El 28 de enero de 2004 el Poder Ejecutivo dictó el decreto N° 307 a través del cual dispuso prorrogar el proceso de liquidación de las firmas Frigorífico Regional Santa Elena SA y Safra SA Frigoríficos Regionales CIF, “hasta tanto se produzca la efectiva cancelación de los pasivos y la realización de los activos de los mismos”.

El artículo 2° de ese decreto dispuso la aprobación de los contratos de locación de obra celebrados entre el entonces ministro de Economía, Diego Valiero, y los contadores Guillermo Chervo y Erica Ivón Kramer. “los que actuarán en calidad de liquidadores”.

Antes de que se dictara esa norma, el 29 de noviembre de 2000, y a través del decreto N° 5.484 el Gobierno había aplazado el proceso de liquidación de los restos del exFrigorífico Santa Elena “hasta tanto se produzca la efectiva cancelación de los pasivos y la realización de los activos de los mismos, como así también la continuación de los señores liquidadores designados oportunamente”.

El contador Chervo continuó con sus labores de liquidador durante dos décadas. Recién el 9 de octubre último, y a través del decreto N°3.356 el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia a la tarea encomendada en 2000.

El Frigorífico Santa Elena –que fue una industria clave en una ciudad, Santa Elena, ubicada a 150 kilómetros de Paraná, en el departamento La Paz- cerró definitivamente sus puertas en 1993. Después, hubo una sucesión de experiencias fallidas que no lograron recuperar un gigante que no volvió a despertar jamás y dejó a la deriva la economía de toda una ciudad.

Cuando cerró, el frigorífico dejó a 2.200 personas en la calle. En 2005, el empresario Sergio Taselli –involucrado en el escándalo de las coimas de los cuadernos- intentó remontarlo, pero la experiencia resultó fallida.

En sus 42.500 metros cuadrados de extensión, la planta frigorífica llegó a producir 225 mil kilos de carne por día y faenaba, en forma diaria, 1.000 cabezas de ganado. Había nacido en 1871 como saladero de carne salada y seca, fundado por Federico González y Eustaquio y Norberto de la Riestra. Luego, se denominó Empresa Kemmerich & Cia., y en 1909 la planta fue adquirida por Establecimientos Argentinos de Bovril Ltda, una firma con capitales ingleses y norteamericanos, que la manejó durante 63 años. En 1972, abandonaron Santa Elena.

Luego, pasó a la firma santafesina Safra SA, que lo tuvo hasta 1984, cuando fue estatizado durante la gobernación del radical Sergio Montiel. Pero cuando Jorge Busti asumió al frente del Poder Ejecutivo decidió privatizar el Frigorífico Santa Elena, en 1991. Se hizo cargo el empresario Rodolfo Constantini, del Frigorífico Rioplatense, que lo cerró 18 meses después.

En 2005 Sergio Taselli intentó, sin éxito, reflotarlo.

Ya caído el gigante de Santa Elena, había que concluir el proceso de liquidación de la sociedad anónima.

Pero ese proceso se ha ido extendiendo en el tiempo, sin solución.

 

El 18 de octubre último, y a través del decreto N°  156 del Ministerio de Economía, el Estado entrerriano aceptó la renuncia de Chervo, y designó en su lugar a Leandro Luna de Luca.

El texto menciona que “habiendo transcurrido un extenso tiempo desde que se dispuso el comienzo de la liquidación y disolución y no habiéndose alcanzado tal hecho, se considera conveniente sustituir al liquidador”. Y argumenta que “para la tarea de liquidar y disolver las empresas se debe estar a lo previsto en la materia por la Ley Nº 19.550, por ser un Sociedad Anónima, cumplimentando sus formalidades y regularizando la cuestión societaria”.

Chervo, en casi dos décadas, no cumplió su misión y dejó cabos sueltos. El decreto menciona que a la fecha, “y luego de varias solicitudes de información cursadas al Cr. Chervo, sin respuestas satisfactorias a los requeridos, se desconoce con exactitud la situación patrimonial de las empresas, tanto de sus activos, en existencia y condiciones, como a sus pasivos en cuantías y naturaleza”.

Ahora, el Gobierno decidió poner un plazo de “180 días” para concluir el proceso larguísimo de liquidación de las firmas Frigoríco Santa Elena y Safra, que ahora queda en manos del liquidador De Luca.

“Disponer que el nuevo Liquidador, designado en el artículo anterior, deberá emplear todos los medios a su alcance para regularizar la situación societaria de las empresas, procurando la custodia y resguardo de los bienes que posean con una correcta administración y su efectiva liquidación, disolución y aprobación de las mismas, para concluir con la baja en el registro público de comercio y como persona jurídica de derecho privado -S.A.-.”

El artículo 4° del decreto N° 154 fija que “de no mediar causales  excepcionales o extrínsecas que impidieren o dificultaren gravemente la ejecución de las tareas a realizar, las mismas se llevarán a cabo dentro de los ciento ochenta días de la formal toma de posesión del cargo de Liquidador”.

 

 

 

Fotos: diario La Nación

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.