Ya empezó la cuenta regresiva y en días el empresario santacruceño Ricardo Fabián Barreiro, que se hizo conocido como el “jardinero K”, deberá comparecer ante la Justicia entrerriana en un juicio por el supuesto delito de falsificación ideológica de documento público. La fecha del juicio para Barreiro es el lunes 15 y martes 16 de mayo. En ambas jornadas, la hora de inicio de los debates es a las 9.

A Barreiro se le imputa haber introducido datos falsos en un documento público para presentarse a una licitación a pesar de ser funcionario provincial, ya que había sido nombrado en el cargo – ad honorem- de coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que dirigía Sebastián Lorenzo, y que dependía del Ministerio de Cultura y Comunicación, entonces al mando de Pedro Báez, hoy diputado provincial del FPV.

Barreiro fue designado en ese cargo el 15 de agosto de 2012, mediante el Decreto Número 2.693, por el entonces gobernador Sergio Urribarri y su ministro Báez. El 7 de noviembre de ese mismo año el ex mandatario firmó el Decreto Número 3.793 con el cual se le asignaron viáticos, pero que nunca utilizó. Barreiro, llamativamente, ingresa en el Registro de Proveedores del Estado, con el número 4.711, el 15 de octubre, dos meses después de ser nombrado “coordinador” de Cultura. En ese trámite de registración sostuvo que no era funcionario o empleado provincial.

Cuatro meses después de su designación en el Ceicer, en diciembre de 2012, su empresa RP Transporte SA le cobró al Estado provincial 220.000 pesos para trasladar estudiantes secundarios de la capital entrerriana al complejo de Tecnópolis, en Villa Martelli, Buenos Aires.

La licitación fue realizada por el Ministerio de Turismo, que en ese momento estaba a cargo de Hugo Marsó. Extrañamente, Barreiro fue el único oferente. Hubo funcionarios judiciales que en la etapa de instrucción de la causa intentaron investigar si existió una licitación amañada, pero esa posibilidad se abandonó con escasas argumentaciones.

Al empresario santacruceño, vinculado a la familia Kirchner, lo juzgará un tribunal unipersonal, que integra Pablo Vírgala, juez Correccional Nº 1 de Paraná. Será así porque los jueces Correccionales intervienen en los casos anteriores a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, es decir el 22 de septiembre de 2014, y cuyo delito prevea una pena máxima de hasta 10 años. El delito que se le imputa a Barreiro tiene una pena de1 a 6 años de prisión.

La causa comenzó a investigarse tras la denuncia realizada por el abogado Guillermo Mulet en mayo de 2013, quien tomó nota de las revelaciones periodísticas –primero del sitio Río Bravo y también de Página Judicial- que rápidamente tuvieron repercusión en toda la provincia y en varios sitios nacionales, ya que al santacruceño también se le habían detectado cargos en otras provincias.

La última vez que se vio a Barreiro en los Tribunales de Paraná fue en junio de 2014, cuando el juez de Instrucción Nº 7, Elvio Garzón, le tomó declaración indagatoria. Un mes después el juez Humberto Franchi lo procesó, y pidió al fiscal que entonces tenía la causa, Francisco Ramírez Montrull, que investigue si Barreiro no incurrió también en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Luego el caso cambió de fiscal y el rumbo de la acusación quedó a medias. Y es que el miércoles 25 de noviembre de 2015, la fiscal de Transición, Viviana Ferreyra, pidió la elevación a juicio pero descartó ampliar la imputación por supuestas negociaciones incompatibles. No hubo muchas explicaciones al respecto.

“Fue revisada toda la licitación pública, porque la contratación se hizo por contratación pública no privada. Se hizo siguiendo las reglas de la licitación pública. Sí, es raro, no hay otros oferentes, pero se publicó en el boletín, fue pública”, manifestó a quien escribe la fiscal Ferreyra, en una entrevista concedida el día que elevó la causa a juicio.

Esa decisión dejó afuera la posibilidad de investigar si la licitación fue direccionada por funcionarios urribarristas, como Pedro Báez, Sebastián Lorenzo o el entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó.

En la causa que enfrenta en Entre Ríos, el empresario/funcionario kirchnerista es defendido por el ex diputado nacional del FpV y exconvencional constituyente, Raúl Barrandeguy y su socio, Candelario Pérez. Ambos letrados también defienden al ex titular del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, investigado por negociaciones incompatibles con la función pública.

Barreiro y sus ‘cargos’
Fue el periodismo el que descubrió los diferentes cargos que ostentaba Barreiro. Luego de que se supo el lugar que ‘ocupaba’ en la provincia, se conoció que fue nombrado “embajador cultural” de Clorinda, Formosa y que tenía emprendimientos en Santa Cruz y en Tucumán.

El diario La Nación reveló además que Barreiro figuraba como contratado en los registros del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), como “personal contratado” para el lapso comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/13.

La exposición pública de Barreiro, señalado como un nexo de los negocios del kirchnerismo, generaron que la justicia comience a seguir sus pasos. Así llega a juicio en mayo en Entre Ríos y está cerca de sentarse en el banquillo de acusados también en el sur del país, donde un juez lo procesó en otra causa por incompatibilidad de funciones.
El 22 de noviembre del año pasado, el Centro de Información Judicial (CIJ) informó que el juez Leal de Ibarra del Juzgado Federal de Río Gallegos, lo procesó en una causa por haber resultado beneficiario de la concesión de una compañía de carga aérea Jet Paq y haber sido contratado en forma simultánea por el Organismo Regulador de Aeropuertos.

Urribarristas en defensa de Barreiro
En el juicio la defensa del empresario santacruceño llamará a declarar como testigos de Barreiro, –ya lo hicieron en la etapa de instrucción por escrito- a Sebastián Lorenzo y a Pedro Báez. El primero fue director del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), donde el empresario fue designado, ad honorem, como coordinador de Relaciones Institucionales y que abandonó ese cargo en mayo de 2015.

Lo que se sabe de Lorenzo es que en 2014, ante la justicia entrerriana, dijo que Barreiro era “un amigo de militancia” e intentó justificar la designación de Barreiro en el Ceicer. Tras abandonar el Centro, Lorenzo se dedicó a hacer buenos negocios con el presidente de la láctea Cotapa, Juan Carlos Acevedo Díaz. Entre Ríos Ahora ya contó la relación que ambos empresarios entablaron, pero la recordaremos: ambos son socios en la firma Grupo Net SRL (ex Think Grupo de Comunicación SRL), la usina de propaganda del urribarrismo. En su estructura societaria también está Amalia Heinitz, esposa del publicista Rosario Ignacio Labarba.

Además hay que señalar que hay otro dato que muestra la relación entre Lorenzo, Báez y Barreiro. Según reveló el año pasado la revista “Análisis”, que dirige Daniel Enz, el santacruceño dispone en la ciudad de San José, departamento Colón, de un complejo de bungalows, desarrollado en unos 13 mil metros cuadrados -que son tierras municipales de las termas de San José-, donde se habría invertido más de un millón de dólares.

La administradora del complejo es Julieta Lorenzo, hermana del exfuncionario de Cultura de la provincia. Ambos son hijos de la ex diputada nacional Delma Noemí Bertolyotti (PJ / 2003-2005), oriunda de Concepción del Uruguay.
El gestor del proyecto de inversión, que se realizó en 2012, fue nada más y nada menos que el ex ministro de Cultura y Comunicación de la administración de Urribarri, Pedro Báez. Ese dato lo confirmó el año pasado el exintendente de San José y actual senador provincial Pablo Canali.

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora