La causa que se le sigue al exintendente de Crespo, Ariel Robles (PJ), y a sus exsecretarios de Gobierno, Jorge Jesús Waigel, y de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholle, no pudo avanzar a juicio oral, tal la pretensión de los fiscales Franco Bongiovanni y Gonzalo Badano, por cuanto la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, observó el escrito de remisión a juicio y les pidió que precisen los hechos imputados, que quedaron bajo la figura delictiva de peculado.

Robles, Waigel y Winderholler están acusados de haber manejado de forma irregular y discrecional los subsidios para personas de bajos recursos, tramitación en la que no se habrían respetado las ordenanzas municipales que regulan su otorgamiento. La sospecha es que los aportes fueron entregados para “uso proselitista”. En el expediente se menciona que las ayudas económicas e incluso materiales se habrían otorgado sin respetar los actos administrativos.

Robles, quien fue intendente entre 2011 y 2015, fue imputado en noviembre de 2017 por el presunto delito de peculado en la causa en la que se investiga irregularidades en el uso de subsidios entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015. En Concreto, la distribución de subsidios para compra de materiales de construcción, en período electoral, sin cumplir con las normas. Pero en la audiencia de remisión a juicio celebrada este viernes en los Tribunales de Paraná, la jueza Barbagelata hizo notar que las falencias en el escrito de los fiscales equivale a “atribuir un homicidio sin poner el nombre de la persona asesinada”.

Al margen de ese señalamiento, no declaró nulo el escrito, como habían pedido los defensores Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, y en cambio pasó la audiencia a un cuarto intermedio hasta el próximo 23 de octubre, a las 9. También, dispuso la exclusión como querellante particular en la causa de la Municipalidad de Crespo, representada por los abogados Iván Vernengo y Rubén Pagliotto.

Barbagelata consideró que la resolución de la jueza Paola Firpo, del 17 de noviembre de 2016, de permitir la participación como querellante, incurrió en un error. “Declaro que ha sido mal constituido el municipio como querellante”, dispuso.

“Esta decisión la fundo en que entiendo que el artículo 82 del Código es claro. Y que surge evidente que lo que el legislador pretende si el Estado considera que la acusación pública es inadecuada o insuficiente, lo que debe hacer es fortalecerla y no que el Poder Ejecutivo se constituya en un acusador privado”, planteó. Y que pretender constituir como querellante al Estado constituye “un fraude a la normativa”. Y abundó en que la resolución adoptada por la jueza Fripo el 17 de noviembre de 2016 en esa misma causa -cuando cumplió rol de jueza de Garantías- “no se ajusta a derecho y por tanto es nulo”.

Luego, el defensor Cullen explicó por qué debía declararse la nulidad del escrito de pedido de remisión a juicio. “El problema no es que me condenen, sino que me permitan defenderme”, ilustró para dar cuenta de la confusión en la imputación. “Se debe anular la redacción del hecho imputado. Se debe corregir. De seguirse adelante con esta redacción del hecho imputado, se vería seriamente conculcado el derecho a defensa en juicio”, planteó.
“No exigimos que se retrotraiga el proceso a fojas cero -aclaró-. Sólo que se readecúe la redacción del hecho imputado, cuál es el reproche que se les hace, permitir el derecho de defensa, y ofrecer una estrategia del caso y una prueba con claro respeto a las garantías constitucionales”.

El fiscal Bongiovanni rechazó la pretensión de la defensa, y sostuvo que “de ningún modo se deja a la defensa sin armas para ejercer la defensa. Imputamos peculado: el peculado no precisa de un beneficio. De lo único que precisa es de la sustracción de dineros públicos de forma ilegitima. Decimos que estas personas utilizaron contrataciones por fuera de la ley, por fuera del principio de legalidad. Lo sacaron de las arcas publicas, para darlo, quizá con buen fin, esos caudales a los vecinos de Crespo”.

Al final, la jueza Barbagelata, que dispuso un cuarto intermedio hasta el 23 de octubre, a las 9, rechazó dar cabida al planteo de nulidad de la defensa, por cuanto, dijo, “no corresponde”, pero sí le pidió al Ministerio Público Fiscal que haga la imputación con más precisión.

 

 

 
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.