“Una aberrante violacion de los DDHH. Un crimen de un niño de cinco meses de gestación al q abandonan en una bandeja de hospital. Presunta violación. Pero más violencia con un indefenso. Nadie busco al supuesto violador!”.

De ese modo se expresó en su cuenta de Twitter el periodista del diario La Nación Mariano Obarrio. “Esta es una noche de profunda tristeza. En la ciudad de Concordia, Entre Ríos, en el Hospital Masvernat, se practicó un aborto durante el día de hoy de 5 meses de gasetiónac. Lo ordenó una jueza de familia.Nada mas ni nada menos que una familia que debe proteger a la familia. Y lo ordenó bajo un supuesto caso de violación a una menor”, contó en una video que subió a YouTube.

El caso no es nuevo. Ocurrió hace más de un mes.

Los padres de una nena de 13 años, embarazada producto de una violación, debieron acudir a la Justicia para que se les garantizara lo que por ley existe desde el siglo pasado: la interrupción de la gestación.

Desde 1921, el Código Penal Argentino permite el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente” (artículo 86 incisos 1 y 2 del Código).

En marzo de 2012, en el caso “F. A.L. s/ medida autosatisfactiva”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito sino que basta con completar una declaración jurada en la que la mujer víctima de una violación manifieste que el embarazo es producto de ese delito.

En el mismo fallo, la Corte exhortó al Estado Nacional y a las jurisdicciones provinciales a que sancionen protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a abortos no punibles (ANP) y a los poderes judiciales a que no obstruyan el acceso a los servicios.

Entre Ríos dictó en 2012, durante el gobierno de Sergio Urribarri, un protocolo que cumplía a medias con la jurisprudencia de la Corte. En agosto de 2017, ese protocolo fue reformado y acogió todas las recomendaciones de la Corte.

Pero todavía hay resistencias en los hospitales.

Es lo que le sucedió a los padres de la menor de 13 años que llegaron al Hospital Delicia Masvernat, de Concordia, cuando se enteraron que su hija había quedado embarazada producto de la violación de otro menor, de 16 años.

Primero acudieron a un consultorio, pero el profesional que los recibió les puso reparos. Y por eso los papás acudieron al abogado Pedro de la Madrid, quien acudió con un escrito ante la jueza de Familia de Concordia, Belén Estevez. La magistrada lo que hizo fue citar a las partes y recordarles la vigencia del protocolo dictado por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y anoticiándolos de que el caso no debía judicializarse.

“Fue una pérdida innecesaria de tiempo ir a la Justicia. Se perdieron dos semanas por la oposición burocrática en el hospital a acceder a practicar un aborto que está establecido en el protocolo”, dijo a Entre Ríos Ahora  el abogado De la Madrid.

La nena había ocultado su embarazo a sus padres, pero cuando éstos se enteraron, y charlaron con su hija respecto del tema, la decisión fue una: interrumpir por la vía legal la gestación. “Yo me entrevisté con la nena el miércoles pasado. Ahí me enteró que los padres habían acudido al Hospital Masvernat, porque la nena tenía la decisión de no continuar con el embarazo. Pero primeramente en el hospital le negaron la interrupción”, contó el abogado.

Pero el periodista prefirió contar otra historia.

“El bebé fue extraído con cinco meses de gestación”, dijo Obarrio. “Y fue depositado en una bandeja, en una chata de hospital. Los médicos pensaron que la inviabilidad de esa vida iba a ser que terminara su vida en esa chata en pocos minutos. Pero sin embargo el bebé resistió diez horas. Y nadie lo atendió”, apuntó.

“Es todo mentira”, respondieron desde el Ministerio de Salud.

Oficialmente, el Ministerio de Salud defendió la vigencia del protocolo de actuación en casos de aborto no punible, como ocurrió en Concordia. “El Ministerio de Salud de la provincia, con objetivos sanitarios de reducción de la morbimortalidad materno e infantil y en cumplimiento de la legislación vigente, adhirió al ´Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo´ durante 2017. En ese marco, toda vez que se han requerido dichas prácticas, las mismas se han realizado de manera respetuosa de los derechos. Sin embargo en las últimas horas se ha difundido una publicación que contiene la descripción de hechos falsos en función de una Interrupción Legal de Embarazo (ILE) realizada en la ciudad de Concordia. Ante ello la cartera sanitaria entrerriana señala que las políticas públicas que implementa están en el marco del respeto irrestricto de las leyes”, dijeron.

Y añadieron: “La protección de derechos de niñas, niños y adolescente es responsabilidad del Estado; por esa razón se reservaran todos los datos que puedan vulnerar la intimidad del caso de referencia. En tal sentido, se señala que una Interrupción Legal de Embarazo (ILE) en niñas y/o adolescentes, es en primera instancia para respetar la integridad de la persona, e intentar terminar con un cruento camino de violencias, frente a flagrantes violaciones de estos derechos, el estado debe reparar aplicando la ley sin dilaciones, para restituir en parte la condición de dignidad de esa niña, niño, o adolescente”.

En ese orden de ideas, desde Salud sostuvieron que los profesionales de la salud frente a situaciones complejas de riesgo de salud, riesgo de vida o violaciones/abuso sexual, “están habilitados a proceder según lo establecido en el Código Penal Art. 86, inc. 1 y 2, siempre y cuando la niña o adolescente así lo demande”.

“Es importante aclarar que siempre se actúa respetando la legislación argentina que reconoce situaciones en las que el aborto está permitido. Además el programa provincial de Salud Sexual y Reproductiva, trabaja en forma coordinada con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, cuya Secretaría de Gobierno de Salud está a cargo de Adolfo Rubinstein, para garantizar que el acceso a los derechos sexuales y reproductivos sean una realidad y por ende garantizar estas prácticas.  Por eso ambas carteras de salud compartimos la preocupación por la manipulación de información, exponiendo a niñas, niños o adolescentes, porque se vuelve a dañar la integridad de esas personas, vulnerabilizándolas nuevamente”, señalaron.

 

Foto: Gentilea La Lucha en la Calle
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.