La Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el amparo presentado por una asociación de consumidores contra la actualización de la tarifa eléctrica dispuesta por la Cooperativa Eléctrica de Concordia.

El alto tribunal, con el voto de los jueces Claudia Mizawak y Daniel Carubia y la abstención de Miguel Giorgio, confirmó la sentencia de primera instancia, que había dictado la vocal de la Cámara de Apelaciones de Concordia,  Estela Beatriz Méndez Castells, que no acogió un planteo de la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen).

La magistrada rechazó el amparo por cuanto consideró que la Cooperativa Eléctrica no es formadora de precios, y por eso mismo no fue su responsabilidad la actualización tarifaria que empezaron a pagar los usuarios a partir de enero de 2018.

La Sala Penal consideró que “no existe nulidad”. en la resolución de la magistrada y por eso mismo rechazó el recurso de apelación interpuesto. Uno de los reclamos que formuló Adecen es que la Cooperativa no informó con antelación de la resolución, aprobada por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) avisando de la modificación tarifaria.

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En su voto, la jueza Mizawak aseguró: “De la atenta lectura de los ítems reseñados no emerge que exista una obligación de la cooperativa demandada de informar en el cuerpo de la factura y con anterioridad a su aplicación, esta modificación del cuadro tarifario; lo que -reitero- hubiese resultado materialmente inviable desde que la efectuó a partir de lo dispuesto por una resolución dictada por el EPRE durante el mismo mes que debía facturarse, adecuando el costo del servicio conforme las variaciones de los valores mayoristas que detalla y lo dispuesto por la normativa nacional respectiva”.

Para el STJ, la variación de la tarifa eléctrica”obedeció a decisiones tomadas por las autoridades nacionales y provinciales competentes, tras sendas audiencias públicas”, y dispuestas en resoluciones que fueron “debidamente dadas a conocer a través de los respectivos boletines oficiales; amén de las distintas publicidades efectuadas a través de diversos medios de comunicación de acceso a toda la comunidad” por lo que entiende que el “deber de información se avizora como mínimamente cumplido”.

“Obviamente, resultaría conveniente y más saludable para toda la población, atento a la gran cantidad de aumentos que se han registrado en estos últimos dos años, que todos los datos indispensables referidos a la tarifa y sus variaciones se comuniquen al usuario de la manera más clara y precisa posible”, señaló Mizawak.

Adecen también llevó a la Justicia un reclamo contra el aumento de la tarifa eléctrico dispuesto por la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa), que fue rechazado por la vocal de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, Valentina Ramírez Amable.

El planteo judicial buscó que se declare “nula y/o ilegítima” la aplicación de los incrementos en la tarifa que dispuso Enersa  sobre los consumos registrados en el primer bimestre de 2018; también, que se condene a la distribuidora eléctrica a refacturar los consumos conforme a la tarifa vigente al 31 de octubre último;  y se ordene la devolución de las sumas de dinero “indebidamente percibidas como consecuencia del cuadro tarifario declarado inválido a través de acreditaciones en vencimientos inmediatos posteriores con intereses”.
Uno de los argumentos es que ese aumento no estuvo debidamente notificado a los usuarios.
El fallo, que lleva la firma de la vocal de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, Valentina Ramírez Amable, dispone rechazar la  acción de amparo. La magistrada también dispuso que Enersa deberá insertar en las próximas facturas a emitir a los usuarios un aviso respecto de la fecha en que se producirá el próximo reajuste trimestral tarifario correspondiente al valor agregado de distribución (VAD), aprobado conforme resolución EPRE Nº 168/16, haciendo la salvedad de que dicho aumento es independiente de otros que puedan surgir del aumento del precio del mercado mayorista de energía (MEM), que pueda disponerse a nivel nacional, debiendo gestionar los trámites que correspondan ante el Ente Regulador provincial. El aviso en cuestión deberá ser de similar o mayor tamaño y visibilidad a aquel en que se anoticia a los usuarios de la fecha de corte por falta de pago.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.