“No puedo dejar de manifestar dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia”, dijo el papa Francisco a su paso por Chile.

“Me quiero unir a mis hermanos en el Episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir”, agregó.

Después, el Papa hizo lo que nadie esperaba. Dio un apoyo explícito al obispo de Osorno, Juan Barros, acusado por víctimas de abuso como encubridor del cura pedófilo Fernando Karadina, a quien tanto la justicia ordinaria como la eclesiástica consideraron responsable de abuso sexual de menores, perpetrados durante las décadas de 1980 y 1990. Karadima fue suspendido de por vida de sus funciones.

Acá, en la Iglesia de Entre Ríos, no ha ocurrido nada de eso: ninguno de los tres sacerdotes con causas penales en la Justicia por abusos a menores ha sido suspendido, ni siquiera molestado en su pertenencia al clero diocesano. Tampoco hubo un pedido público de perdón de parte de la jerarquía eclesiástica. El obispo Juan Alberto Puiggari prometió un público arrepentimiento por esa falta a las víctimas del cura Juan Diego Escobar Gaviria, condenado en agosto de 2017 a 25 años de prisión, pero de momento nada ha hecho.

Aunque el pedido de perdón de Francisco ha sido tomado con pinzas por muchos sectores.

“Lamentablemente el discurso del Papa no se traduce en acciones concretas hacia los curas pedófilos. La mayoría sigue en sus puestos, ejerciendo el sacerdocio, dejando un tendal de víctimas sin justicia ni reparación”, expresó la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn), Nora Schulman. “No alcanza con pedir perdón en abstracto, se necesita una actitud concreta que los separe de la Iglesia”, agregó.

Fabián Schunk, sobreviviente de abuso sexual eclesiástico, exsacerdote, denunciante en la Justicia del sacerdote Justo José Ilarraz, dice: “Conocemos a cientos de curas abusadores con causas. Si indagamos, podríamos llegar a saber de miles. Lo paradójico es que no sabemos de ninguno al que hayan castigado con la pérdida del estado clerical por encontrarlo culpable de pedofilia. Esto es porque ellos, la Iglesia, creen que el sacerdocio es para siempre, hasta la otra vida, de ahí la dificultad de este tipo de sanción y por tal motivo es más fácil el traslado, lo cual implica el encubrimiento como condición”.

Schunk entiende que “para la iglesia hay 3 sacramentos que se imprimen de un modo indeleble: bautismo, confirmación y orden sagrado. El resto de los sacramentos se quitan”.

Aquí hay tres sacerdotes con causas en la Justicia por pederastia. Uno, ya condenado.

Juan Diego Escobar Gaviria fue condenado a 25 años de cárcel, y aunque el fallo no está firme, está recluido en una prisión: el 21 de abril de 2017 le aplicaron prisión preventiva, medida que se levantará una vez que adquiera firmeza la sentencia.

El cura fue condenado el 6 de septiembre por haber abusado a cuatro menores. En tres casos se lo acusó de promoción de la corrupción de menores reiterada, agravada por su condición de guardador; y en uno por abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto.

Justo José Ilarraz.

 

Marcelino Ricardo Moya.

 

Juan Diego Escobar Gaviria.

 

Mientras, el próximo 9 de abril se abrirá el juicio oral al cura Justo José Ilarraz, causa que se inició en septiembre de 2012. Las audiencias se extenderán hasta el 27 de abril.

Ilarraz carga con siete denuncias por abusos, presentadas por expupilos del Seminario Arquidiocesano de Paraná, adonde fue prefecto de disciplina entre 1985 y 1993.

 

El 17 de agosto de 2016 el juez de la causa, Pablo Zoff, resolvió elevar a juicio el caso Ilarraz. Pero el tribunal de juzgamiento no se pudo conformar de inmediato.

La Justicia hizo lugar a un planteo del defensor del cura Ilarraz, Juan Ángel Fornerón,  y dispuso que el tribunal que lo juzgue en juicio oral debe conformarse con camaristas y no con jueces de Garantías.

Una disposición del 25 de octubre de 2016, firmado por el camarista Alejandro Grippo, ordenó requerir al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que designe un camarista para integrar el tribunal.

Tres jueces de Garantías habían manifestado su no objeción a conformar el tribunal. Se trata de los jueces José Eduardo Ruhl, titular del Juzgado de Garantías N° 2; Humberto Oscar Franchi, titular del Juzgado de Garantías N° 3; y Mauricio Marcelo Mayer, del Juzgado de Garantías N° 4, todos de Paraná.

De los tres, explicó Grippo, se debían escoger dos, y el tercero deberá ser un camarista, cuya designación quedará en manos del máximo órgano judicial de la provincia.

Pero el abogado Juan Ángel Fornerón, defensor de Ilarraz, cuestionó esa medida e interpuso un recurso de reposición contra lo resuelto por Grippo respecto de la integración del tribunal que debe juzgar al cura. Reprochó la intención de integrar el tribunal con jueces de Garantías, cuando lo correcto sería hacerlo con camaristas.

En el entredicho intervino el fiscal coordinador Rafael Cotorruelo, quien opinó a favor de hacer lugar al recurso de reposición de Fornerón, y dijo que de acuerdo a la Ley Orgánica de Tribunales, corresponde integrarlo con camaristas.

En función de esos argumentos, el tribunal conformado por los camaristas Ricardo Bonzzola, Alejandro Grippo y Elisa Zilli dispuso hacer logar al recurso que planteó el defensor de Ilarraz y solicitó al STJ informe cuáles tres vocales de Cámara están en el orden de la lista para conformar el tribunal que juzgará al cura Ilarraz por los abusos en el Seminario.

Así, surgieron los nombres que lo integrarán: lAlicia Cristina Vivian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú; Edwin Ives Leonardo Bastian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Darío Ernesto Crespo, vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguay.

En tanto, el cura Marcelino Ricardo Moya batalla por conseguir la prescripción de la causa que lo llevó a Tribunales.

La Cámara de Casación Penal de Paraná deberá resolver el planteo de prescripción formulado a principios de agosto de 2017 por los abogados defensores de Moya, que carga con dos acusaciones en el fuero penal, por corrupción y abuso sexual de menores, en ambos casos agravados por su rol de miembro del clero.

El recurso fue presentado por los defensores el viernes 4 de agosto. El sacerdote carga con dos denuncias en la Justicia: una por promoción a la corrupción y otra por abuso sexual simple, ambas agravadas por su condición de miembro del clero. Desde finales de junio de 2015, cuando en Tribunales se comenzó a tramitar la causa penal por abusos, la Iglesia Católica lo suspendió a Moya en su función pastoral, y por eso mismo no puede oficiar misas en público.

El 31 de julio del año último, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores de Moya, acusado penalmente por casos de abuso a menores en Villaguay. El camarista  Mariano Martínez confirmó la resolución  del juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, que el 29 de junio rechazó la vía de la prescripción y elevó la causa a juicio.

Los abogados defensores del cura insisten, no obstante, con el mismo criterio: piden  la prescripción de los delitos que se le imputan al sacerdote: dos abusos, ocurridos en Villaguay, adonde estuvo destinado entre 1992 y 1997.

Aunque de forma privada, Ilarraz, Moya y Escobar Gaviria pueden seguir oficiando misas, y forman parte del clero. Ilarraz, en la diócesis de Concepción, Tucumán; Moya y Escobar Gaviria, dependen de la curia de Paraná. Ninguno de los tres ha sido expulsado.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.