroni fue convirtiéndose en una especie de “óraculo” de esa corriente en materia de Derecho Penal y sostuvo que si muchos lo leyeran se encontraría con algunas ideas “desconcertantes”.  

Salduna afirmó que la doctrina Zaffaroni tiene como finalidad principal proteger “a los delincuentes” y no a los bienes jurídicos, como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Ya que, según esta doctrina, se debe “resguardar a los amenazados del poder punitivo” del Estado.

En ese sentido, dice que para Zaffaroni “si de algo sirve el Derecho Penal  es para poner límites a este poder ‘irracional’ del Estado”. Según Salduna, este enfoque  “cambia radicalmente, cuando se trata de lo que se denomina ‘crímenes contra la  humanidad’”. La lógica del garantismo, según el vocal del STJ, no se aplica a los represores.

Antes de arrancar ese análisis, Salduna habla del pasado del ex juez de la Corte: señala que fue nombrado juez y ascendido en tiempo de la dictadura y que rechazó in limine recursos de habeas corpus a favor de detenidos-desaparecidos, y que fue redactor de un Código de Justicia Militar, que propugna la pena de muerte. Remarca que con la vuelta de la democracia, el juez “sobreactúa con la ‘terrible fé de los conversos’”.

En su análisis, Saluda dice que la doctrina del garantismo no se aplica para los casos de condenados por crímenes de Lesa Humanidad ya que ”no rige ni el principio de irretroactividad de la ley; ni la ley penal más benigna; ni la prescripción de la acción” y “tampoco el beneficio de la excarcelación, ni la prisión condicional. Ni como lo hemos visto en reiteradas oportunidades la prisión domiciliaria a enfermos o personas de avanzada edad. Y ni siquiera la posibilidad de seguir estudios universitarios”.

Para Salduna, esta doctrina que defiende Zaffaroni explica que por un lado un policía o el “ejército acusado de detener a una persona por orden superior en tiempo dictadura se le niegue el derecho a la excarcelación o incluso a la prisión domiciliaria, mientras un asesino serial pero encuadrado como delincuente común, forme parte de la comparsa ‘Vatayón Militante’ y se le permitan beneficios que, entre otros le habiliten una más fácil fuga…”.

Cuando se lee este párrafo es inevitable recordar que en los primeros días de octubre de 2016, Salduna estuvo en el juicio acompañando a familiares del expolicía Ricardo Céparo, condenado a 11 años de prisión por el secuestro y torturas sufridas por una mujer durante la última dictadura militar. Céparo es, además, suegro de Emilio Castrillón, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Su presencia en el juicio nunca fue explicada.

En otro tramo, el vocal del STJ remarcó que la ley de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad, N° 24.660, que otorga beneficios a los condenados, se ajusta a esta filosofía del derecho penal y que dicha norma estaba vigente en el momento de la resolución del juez Rossi en el caso Wagner. El caso de Micaela García generó que la norma fuera modificada por el Congreso nacional este año, poniendo límites a las excarcelaciones o salidas anticipadas a condenados por delitos graves.

Además,  en su extenso voto, el vocal del STJ cuestionó los vaivenes en las políticas de persecución penal: “Un día todos van presos, cualquiera sea el delito o el grado de sospecha; otro, todos salen en libertad o gozan de cualquier beneficio, no importa cuánto sea el peligro. A eso se suma, además, la nunca resuelta discusión acerca de qué hacer con los menores que delinquen, si comprenden lo que hacen o no, si hay que bajar la edad de imputabilidad y en cuántos años situar ese piso”.

“Los poderes del Estado deben garantizar que quienes delinquen serán capturados y sancionados. Que quienes hayan cometido delitos graves deben ser sacados de las calles y quedar bajo la guarda gubernamental en condiciones dignas. El monto de las penas debe ser razonable y su cumplimiento debe darse bajo un régimen de tratamiento penitenciario progresivo”, sostiene.

En otro punto de su análisis, Salduna considera que en Argentina, en materia de Derechos humanos, faltaron políticas de Estado. Para sostener tal afirmación recuerda que durante el gobierno de Raúl Alfonsín “hubo juzgamiento de altas cúpulas militares y policiales e indulgencia a los cuadros de menor jerarquía (ley de Obediencia Debida)”; que durante el gobierno de Carlo Menem estuvo “el ‘perdón’ indiscriminado, a todos, vía indultos”; y que a partir de 2003, con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, hubo “apertura sesgada de juicios, violando elementales normas jurídicas que obligaron a pergeñar una especie de ‘derecho penal del enemigo’”.

El vocal del STJ resaltó que en cada período la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el Punto Final y la Obediencia Debida, los indultos; y que luego los declaró inconstitucional y nulos.

Antes de cerrar su voto, en el que consideró que había que desestimar las denuncias contra Rossi, el magistrado se preguntó: “¿Podemos convertir en ‘chivo expiatorio’ a un magistrado que simplemente, en determinado contexto, se inclinó, al tener que resolver una cuestión concreta, por uno de los criterios doctrinarios o jurisprudenciales, en apariencia, predominante?”

Más allá de estas consideraciones, lo cierto es que el voto de Salduna no alanzó para rechazar las denuncias contra el juez Rossi, que será sometido a un jury en 2018.

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.