La Asociación Testigos de Jehová actúa del mismo modo que la Iglesia Católica cuando alguno de los suyos se ve envuelto en causas penales por abusos y corrupción de menores: silencia, oculta y se quita toda responsabilidad en el asunto. Los Testigos enviaron una abogada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual del Poder Judicial, que se entrevistó al fiscal Leandro Dato y buscó convencerlo de que la denuncia presentada por una adolescente de María Grande contra un miembro de la congregación no podría prosperar. Y que ellos, los Testigos, no podrían aportar nada porque los rige un secreto confesional del que no pueden apartarse.

La causa penal avanzará más allá de los remilgos de los miembros de la congregación, aunque la intervención de los Testigos ante la Justicia entrerriana da cuenta de cuál ha sido, antes, su proceder frente a otra investigación judicial, en Santa Elena, por dos casos de abuso.

Se trata del caso que en febrero último el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, elevó a juicio. Dos miembros de los Testigos están acusados de abuso sexual y corrupción de menores: se trata de Matías Vargas (de alrededor de 42 años) y su cuñado Vito Panza (30 años).

Tanto Vargas como Panza están imputados por delitos contra la integridad sexual. Al primero se le atribuyen los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual simple reiterados, agravado por ser cometido por ministro de culto, más corrupción de menores; en tanto, a su cuñado se le endilga abuso sexual gravemente ultrajante agravado y corrupción de menores.

El abogado Roberto Juan Ignacio Martínez Zabala, pidió el sobreseimiento de sus defendidos –Vargas y Panza- y formuló una serie de planteos. Sostuvo que los delitos estaban prescriptos por el paso del tiempo; puso objeciones sobre los hechos ventilados por la parte acusadora; rechazó la calificación legal; la prueba presentada por el fiscal y la querellante y también la pena que solicitaron. El juez rechazó todos los planteos.

El fiscal Facundo Barbosa adelantó que en el juicio pedirá una pena de 18 años de prisión para Vargas y 15 para Panza. Mientras que la abogada querellante Valeria Burkhard coincidió con la calificación legal de los delitos establecidos por el fiscal, pero pidió 20 de prisión para ambos acusados.

Vargas era Siervo Ministerial, que es un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los Ancianos -nombre que reciben los líderes de la congregación-. Ese cargo o ‘privilegio’ –como se lo denomina en la congregación- se le retiró cuando fue denunciado. Por esa condición que supo ostentar, la pena es mayor a la de su cuñado, Panza. Este último actualmente vive en San Luis, y también fue expulsado de la congregación.

Cuando ese caso todavía no se debatió en juicio oral, en la Justicia ya está tramitando otra denuncia contra los Testigos. 

El denunciado es José Ariel González, de alrededor de 50 años, casado, con hijos, y Siervo Ministerial de la congregación, el título que se le otorga a aquellos integrantes que se desempeñan como guías espirituales y colaboradores directos de los Ancianos, las máximas autoridades de la religión.

La denuncia la realizó una joven en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná. Su exposición es reciente: la formuló el 11 de abril pasado. Ese día, L (se preserva su identidad) relató en la Fiscalía que fue abusada por el religioso. Aunque no se conocen detalles de su relato, una fuente judicial con acceso al expediente confió a Entre Ríos Ahora su impresión de la denuncia: “Es un abuso complicado, grave”, dijo.

La abogada Burkhard sostiene que “es lamentable que hayan ocurrido estos casos, pero es bueno que salgan a la luz y que las víctimas se atrevan a denunciar. Esto alienta a otros a denunciar”. Pero enseguida reprocha la falta de colaboración de parte de los Testigos. “En todo momento, negaron colaboración a la Justicia. Sabemos que tienen conocimiento y datos que pueden servir a la causa, pero no colaboran”, dice.

“Estaría bueno que la gente de la religión colabore, porque ellos predican el amor, y el cuidado de los niños, entonces deberían colaborar con la Justicia y no apañar a estas personas”, sostiene.


 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.